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El GIEI anunció que extenderán a junio su trabajo en el caso Ayotzinapa; acusó que Sedena ha negado acceso a documentación.
En el caso Ayotzinapa hay elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda reconducir las 83 órdenes de aprehensión que se libraron el año pasado, y de las cuales se revocaron 21 entre agosto y septiembre de 2022, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Angela María Buitrago, integrante del GIEI, destacó que existe posibilidad de reactivar muchas de ellas, porque, por ejemplo, hay funcionarios del extinto Cisen, que están completamente ubicados, y que son presuntamente responsables del delito de tortura, así como la posible extradición de Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal o el juez de barandillas que consiguió refugio en Estados Unidos al mentir en su declaración.
“No se han llevado a cabo capturas de funcionarios que están y siguen trabajando en el Cisen, esas capturas se libraron hace más de seis meses, esas personas que fueron investigadas por la UILCA, que fueron parte de las personas que produjeron las torturas, y presuntamente son responsables de esos hechos, no han sido capturadas a pesar de estar identificada, ubicadas e inclusive en cargos públicos, como significa en este caso en particular el Cisen”, lamentó.
El GIEI reconoció la consolidación del expediente contra Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
Durante la presentación de un informe de avances y obstáculos en la investigación, Carlos Beristain, también integrante del GIEI, manifestó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha negado alrededor de 80 o 90 documentos generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que tienen que ver con intervenciones telefónicas y el análisis de esta información.
Aseguró que sin el acceso a la verdad, sin esa información, no habrá esclarecimiento del caso.
“Sabemos que parte de esa documentación, hemos tenido informaciones de testigos, que nos han dicho que parte de esa información, ha sido sacada de donde estaba, y ha sido llevada a otro lugar, conocemos el lugar, hemos informado al presidente de esas circunstancias, para que eso se sepa, y la respuesta que se nos ha dado, es que no es cierto y quien esté diciendo esa información habría que investigarlo”, reveló.
Los expertos independientes, que anunciaron, además, que su trabajo se extenderá por lo menos hasta el mes de junio, dieron a conocer el hallazgo de posibles restos de un cuarto estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, que están analizando las instituciones que trabajan con el equipo argentino de arqueología forense.
Con información de: Crónica de Xalapa
