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– Veracruz y Medellín deben demostrar liquidaciones cubiertas a más de mil 300 sindicalizados; su lucha sigue y debemos apoyarla desde el Congreso, expresó
Xalapa, Veracruz, 19 de junio de 2023.- La privatización del sistema de agua y la entrega del título de concesión a Grupo MAS han sido de catastróficas consecuencias para miles de usuarios de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, quienes, por un pésimo servicio de abasto, sufren de abusos y excesivas tarifas; aunado a ello, desde hace ocho años, más de mil 300 ex trabajadores sindicalizados y de confianza del extinto SAS siguen sin recibir su finiquito, expresó el diputado local Maleno Rosales Torres.
El Legislador por el Distrito de Medellín lamentó que la lucha de los ex trabajadores por sus derechos laborales se tome con indiferencia por parte de las autoridades municipales, en particular de Medellín de Bravo, así como de las instancias jurisdiccionales, que siguen sin resolver las denuncias presentadas desde hace años sin existir razón para tanta demora en las resoluciones y en los finiquitos.
Las autoridades de Veracruz, Medellín y Boca del Río -prosiguió- aseguran que ya se cubrieron los finiquitos, por lo que las retó a presentar las pruebas fehacientes de que los despidos fueron conforme a la ley. “¿Por qué no aportan las pruebas? ¡El que nada debe, nada teme!”, reviró.
Destacó que quienes integran el sindicato Teniente José Azueta han visto afectada su calidad de vida ante la falta de empleo, por deudas financieras y la incertidumbre diaria de no garantizar el sustento a sus familias, ocho años después de que de la noche a la mañana y de manera injustificada se les quitó su trabajo.
Lamentó que el actual Ayuntamiento de Medellín, en lugar de respaldarles y ofrecerles una reubicación laboral o al menos incorporarlos a sus programas sociales, sólo los ignore y les dé la espalda.
Ahora, agregó, las y los trabajadores del extinto SAS han escalado su lucha a un plantón permanente afuera del Palacio Municipal de Medellín de Bravo, solicitando a las autoridades edilicias dejar sin efecto cualquier acto jurídico que vincule al Ayuntamiento con Grupo MAS.
“Como integrante de la LXVI Legislatura local no hacemos oídos sordos a ese llamado de justicia que lleva cerca de ochos años; por ello, el pasado 28 de mayo, junto con el coordinador Juan Javier Gómez Cazarín, diputadas, diputados y diputade marchamos para exigir sus derechos laborales y la terminación, de una vez por todas, del contrato que el Ayuntamiento de Medellín de Bravo tiene celebrado con Grupo MAS al no garantizar el servicio de calidad que demanda la población”, expresó.
Reconoció que si bien el Congreso local no tiene competencia para conocer de asuntos laborales, sí puede generar acompañamiento inquebrantable y, de ser necesario, pedir a las autoridades administrativas y jurisdiccionales dar atención y que cumplan cabalmente sus funciones.
