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El actual gobernador de Michoacán aseguró que el estado se encuentra en quiebra por el gran desfalco que hizo su antecesor; dejó sin pago por 3 meses a maestros en la entidad
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla detalló este lunes los motivos que ocasionan que su antecesor Silvano Aureoles Conejo esté prófugo de la justicia tras revelar que existe una orden de aprehensión en su contra al ser señalado de desvío de recursos públicos.
Ramírez Bedolla indicó que al ex gobernador de Michoacán se le señala de cometer los delitos de peculado así como de operaciones de procedencia ilícita y asociación delictuosa, además de administración fraudulenta, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
La investigación contra Silvano Aureoles comenzó hace dos años y medio cuando la administración de Alfredo Ramírez Bedolla descubrió un desastre financiero en las arcas públicas del estado, situación que se vio reflejada en el pago para los docentes.
“Estábamos en quiebra técnica, tenía casi 3 meses que no se le pagaban a los maestros. De inmediato nos dimos cuenta del gran desfalco”: Alfredo Ramírez Bedolla.
Según la indagatoria previa a la denuncia contra Silvano Aureoles Conejo, el exgobernador de Michoacán ordenó que todos los recursos federales que llegaban al estado, sin importar que llegaran o no etiquetados, se destinaban para otras distintas, “se desviaba el recurso financiero”, indicó Ramírez Bedolla.
El mandatario estatal dijo que ese proceso detectado era “algo que le llamaban la licuadora”. De manera que las denuncias fueron realizadas desde hace dos años y medio ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Por ser recursos de origen federal se determinó presentar las denuncias. Ya fue la FGR quien decidió presentar ante un juez de la CDMX para implementar la acción penal contra quien resultara responsable”: Ramírez Bedolla.
Trascendió que al menos cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles cuando fue gobernador de Michoacán, fueron detenidos y señalados de permanecer enprisión preventivapor los mismos delitos de peculado y lavado de dinero. Se tratan de:
- Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas.
- Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública estatal.
- Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
- Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa en Secretaría de Seguridad.
Este lunes, la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, confirmó que el ex gobernador Aureoles Conejo, es buscado por las autoridades federales para enfrentar un proceso judicial por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La titular de la Secoem, Azucena Marín Correa explicó que servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, por instrucciones del entonces gobernador, Aureoles Conejo, compraron a sobreprecio siete cuarteles de la Policía Michoacán.
Dichos cuarteles que se compraron a sobreprecio habían sido arrendados, modificados y se pagaba mantenimiento; para ello, se destinaron aproximadamente 5 mil millones de pesos y se comprobó que 3 mil 468 millones de pesos eran de procedencia irregular.
La actual administración a través de la Secretaría de la Contraloría inició la auditoría a los cuarteles en noviembre del 2021. La funcionaria dijo que, en contraste con las instalaciones y en contraste con los servicios de primer nivel que inicialmente serían los que estarían a disposición de los elementos que iban a habitar esos cuarteles, «nos encontramos con espacios de impuestos limitados de muchísima gama y la patente no era lo que se había adquirido».
Por ello, el 16 de febrero del 2022, se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de Contraloría ante la Fiscalía General de la República y también se iniciaron mesas de trabajo de investigación con la Unidad de Inteligencia Financiera y las Fiscalías Especializadas.
En 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera envió los resultados de su investigación a la Fiscalía General de la República, por lo que 31 servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Seguridad Pública fueron llamados a rendir su testimonio a la Ciudad de México.
En febrero de 2024, se logró el aseguramiento precautorio de los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles, los cuales siguen asegurados.
En noviembre del 2024 la Secretaría de la Contraloría logró la reparación del daño por la cantidad de 970 millones 976 mil pesos a favor del gobierno del estado; finalmente en 2025, la FGR judicializó la carpeta por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Como resultado de ello, explicó Azucena Marín, se dictaron órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos identificados como presuntos implicados, de los cuales, cuatro de ellos ya fueron detenidos: Carlos, exsecretario de Finanzas, Antonio, exsecretario de Seguridad Pública, Elizabeth, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Mario, delegado administrativo en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública.
Con información de: El Heraldo de México
