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La capital peruana amaneció fuertemente resguardada, con miles de policías movilizados, los servicios de salud en alerta roja, con servicios públicos restringidos y llamados a los empleadores para que prioricen el trabajo remoto y flexibilicen el ingreso a los centros laborales, ante un paro general convocado por diversos gremios y sindicatos para esta jornada que podría ser decisiva para el gobierno de Dina Boluarte.
En los últimos días las redes sociales y medios de comunicación locales difundieron imágenes mostrando a decenas de personas en el sur peruano embarcándose en buses, combis y camionetas en medio de la expectativa de los que se quedaban, que les alcanzaban agua y alimentos para su viaje de varias horas e incluso días rumbo a Lima.
Las escenas provenían mayormente de las localidades donde arreciaron las violentas protestas que han dejado medio centenar de muertos y cientos de heridos desde que comenzaron en diciembre, luego de que el profesor de izquierda Pedro Castillo, quien gobernó el país durante poco más de año y medio, intentó cerrar sin éxito el Congreso y establecer un gobierno de excepción, por lo que fue destituido y detenido.
Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte, a quien consideran responsable de unas 52 muertes y heridos, piden la realización inmediata de elecciones generales, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y hasta la liberación y reposición de Castillo.
El ministro del Interior, Vicente Romero, con casi una semana en el cargo que vela por la seguridad interna del país, pidió a los manifestantes que las protestas sean pacíficas. “No queremos más muertos, no queremos más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor”, dijo a periodistas.
El gobierno declaró el fin de semana el estado de emergencia “para recuperar el orden” en las regiones de Lima, Puno y Cusco, y en algunas localidades consideradas de alto riesgo como el Callao, Andahuaylas, Tambopata, entre otros, lo que implica que quedan interrumpidas las libertades de reunión, tránsito, y las fuerzas del orden están facultadas para intervenir algún domicilio o lugar si así lo requiere.
Pese a ello las protestas continúan. En la víspera, una mujer falleció en medio de las manifestaciones contra el gobierno en Macusani, Puno, por un “proyectil de arma de fuego”, según el informe médico. Poco después una turba incendió la comisaría del lugar y la sede del Poder Judicial.
En tanto, los bloqueos de carreteras continúan en diversos puntos del país, lo que ha dejado varados a cientos de viajeros, camiones de carga y mercancías, provocando el aumento de precios de productos básicos y el desabastecimiento en mercados de algunas localidades. Además, la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de dos personas por falta de atención médica debido al cierre del paso en un tramo de la Panamericana Norte.
Cientos de personas que ya arribaron a la capital han estado marchando pacíficamente por diversos puntos de la ciudad provistos de banderas, pancartas y en muchos casos usando sus vestimentas típicas, anticipándose a lo que han bautizado como “La toma de Lima”, que tendría su punto álgido por la tarde noche.
“Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen», dijo recientemente la presidenta Boluarte. Ella ha asegurado que no renunciará y ha dicho que hay demandas de los manifestantes que no puede atender, como la de cerrar el Congreso o liberar a Castillo.
Boluarte era la vicepresidenta de Castillo y lo reemplazó en el cargo, convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país. En las seis semanas que tiene en funciones ha tenido que hacer frente a violentas protestas no vistas en décadas en el Perú, que a su vez generaron una fuerte respuesta de los agentes del orden con un alto costo en vidas que ha echado más gasolina a las manifestaciones que ahora van más en su contra.
La mandataria, que al asumir dijo que se quedaría hasta 2026, ha pedido al Congreso que apruebe el adelanto de elecciones para abril de 2024; sin embargo, el parlamento no ha dado prioridad al asunto. Tanto el gobierno de Boluarte, como el Legislativo cuentan con una aprobación que no supera el 20 %, según recientes encuestas.
Parte de los manifestantes que llegaron a la capital peruana se instalaron en las sedes de dos emblemáticas universidades estatales: la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería.
Ante el paro nacional y la marcha “La toma de Lima” convocados para este jueves, el Ministerio de Salud recomendó a todos los establecimientos de salud a nivel nacional adoptar medidas básicas de previsión “ante situaciones adversas de tipo antrópico que podrían suscitarse poniendo en riesgo la salud de las personas que participan directa o indirectamente en posibles enfrentamientos y congregaciones de múltiples personas en Lima y regiones”.
Y ante posibles dificultades con el transporte público, el Ministerio de Trabajo pidió flexibilidad con las horas de ingreso a los centros laborales y priorizar el trabajo remoto.
El gobierno ha asegurado que detrás de las protestas hay intereses oscuros y financiamiento del narcotráfico y la minería ilegal que buscan desestabilizar al país.
Con información de: Xeu
