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La inseguridad limita que las inversiones se establezcan en territorio Veracruzano
De acuerdo a un informe de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en extorsiones. El presidente de la comision de justicia y análisis de la Coparmex, Jorge Peñuñuri Pantoja, destacó que Veracruz está en las primeras 11 entidades donde el delito se incrementó, con respecto al mismo periodo del año anterior.
En la actualidad se tiene una tasa de víctimas del 11.1 por cada 100 mil habitantes; además, el municipio de Poza Rica, aparece entre los municipios a nivel nacional donde más se comete este delito.
Señalaron que en general la extorsión en México ha crecido 48 por ciento bajo el actual gobierno, practocamente cada hora se registra una víctima de este delito en sus diversas modalidades.
Por su parte el presidente , José Medina Mora, comentó que principalmente afecta a las micro y pequeñas empresas.
En el 2022 uno de cada dos socios de la organización empresarial fue víctima de algún delito siendo la extorsión telefónica y cobro de piso los que más predominaron.
El Estado de México es el que registra, históricamente, más extorsiones (1,813 en enero-mayo de 2022). Le siguen Veracruz (339), Nuevo León (305), Jalisco (249), Zacatecas (216), Guanajuato (206) y Ciudad de México (155).
Al presentar el informe, José Medina Mora, dijo que en el sector público y privado disminuyó el interés para invertir pues los empresarios consideran que la inseguridad es un obstáculo, y esto es lo que limita a las inversiones.
Además, reveló que un 64 por ciento de las empresas han aumentado el gasto en medidas de seguridad, que son recursos que en lugar de destinarse a cámaras de vigilancia o medidas preventivas, deberían estar dedicadas a desarrollar nuevos productos, expandir los negocios, contratar más personas o a la compra de insumos para poder producir más.
Los empresarios de COPARMEX, denunciaron que este delito ha tenido un impacto sustancial en la economía, el tejido social y la seguridad de la población; puede llevar al cierre de empresas, la pérdida de empleos y una disminución del crecimiento económico.
Para protegerse presentaron una propuesta a la Reforma Constitucional para modificar el artículo 73 y que se generen penas más severas a quien cometa este delito a través de una Ley General de Extorsión donde la pena sería hasta de 70 años.
Con información de: E-consulta Veracruz
