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Al abogado se le acusa también de falsificación de documentos que supuestamente presentó a una empresa a la que le requirió dinero para supuestamente evitar la expropiación de una propiedad.
Por su presunta responsabilidad en un fraude por 62 millones de pesos, el abogado José Francisco Díaz Cravioto, director de la firma jurídica Díaz e hijo, de José Francisco Díaz Arriaga, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH), fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión mientras se realiza la investigación complementaria.
El 9 de enero, el litigante fue detenido por un probable fraude de 39 millones de pesos en agravio de la empresa Luna Gas, S. A. de C.V., que lo acusó de requerirle diversas cantidades para evitar que perdieran una propiedad en supuesto riesgo de expropiación; no obstante, la investigación oficial arrojó que no existía esa posibilidad, además de asegurar que fueron falsificados documentos de instancias federales para dar la apariencia de que la gasera sería expropiada.
Esa orden de aprehensión se había liberado el 28 de diciembre y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activar una ficha de búsqueda, a la par que realizó dos cateos en inmuebles de Díaz Cravioto: el edificio de su firma jurídica y una residencia en la privada exclusiva de Club de Golf, ambas en Pachuca.
A través de publicaciones en redes sociales, el abogado acusó actos de “desacreditación” por lo que llamó un “conflicto entre particulares” por los asuntos que lleva, además de afirmar que no estaba prófugo y dar la ubicación del sitio donde se encontraba: el hotel La Misión, en bulevar Javier Rojo Gómez, donde fue aprehendido.
No obstante, el mismo día de su detención fue liberado antes de la audiencia inicial debido a una suspensión provisional con la que contaba, que le había otorgado el Poder Judicial de la Federación.
Tres días después, el 12 de enero, Díaz Cravioto fue detenido nuevamente, en el mismo lugar –donde decía estar por las operaciones judiciales que se llevaban en sus propiedades–, ahora por 62 millones 864 mil 61 pesos.
De acuerdo con la Procuraduría, los hechos imputados ocurrieron entre 2016 y 2020, cuando a la víctima le fueron solicitadas diversas cantidades de dinero en efectivo bajo el argumento de que el recurso serviría para cubrir los montos de las fianzas, contrafianzas, así como diversos trámites relacionados con el asunto legal cuya defensa estaba a cargo del abogado.
“Sin embargo, el destino de los recursos no fue el que se les señaló a la víctima y dichos recursos no fueron devueltos”, afirmó la PGJEH, la cual inició indagatorias tras la denuncia que recibió el Ministerio Público.
Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada, así como también estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
Al presentar la imputación, la representación de la fiscalía acusó al titular del despacho jurídico de presentar a su cliente supuestos oficios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, los cuales advertían sobre la pérdida patrimonial –motivo por el cual requería los montos con los que sustentan la denuncia de fraude–; no obstante, la PGJEH presume que esos documentos fueron falsificados.
Con información de: Proceso
