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El juez Samuel Ventura Ramos liberó a 24 personas de los cargos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El gobierno ha decidido interponer una denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez Samuel Ventura Ramos, quien en días recientes absolvió a 24 imputados y al exalcalde de Iguala de los delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, procesales, temas de debido proceso que en nuestra opinión ha sido un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa por lo que se va a proceder en consecuencia”, anunció este jueves el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.
El pasado 14 de septiembre, Ventura quien reside en Matamoros, Tamaulipas, absolvió a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, de las causas penales de secuestro y delincuencia organizada relacionadas con la desaparición de los normalistas bajo el argumento de no haber encontrado pruebas suficientes para procesarlo.
Mientras que el 20 de septiembre, el mismo juez dictó sentencia absolutoria a favor de 24 personas relacionadas al caso Ayotzinapa dentro de la causa penal correspondiente al delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Aldo “N”, estudiante que desde el día de los hechos se encuentra en estado vegetativo.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados.
No obstante, las 24 personas beneficiadas por los fallos aún deben enfrentar las penas por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada por lo que no podrán egresar de los penales donde se encuentran recluidos.
Mientras que en días pasados , la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra de José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud.
Será este jueves cuando se defina si la pareja queda sujeta a proceso o les dan la libertad por falta de pruebas.
Además de esto, ambos enfrentan acusaciones por lavado de dinero y de homicidio, en el caso del exedil. Sin embargo, ninguno de los cargos restantes está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas.
Con información de: El Financiero
