By Primero anunció que pediría la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y este lunes dijo que no solo ese organismo, que quiere ir más lejos, al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que certifique que la dilatadísima ‘investigación’ que realiza la Fiscalía General del Estado desde hace un año sobre el caso de violación contra una menor de edad en Costa de Oro, por el grupo de Los Porkys, se lleva a cabo apegada a derecho.
Hablo del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien ayer convocó a una conferencia de prensa en que dejó más dudas de las que quiso disipar sobre la actuación de su dependencia en un atroz acto criminal en que pudo tener de inmediato (aunque la familia de la agraviada, cuyo nombre omito por respeto, tardó en presentar la denuncia) los elementos irrebatibles para llevar a los miembros de la pandilla, conformada por Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, tras las rejas.
A casi un año de los hechos, apenas la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas (un nombre largo de resultados cortos), en el Puerto de Veracruz, efectúa el debate de las pruebas presentadas por ambas partes, aunque de inmediato echó abajo las pruebas en audio y video en que los involucrados reconocen su participación en el delito y piden perdón, así como la de los padres tratando de convencer a la parte agraviada de no seguir con el caso en el ámbito judicial y solo constreñirse a aceptar las disculpas.
La niña que fue objeto de violación ha visto destruida su vida, ha debido presentarse a terapias para rehacer su deseo de vivir, ha abandonado sus estudios y sus amistades; ha recibido la vejación del aparato estatal que la ha victimizado a ella, considerándola como de vida disipada, que ha acusado a su padre de alcohólico y desobligado y que ha calificado a su madre como de ‘cascos ligeros’, en un hecho aberrante y vergonzoso.
Pero para el fiscal, esto es un mero pingpong de barandilla y quiere tener de testigos (porque ya nadie cree en su verticalidad en la procuración de justicia) que le permita o salvar a los jóvenes delincuentes (cuya custodia nadie garantiza y, como en el caso del exalcalde de Coatepec, pueden escapar de la mano de la justicia) o disculparse con los padres de los violadores, aduciendo que no pudo salvarlos.
Por desgracia, como ha sucedido en varios casos, la participación de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador por la alianza PAN-PRD, así sea tangencialmente, ha permitido que esto se politice (otro caso en que su participación ha violentado el Estado de Derecho es el de la deuda del gobierno con la Universidad Veracruzana). Tanto lo politiza el panista, quien ha tenido una participación decisiva en el aspecto jurídico; como lo politiza el gobierno estatal a través de la Fiscalía, para evitar que el enemigo electoral obtenga una victoria judicial.
El fuego nos llega a los aparejos
No sabemos si la CNDH o la ONU acepten acompañar al Fiscal en la elucidación de un simple y casi juzgado caso criminal; tampoco si servirá de algo la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la que también ha invitado, porque ya sabemos que su presidenta, Namiko Matzumoto Benítez, es un aparatoso cero a la izquierda.
Lo que sí sabemos es que el litigio jurídico ya se juega en la arena electoral, y mientras uno trata de ensombrecer a su oponente priista, Héctor Yunes Landa (quien no tiene vela en el entierro aunque debe cargar políticamente con las pifias del gobierno priista), el Fiscal tratará de apagar el incendio sin concederle al panista Miguel Ángel Yunes Linares la constatación de una actuación dilatada y sesgada que ha buscado beneficiar a los agresores.
Aunque un principio de Derecho señala que, a confesión de parte, relevo de pruebas, para el Fiscal los audios y videos en que los violadores reconocen su participación en el delito no operan como confesión. Lo que no se entiende, sin embargo, es por qué hasta el momento la Fiscalía responsable no los ha interrogado sobre el caso y no estén en calidad de indiciados.
Mientras Luis Ángel Bravo daba su conferencia de prensa, en el Puerto de Veracruz concluía una más de las manifestaciones ciudadanas de repudio a la inacción judicial del gobierno duartista. Una manifestación que ha tenido la ventaja del eco mediático local, nacional e internacional, mientras familias en diversas partes de la entidad siguen buscando a sus desaparecidos, como en Tierra Blanca, Minatitlán y, más recientemente, Papantla, en el primero y el último con la participación de elementos de la policía estatal y municipal.
En efecto, de diversos rumbos de la entidad recibimos continuas noticias de muertos y desaparecidos, de robos a negocios y asaltos a transeúntes, de la participación de los propios cuerpos policiacos en actos criminales, particularmente, la desaparición de personas que después aparecen en fosas clandestinas o en pequeñas fracciones tras ser incinerados, como en el caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca.
La situación es tan desesperante que empieza a cundir entre los familiares de las víctimas, apoyados por una población encolerizada, la opción de tomar carreteras, protagonizar marchas cada vez más numerosas e, incluso, la formación de pequeños grupos de autodefensa que buscan proteger a sus comunidades tanto de la libre actuación de las bandas criminales como de la ominosa participación de las fuerzas policiacas en el floreciente negocio de la delincuencia
