By *La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Cristina Ledezma.
Hasta el momento, se desconoce cuál ha sido el uso del recursos de más de 40 millones de pesos del Fondo de reparación a víctimas del delito y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, si no cuenta con la operatividad de la Ley Estatal de Víctimas, pues no hay reglamento, afirmó la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Cristina Ledezma.
Advirtió que actualmente la ley es inoperante, en parte porque al resarcir el daño a quienes padecieron un delito o violación a sus derechos humanos, significa poner en evidencia al sistema de procuración e impartición de justicia.
La panista, lamentó que en Veracruz no exista un reglamento que regule la ley que está vigente desde el año 2014, y que debería ser una garantía para las personas que sufren algún delito o que hayan padecido la deficiencia del sistema de justicia, puedan lograr la reparación del daño.
La legislación que se aprobó en noviembre del 2014 obligaba a crea un fondo de Ayuda, asistencia y reparación integral, un reglamento que debía estar redactado en enero del 2015, así como un registro estatal de víctimas y el Sistema Estatal de Victimas, que regularía el trabajo de una comisión.
Se tenía que crear un programa anual de actividades y el sistema estatal, que según la ley, encabeza el gobernador Javier Duarte, debía permitir la creación de una comisión, integrada por tres ciudadanos que debían ser ratificados por el Congreso.
La nueva legislación en su artículo séptimo transitorio establecía que: En atención a la necesidad de contar con la actuación inmediata de la Comisión, para la protección de quienes tengan la calidad de víctimas y pueden ser beneficiados por la aplicación de la Ley, por única ocasión, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en su calidad de Presidente del Sistema Estatal, enviará una sola terna con la propuesta de los tres Comisionados que integrarán la Comisión, proponiendo también quién será su Presidente.
Por lo anterior, la panista afirmó: “En este momento lo que nos debe preocupar es que el periodo de la licenciada Mireya Toto ya venció, tiene que existir otras propuestas del ejecutivo y las tiene que ratificar el Congreso del Estado”.
Afirmó que a partir de ese cambio se tendría que empezar a planear todo lo que está pendiente para que dicha legislación sea efectiva y permita reparar el daño a víctimas del delito.
Del listado de acciones a consolidar, solo se etiquetaron los fondos para atender a las víctimas del delito, sin embargo, se desconoce si para operarlo se creó un fideicomiso, como se establece en la ley 308.
Y es que además del presupuesto del estado, se debían aportar recursos provenientes de la incautación de bienes, lo obtenido por multas o sanciones pecuniarias, sentencias ejecutoriadas, donaciones o aportaciones.
La panista recordó que en el año 2015, se logró etiquetar el fondo recursos por más de 40 millones de pesos, sumado al presupuesto de la comisión estatal, sin embargo, no hay una explicación de cómo se aplicó.
A lo largo de 105 artículos, que integran la ley, se establece la obligación del estado de atender a las víctimas, darles asistencia médica, alojamiento, garantizar transporte para traslado a su lugar de origen, y se permitirá apoyarlos ante las fallas del sistema de justicia penal.
La legisladora resaltó que la actual funcionaria estatal, es insensible y no brinda apoyo psicológico a los ciudadanos, sumado a que violenta los derechos laborales de personas que trabajan en dicha comisión.
Denunció que en este momento no hay una estadística confiable sobre el número de víctimas del estado, y la comisión Estatal no da apoyo a los ciudadanos, “es inoperante”.
Avc
