By 
Las cifras de enero a octubre de este año muestran un incremento a pesar de la estrategia contra el robo de combustibles
Las tomas clandestinas detectadas por Pemex en los primeros 10 meses del año ya superan las reportadas durante todo 2021 y 2020.
Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó 11 mil 320 puntos para el robo de combustibles en todo el territorio nacional entre enero y octubre. Durante todo 2021 reportó 11 mil 37 y 11 mil 22 en 2020.
Información de la petrolera estatal obtenida mediante una solicitud vía transparencia muestra que Hidalgo, Puebla y el Estado de México se mantienen con el mayor número de tomas clandestinas. La razón, dicen los especialistas, es la ubicación geográfica de los ductos, pero también una falta de vigilancia en estas zonas.
En la primera entidad los municipios de Ajacuba, Cuautepec de Hinojosa y Tula de Allende concentran la mayor cantidad de puntos de extracción ilegal de hidrocarburos entre 2019 y 2022.
Hace casi cuatro años, un 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrió una explosión en una toma clandestina a la altura del kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula. El saldo fue de 137 personas fallecidas, algunas se encontraban en el lugar recolectando gasolina.
En Puebla, de acuerdo con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es más común el huachicoleo en Tepeaca y San Martín Texmelucan, mientras que en el Estado de México predomina en los municipios de Otumba, Tezoyuca y Teotihuacán.
Parte del incremento en la incidencia de este ilícito durante este año obedece a que los costos de los combustibles se dispararon por el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que llevó el litro de gasolina por arriba de los 25 pesos en algunos estados, señala Raúl Rojo, analista del sector energético.
“El robo de gasolinas es un problema que ningún gobierno ha podido controlar.
Al contrario, en el caso de la actual administración podría decirse que se disparó ante las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por acabar con él de manera exprés”, comentó el también académico de la UNAM.
En enero de 2019, a menos de un mes de asumir la presidencia, López Obrador anunció que la nueva estrategia para combatir el robo de combustibles consistiría en modificar la distribución a nivel nacional mediante ductos para optar por pipas.
El Gobierno federal mandó cerrar al menos cuatro ductos de Pemex y ordenó la distribución en camiones. Sin embargo, los tiempos de entrega no fueron acordes con la demanda, lo que causó desabasto.
Al mismo tiempo, el Gobierno federal implementó programas sociales en los municipios con mayor incidencia de huachicol, como en Tlahuelilpan, Hidalgo, tras la tragedia por la explosión del ducto.
El argumento del Presidente para otorgar estos apoyos fue que el robo de combustible se disparó ante la necesidad de las familias de la zona, que durante años sufrieron de “exclusión social”.
La Cuarta Transformación entregó un “apoyo humanitario” de 15 mil pesos para hacer frente a gastos derivados de la emergencia a cada una de las familias en el municipio hidalguense.
Un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano destaca que el huachicol ha sido más grave durante la primera mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, frente al mismo lapso del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Solo de 2019 a 2021 el número de tomas clandestinas detectadas por la denominada Cuarta Transformación creció 163 por ciento en comparación con las de los primeros tres años del gobierno pasado.
“Se ha actuado de manera torpe e inefectiva para resolver este problema de seguridad pública. Además, la persistencia de este fenómeno evidencia el fracaso del discurso benevolente a favor de los pobres y de las transferencias monetarias de la política social como medios para desincentivar la participación de la población en actividades ilegales”, añade.
“Mientras el gobierno mantenga intactos los términos generales de esta clase de intervención, no habrá razones para que el huachicoleo deje de ser atractivo para las organizaciones criminales”, concluyó la organización en su informe Tres años sin gobernabilidad, resultados, ni rumbo fijo en seguridad.
Con información de: Diario de Xalapa
