By Si todo estuvo bien, ¿por qué estamos tan mal? Esa pregunta vuela, brinca, se detiene en la cabeza de miles de veracruzanos, se vuelve duda y sospecha comprensible.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo categórico este lunes que el escándalo sobre malos manejos de los recursos federales por parte de su gobierno en los últimos cuatro o cinco años ha sido generado por una mera distracción (ingenua o mal intencionada) de 14 funcionarios que no informaron a tiempo sobre el uso de dichos dineros.
Las preguntas, por supuesto, se disparan:
Por qué él (y no Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación) tuvo que salir a destiempo –según él dijo, para no hacerlo en plena efervescencia electoral– a precisar que la instancia fiscalizadora nunca solicitó a la Procuraduría General de la República emitiera órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales por peculado o desvío de recursos.
Por qué tuvo conocimiento tan tardíamente de que 14 funcionarios de su gobierno estaban omitiendo la presentación de información sobre el uso (correcto, según él) de los recursos enviados por la Federación para dos programas en particular, el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), cuando la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tiene meses señalando indicios para presumir un posible quebranto financiero en su gobierno, mucho antes de que se iniciara la veda electoral.
Por qué se ha reiterado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre graves desvíos de recursos federales en el gobierno veracruzano, que habían obligado a la ASF a presentar denuncias por peculado contra una veintena de funcionarios con nombres y apellidos, y hasta el propio Auditor Superior declaró que se habían detectado maniobras sospechosas de reintegro de recursos millonarios a las cuentas oficiales de programas federales etiquetados, solo para comprobar que las cosas estaban bien, para luego ser sustraídas y enviadas a cuentas desconocidas.
Cuál es la causa por la que, pese a que se han aplicado correctamente los recursos federales etiquetados, según lo ha señalado Javier Duarte, no se ve por ningún sitio obras que debieron ser realizadas, incluso por programas de emergencia como el de Fonden, ni se han entregado completos los recursos a organismos como la Universidad Veracruzana o el Instituto de Pensiones del Estado, ni se entregan a tiempo salarios, prestaciones ni pensiones.
Pareciera que lo único que preocupa al gobierno veracruzano es no salir raspado con la aprehensión de funcionarios acusados de peculado, pues ello no solo mancharía la imagen de las personas involucradas sino a todo el aparato estatal, del que hay constantes denuncias por prácticas corruptas, nepotismo, desvío de recursos, utilización del erario para el financiamiento de campañas electorales y el amasamiento de groseras fortunas personales.
Todo está en santa paz
Para Javier Duarte de Ochoa, han sido negligencia, omisiones e irresponsabilidad de 14 servidores públicos, la que ha lesionado la imagen del Gobierno del Estado ante las instancias fiscalizadoras federales y la opinión pública, simplemente porque no entregaron la información sobre la manera en que se aplicaron los recursos.
Debieron pasar muchos meses (años, incluso) para que se diera cuenta del origen de sus problemas con la ASF: funcionarios omisos y negligentes que incurrieron en fallas para declarar lo que se había hecho con los fondos federales. Por fortuna nombró en la Contraloría General a Ricardo García Guzmán, quien fue el que le reportó con veracidad “una problemática relacionada con esos fondos”, porque si no, todavía seguiría creyéndole a Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas y Planeación, y a estas alturas estaría en graves aprietos.
Además de no ser una explicación del todo convincente, abona a la idea generalizada de que ha improvisado en puestos claves a funcionarios indeficientes y corruptos, en muchos casos, impuestos según la conseja popular por el mismísimo Fidel Herrera Beltrán.
Lo grave es que, en medio de las dificultades financieras de su gobierno, ha debido crear una dirección general “dedicada exclusivamente a la atención de los fondos federales”, que todo mundo entiende que vigilará tanto a dependencias como a la propia Contraloría. Y todo ello, mientras nuestros diputados locales y su organismo fiscalizador, Orfis, se dedicaban solo a negar que hubiera problemas con el manejo de los recursos federales.
Todo está bien, pero por qué estamos tan mal.
Ningún delito, solo fallas administrativas
En la hipótesis manejada por Javier Duarte, no hay delito que perseguir. Si los involucrados por la PGR y la Fiscalía General del Estado solo incurrieron en faltas administrativas, en omisiones y negligencias a la hora de informar, no se les puede perseguir por delitos de funcionarios públicos.
Aunque hayan saqueado las arcas públicas, aunque al aplicar la famosa licuadora (o cuenta concentradora) se hubieran hecho de recursos federales para sus fortunas personales, las únicas acciones punitivas pueden ser desde apercibimientos hasta la inhabilitación temporal (10 años máximo) para desempeñar cargos o comisiones públicas, pero no se les puede condenar al encarcelamiento ni al regreso de los recursos mal habidos.
Y eso es lo que ha informado el titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Ricardo García Guzmán: después de una revisión de los archivos y la documentación de las dependencias ejecutoras del gasto público, se encontraron suficientes motivos para iniciar una investigación del actuar de algunos servidores públicos.
Quiénes están señalados:
El excontralor general Mauricio Audirac Murillo (anterior titular de la Sefiplan: la Iglesia en manos de Lutero); el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Carlos Aguirre Morales; el exprocurador Fiscal Juan Manuel Corral Verdugo, el excontralor de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) Adrián Bueno Bello (pariente del director del IVAI), y el subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Roberto Pérez Ramos.
Además, por la Contraloría General del Estado: el exdirector de Control, Evaluación y Auditoría, Ricardo Calles Cruz, y el exdirector de Control y Evaluación, Jesús Guillermo Villegas Ríos; la exdirectora de Auditoria Gubernamental de la Contraloría General, Mariely Méndez Castillo, y la exdirectora de Control, Evaluación y Auditoria, Rosalba Aguilar Alonso.
Por último, los excontralores internos de Sefiplan, Johnson Margarito Méndez Ortiz y Óscar Javier Cárdenas Rodríguez; y los excontralores internos de la SEV, Eduardo Cárdenas Ruiz, Edmundo Sosa López y César Agustín Blancas Cubas.
Y tan tan, borrón y cuenta nueva. Todo volverá a la normalidad.
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