By En los Diálogos por la Justicia Cotidiana participaron más de 200 personas de 26 instituciones de todos los sectores, con el objetivo de elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones encaminadas a garantizar un mayor acceso a la justicia.|
Luego de la clausura en Palacio Nacional de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el presidente Enrique Peña Nieto enviará en las próximas semanas un paquete de iniciativas de reformas constitucionales y legales en ese rubro.
Durante la clausura, el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, explicó que las propuestas, aunadas a diversas políticas públicas, tienen la finalidad de generar un cambio estructural en la justicia no penal, para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial.
En representación del Senado de la República, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, señaló que este órgano legislativo esperará las iniciativas para proceder a su análisis con seriedad y profesionalismo, buscando en todo momento el mejor y más eficiente acceso de los mexicanos a la justicia cotidiana.
A su vez, la integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado, destacó la participación amplia y comprometida del Poder Judicial de la Federación en estos Diálogos.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Edgar Elías Azar, llamó a los juzgadores del país a mirar hacia la justicia cotidiana con ímpetu renovado.
En los Diálogos por la Justicia Cotidiana participaron más de 200 personas de 26 instituciones de todos los sectores, con el objetivo de elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones encaminadas a garantizar un mayor acceso a la justicia.
Una de las recomendaciones del Ejecutivo federal fue convocar a una instancia de diálogo y concertación para diseñar, proponer y evaluar la política pública de acceso a la justicia cotidiana.
Los diálogos se ocuparon de la justicia más cercana a las personas, la que resuelve sus conflictos cotidianos. Por ello, se recomendó simplificar la impartición de la justicia civil y familiar, así como reformar la justicia laboral, mejorar los mecanismos de conciliación y agilizar la ejecución de los laudos, entre otras soluciones.
También, se propuso fortalecer la justicia alternativa en todo el país, así como fomentar modelos de justicia cívica e itinerante para acercarla a las personas.
Para reducir la marginación jurídica que viven muchas personas, se señalaron medidas para facilitar el registro y la regularización del estado civil, la inscripción de propiedades en los registros públicos inmobiliarios y catastros, así como agilizar la expedición de actas de estado civil y títulos de propiedad.
Sobre los servicios jurídicos que prestan los abogados, que también forman parte del sistema de impartición de justicia, se estimó necesario, por un lado, mejorar la enseñanza del derecho y, por otro, su ejercicio a través de controles éticos que aseguren la adecuada defensa legal de las personas.
Las mesas acordaron, asimismo, que se debe mejorar el ejercicio de todas las profesiones, no sólo la de los abogados.
En el caso de violencia escolar, se recomendó homologar los mecanismos de actuación de las autoridades educativas, orientar y capacitar a padres de familia, y promover mecanismos de prevención.
También se propusieron medidas para fortalecer a los poderes judiciales estatales mediante su profesionalización y una coordinación adecuada, así como establecer la obligación para las autoridades de privilegiar la resolución de fondo de los conflictos por encima de aspectos formales.
Todas las propuestas fruto de ese ejercicio, así como los diagnósticos de los principales problemas de acceso a la justicia cotidiana y sus causas, se pueden consultar en la liga de Internet www.gob.mx/justiciacotidiana.
Al evento de clausura asistieron los directores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón; y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar Ugarte.
Además, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Álvaro Ibarra Hinojosa, y miembros de diversos colegios de abogados, así como de organizaciones civiles, entre otros.
(Con información de Notimex)
