Por caso Ayotzinapa, retiran nombre de Jesús Murillo Karam a auditorio de la UAEH

Por caso Ayotzinapa, retiran nombre de Jesús Murillo Karam a auditorio de la UAEH

Este cambio es parte de los acuerdos con el movimiento estudiantil que se mantiene en paro, una demanda que data de nueve años, cuando el exgobernador de la entidad y entonces procurador de justicia en el sexenio de Enrique Peña expuso lo que denominó “la verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) retiró el nombre de Jesús Murillo Karam al auditorio principal del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU), una demanda que data de nueve años, cuando el exgobernador de la entidad y entonces procurador de justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto expuso lo que denominó “la verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

Este cambio es parte de los acuerdos con el movimiento estudiantil que se mantiene en paro.

La notificación la hizo mediante un video difundido en las redes sociales de la casa de estudios la recién designada vocera Edith Ramírez Montiel. La funcionaria afirmó que en sesión del Consejo Universitario se aprobó quitar el nombre del exprocurador, quien está bajo proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia presuntamente cometidos durante las indagatorias cuya finalidad era esclarecer el destino de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014.

Cuando Murillo presentó lo que denominó “la verdad histórica” –que los estudiantes habían sido quemados por un grupo de la delincuencia organizada, Guerreros Unidos– y tras una expresión que fue calificada de desdén, el “ya me cansé”, durante la conferencia en la que expuso las conclusiones de la que en ese momento fue llamada “Comisión Especial sobre Ayotzinapa”, alumnado del ICSHU, que ya ha egresado, impulsó el retiro del nombre al auditorio.

No obstante, denunciaron que fueron advertidos de represalias de continuar con esta iniciativa, que no fue atendida por las autoridades universitarias. En ese mismo instituto, en aquel momento bajo la dirección del doctor en Derecho Edmundo Hernández Hernández, las instalaciones fueron cerradas con cadenas cuando jóvenes de distintas carreras pretendían salir a manifestarse por el aniversario del caso Ayotzinapa, sin esclarecimiento oficial. Por lo tanto, estuvieron retenidos sin que saliera el contingente, lo que reclamaron como un acto para inhibir su protesta.

El año anterior, en el contexto de la asignación del nombre Gerardo Sosa Castelán a la Torre de Posgrados de la UAEH, el entonces rector Adolfo Pontigo Loyola defendió lo que consideró la trascendencia del personaje, además de referir que tanto en el caso de Murillo como en el de Sosa –bajo proceso en prisión domiciliaria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascienden a 58 millones 245 mil 948 pesos presuntamente sustraídos de la casa de estudios, según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR)– no había sentencia condenatoria, por lo que se debía respetar su presunción de inocencia.

Inicialmente, el movimiento estudiantil inició con la suspensión de actividades en el Instituto de Artes (IDA) el 28 de agosto, con el reclamo por la designación de María Teresa Paulín Ríos como directora, a quien acusan de acoso y hostigamiento, además de proteger a presuntos agresores; no obstante, tras la jornada violenta del 19 de septiembre en Edificio Central, cuando un grupo de choque reprimió a madres de familias, activistas y alumnado, sumó la participación de más escuelas superiores e institutos, entre ellos ICSHU, que tienen sus propios pliegos petitorios.

Paulín, en la misma sesión de este lunes del Consejo Universitario, renunció a su cargo; no obstante, quienes mantienen la protesta anticiparon que no levantarán el paro hasta que se dé respuesta a todas las exigencias de la comunidad que se ha unido, entre las cuales están la baja de profesorado y personal administrativo con denuncias por acoso y violencia sexual, la identificación de quienes reprimieron el 19 de septiembre, y que sean sancionados, y una verdadera autonomía, por el control que acusan del grupo político que lidera Sosa Castelán.

Con información de: Proceso

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