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En la segunda detención, al sujeto se le acusa de narcomenudeo y fue aprehendido junto con otro individuo en San Juan Hueyapan, localidad de Cuautepec de Hinojosa.
Apodado “El Concho”, E.O.T., «presunta pieza importante en el delito de robo de hidrocarburo en Hidalgo», de acuerdo con las autoridades de esta entidad, fue recapturado este fin semana, dos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminara –sin referirse a él por su nombre o alias– que una jueza de control de Tula lo había dejado libre, cuando, según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, era propietario de un predio donde identificaron tomas clandestinas.
El sujeto fue detenido esta segunda ocasión por narcomenudeo, pero el gobierno a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar afirmó que es un supuesto líder del robo de combustible y «también relacionado con otras actividades ilícitas», sin precisar a cuáles, además del probable comercio de enervantes.
El señalado fue detenido junto con otro individuo de las mismas iniciales, O.T., en San Juan Hueyapan, localidad de Cuautepec de Hinojosa, «cuando apenas una jueza de Tula de Allende le había otorgado la libertad, al desestimar las pruebas en su contra, que implican tomas clandestinas de hidrocarburo en un predio de su propiedad», indicó el Ejecutivo estatal en un comunicado, en referencia al caso que mencionó el presidente en su conferencia matutina del 20 de enero.
Mientras Tula –sede de la refinería Miguel Hidalgo– es parte de una región en la que la disputa por las válvulas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se centra entre cárteles como el de Palmillas o Los Hades con Pueblos Unidos, los Americanos y La Familia, entre otros, Cuautepec, en los límites con la Sierra Norte de Puebla, tiene su propia rivalidad delincuencial, con Los Marinos como el grupo dominante.
Según la información gubernamental, este presunto líder de la ordeña en Tula –donde fueron situados los predios en los que se drenaban ductos– fue capturado en Cuautepec –zona rival–, donde fue ubicado tras un operativo contra el narcomenudeo en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia locales (PGJEH), así como la Secretaría de la Defensa (Sedena) y Guardia Nacional.
«Los detenidos también son acusados de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, por la portación de sustancias ilícitas con características propias de drogas sintéticas, las cuales fueron halladas en los (dos) lugares cateados, donde se aseguró combustible de procedencia no justificada, dos tomas clandestinas en los terrenos circundantes y más de mil quinientos metros de manguera de alta presión», indica el comunicado, el cual hace referencia a la mención del mandatario federal sobre la liberación de «El Concho»:
«En días pasados cuando se dio a conocer el otorgamiento de la libertad en Tula de Allende, al acusado por robo de hidrocarburo (huachicol) pese a los esfuerzos de la Fiscalía General de la República, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recriminó el acto y tomó la decisión de denunciar a los jueces que dejen en libertad a presuntos responsables de este delito cuando existen elementos suficientes para enfrentarlos a la autoridad, como lo es la existencia de tomas clandestinas en sus propiedades», reclamó.
En su conferencia, el presidente acusó: «Tenemos casos y hemos ya tomado la decisión de estar denunciando a jueces que dejan en libertad a presuntos delincuentes, con todos los elementos, por cuestiones de forma, buscándole cualquier error a una averiguación. Nos acaba de pasar en Hidalgo».
En su intervención, el titular de la Sedena expuso que en seguimiento a unas acciones iniciadas en 2019, «del conocimiento que se tenía de un área donde había tomas clandestinas y que habían querido judicializar el caso», este se retomó, «se hicieron las acciones de investigación y se inició una carpeta».
«El área donde se ubicaron tomas clandestinas, se determinó quién era el propietario de esa área. Se hicieron todas las acciones judiciales, se llevó a cabo la detención y posteriormente la presentación ante el juez de control por el delito de robo de hidrocarburos, de tener en su terreno estas tomas clandestinas y generar esta condición o facilitar esta condición de robos de hidrocarburos.
«El juez de control da o aprueba todo lo que se presenta y determina que quede en prisión preventiva, mientras que la defensa, como pidió 72 horas para presentar mayores pruebas, se tenía que esperar esas 72 horas. Al darse estas 72 horas, se establece ya con la jueza para poder determinar la prisión preventiva y poder llevar a cabo todo el proceso para culminar con lo que se buscaba.
«Pues fue echado abajo por la jueza porque estableció que las pruebas que se presentaron por parte del Ministerio Público no fueron fundamentadas y suficientes para contemplar que la persona que se había detenido sabía que esas tomas clandestinas estaban en su terreno, siendo él el dueño, siendo también un caso que no era… que ya era añejo, que se le venía dando seguimiento y estableció que lo que se había presentado no era suficiente como para que se esclareciera bien de que él tenía conocimiento de que ahí existían esas tomas y de que se llevaba a cabo esa actividad ilícita en el terreno de su propiedad y lo dejó en libertad. Eso fue lo que sucedió ahí en Hidalgo con esta jueza», recriminó.
Tras la intervención del mando militar, el presidente López Obrador remató: «imagínense que hay tomas clandestinas, ¿no?, en mi solar, en mi terreno, pero yo no estaba enterado y ese es el argumento de la jueza para liberarlo».
Con información de: Proceso
