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A través de un posicionamiento el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez acusó la «intromisión de la ONU Derechos Humanos en México» en el caso de la detención de la jueza de Cosamaloapan, Angélica «N».
En conferencia de prensa desde Xalapa, el mandatario expresó: Les comento el día de hoy publiqué un posicionamiento por la intromisión de la ONU de Derechos Humanos en México».
En la conferencia el gobernador leyó el documento que previamente lo hizo público en redes sociales:
«El Gobierno constitucional de Veracruz de Ignacio de La Llave, legítimo y democráticamente elegido, se ha declarado siempre respetuoso de los derechos humanos, así como de los organismos que los observan y procuran con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Veracruz y los Tratados y Convenciones Internacionales.
Sin embargo, lamenta el intento de quienes integran la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH), de ignorar la Constitución del país, sus leyes reglamentarias, y en particular el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 64 y 218, sucedido el día de ayer en el Juzgado penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, cuando se continuaba la segunda parte de una audiencia iniciada el día 16 de junio del presente año.
No es mandato de la OACNUDH en México participar u observar los procesos penales y las audiencias de casos individuales lo cual corresponde únicamente a las partes legítima y legalmente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Mandato de la OACNUDH establecido en el Acuerdo firmado con el Gobierno de México no establece su intervención directa ni indirecta en los casos que se llevan en el sistema judicial mexicano (Acuerdo que además fue firmado con el Gobierno de México en la administración pasada).
Cabe señalar que sus pretensiones e intentos pudieron violentar una audiencia que, si bien se realizó en 2 momentos, el 16 de junio y el segundo el día de ayer, lo fue porque la imputada, en atención a su derecho constitucional y procesal, decidió acogerse al término constitucional de 144 horas, por lo que las condiciones iniciadas y acuerdos establecidos deben continuar en la segunda parte en virtud de que se trata de la misma audiencia y en observancia de la Ley aplicable.
Exhortamos a los integrantes de dicha representación a no romper con la legalidad constitucional de un país libre, soberano, democrático, humanista, pacifista y que lleva a cabo una transformación político social en beneficio de todos, y acatar el Acuerdo firmado con el Estado mexicano en sus términos precisos».
Con información de: Xeu
