By Debido a que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se determinó la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal contra el secretario Ejecutivo del CIDH|
Ciudad de México.|
Fuente:Excelsior.com.mx|
La Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que no procedió la denuncia por el delito de fraude, en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En relación con la averiguación previa iniciada el día 15 de marzo del presente año en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, por el supuesto delito de fraude, la Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal”
La notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el día 4 del mes en curso”, detalló la dependencia en un breve comunicado.
El pasado 15 de marzo el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal A.C., presentó ante la PGR una denuncia penal por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil dólares y dos millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido por Álvarez Icaza Longoria, sin embargo no ratificó la querella por lo que esta no procedió.
En esa ocasión, José Antonio Ortega, integrante de dicha asociación civil, señaló que la denuncia de hechos está basada en el Código Penal Federal en su artículo 386 tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero el día mencionado y el siguiente”, detalló Ortega.
Igualmente insistió en que el presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del “Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región” y que tuvo como contraparte al Gobierno Federal.
