By “Ahora resulta que los de Auditoria
Superior de la Federación son mentirosos”
Yo
Es un principio legal muy viejo: El que acusa está obligado a probar sus dichos, y así es como se puede aplicar la ley, con pruebas.
En política, como en temas jurídicos, los que acusan están obligados a comprobar sus demandas, so pena de quedar como mentirosos ante la sociedad.
Ese es el riesgo que están corriendo quienes se empeñan en decir que la Federación sí abrió procesos penales en contra de servidores públicos veracruzanos por el presunto delito de peculado y malversación de fondos.
Esta especie fue desmentida tajantemente por Javier Duarte de Ochoa, quien en un mensaje que dirigió a los medios de comunicación, dijo que en abril fue cuando se dieron a conocer esas versiones y que, para respetar los tiempos electorales, su administración prefirió callar.
Sin embargo, lo que algunos consideraron como verdad, por aquello de que el que calla otorga, el Gobernador explicó que prefirió no aclarar nada ese momento porque se hubiera entorpecido el proceso electoral, principalmente las campañas que en ese momento desarrollaban los candidatos.
Ahora, ya libre de la presión del proselitismo, ofreció a los medios una explicación amplia y detallada.
El principal reto, dijo, era lograr que el estado caminara con orden y eficiencia, lo que se logró en los primeros meses de su mandato, y se ha seguido en el mismo tenor desde entonces.
Los detractores, ahora, tienen la obligación de probar su dicho, o sufrir una derrota en las urnas durante las elecciones del próximo año, cuando se elegirá al nuevo Gobernador.
Tomando como principio que todo lo que un mandatario dice o afirma es la verdad absoluta, los gobernados estamos obligados a acatarla al pie de la letra, es decir, si se desmienten versiones sobre presuntos desvíos de recursos entonces no fueron ciertas y eso es una verdad inapelable.
Dice un amigo político, priista, miembro del gabinete, solo que honesto (sí existe, es el frijol negro en el arroz, pero así se siente bien aunque amenazado siempre por no dar el perfil), que los corruptos, los que saquean el erario, los que se llevan el dinero que es para beneficio de los veracruzanos, son rateros no pendejos, y es por eso que quienes pretendan probar esos delitos no van a poder porque no hay evidencias.
Ante esto queda solo el juicio del pueblo.
Estamos viviendo una administración gubernamental sexenal que no dejará una sola obra y eso marcará un hito en la historia de Veracruz; que pasa apuros cada quincena para poder pagar los sueldos de su burocracia; que adeuda mil 800 millones de pesos a la Universidad Veracruzana (jamás se había presentado algo así); que no tiene para pagar a sus pensionados y jubilados y recurre, quincenalmente, a más endeudamiento; que ha fabricado una nueva camada de jóvenes ricos; que ha invertido mucho dinero en la compra de conciencias para poder ganar elecciones; que se da el lujo de tener en sus nóminas (a esas sí les pagan puntualito) a un montón de jovencitas muy guapas cuyo trabajo consiste en asistir a las encerronas y prostituirse, a cambio de cuando menos cuarenta mil pesos al mes; que adquirió el parque vehicular más numeroso en toda la historia y lo pintó de patrullas policíacas en las que se pasean a diario, por todos los rincones del estado, supuestos oficiales que según ellos se dedican a velar por nuestra seguridad.
Que va a dejar para el próximo gobernador una flotilla de un centenar de camionetas blindadas, que forman el parque vehicular de lo que le llaman “ayudantía”, camionetas Suburbans que gastan más gasolina que los chupaductos estratégicos del sur del estado, a las que les tienen que cambiar llantas cada seis meses (unos cincuenta mil pesos el juego) y que no sirven para un carajo.
¿Esas no son pruebas de ineficiencia y corrupción? Pues no, para efectos legales no sirven, pero para el pueblo sí son útiles, exacerban más la de por sí lastimada sociedad que pensará dos veces por quién votar ahora que haya elecciones para gobernador.
Rudeza innecesaria
En un acto inusitado, colmado de energía y ansias por hacer cumplir la ley, la Contraloría General del Estado inició procedimientos disciplinarios que van desde sanciones administrativas hasta la inhabilitación por diez años en contra de 14 funcionarios públicos, por omisiones en la entrega de información ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre los funcionarios se encuentran: Mauricio Audirac Murillo, en su carácter de excontralor General del Estado; Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y Juan Corral Verdugo, exprocurador Fiscal del Estado; el resto, los otros once, son –como se dice en el argot periodístico– peces chicos, charalitos.
No imaginamos qué demonios haría Mauricio Audirac o Carlos Aguirre si los inhabilitan por diez años, ¿de qué van a subsistir, de dónde van a sacar para mantener a sus familias, qué demonios harán a lo largo de diez años para obtener ingresos? Pura rudeza innecesaria pero, bueno.
Hay quienes opinan que si a estos dos buenos hombres, ejemplares funcionarios, se les obligara a devolver lo que se han robado, Veracruz pagaría la deuda, el gobierno de Javier Duarte tendría para realizar mucha obra el tiempo que le queda y hasta para dejar algunos miles de millones en caja para el siguiente góber.
Reconocen cruzada nacional contra el hambre a nivel internacional
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó hoy que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha merecido ya distintos reconocimientos internacionales. Recientemente, en Italia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expresó el suyo “por el esfuerzo que México ha hecho para abatir los niveles de hambre en nuestro país, y haber cumplido ya las metas trazadas de la ONU para reducir a menos del cinco por ciento los niveles de hambre entre nuestra población”.
“Pero no estamos satisfechos. La Cruzada Nacional contra el Hambre sigue ampliando sus esfuerzos para reducir aún más la pobreza y el hambre en nuestro país”, subrayó.
Al inaugurar el Centro de Acopio de Liconsa y hacer entrega de apoyos a productores indígenas cafetaleros, el Primer Mandatario señaló que “distintos programas de la política social del Gobierno de la República y de los gobiernos estatales están incidiendo para reducir los niveles de hambre en nuestro país”.
Indicó que el Centro de Acopio inaugurado permitirá apoyar a los productores de leche de distintas regiones del país, y también va a facilitar que las familias puedan tener acceso a la leche fortificada de Liconsa. Apuntó que a partir de esta Administración se ha respaldado a Liconsa para que pueda ampliar su cobertura a nivel nacional.
“De las poco más de 9 mil lecherías que había en el territorio nacional, hemos crecido el número: más de mil 580 lecherías, para ser precisos, se han establecido en adición en todo el territorio nacional. De esta forma estamos llegando a más familias, a 6.5 millones de familias, que hoy se benefician con la distribución de este importante producto alimenticio” .
Reflexión
Nos corrige un amable lector que sí sabe de política, dice que ahí va un Ferrari por otro Ferrari. Puros carros finos. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas
