By Mal empieza la semana a quien en lunes le cortan la cabeza. El audio que se filtró a la televisora norteamericana de habla hispana, Univisión, en que se escucha una conversación telefónica entre el candidato a gobernador de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, y su hijo Omar (el financiero de la familia), para planear una supuesta adquisición de un inmueble en Nueva York, por valores que se acercan a los mil millones de pesos, ha puesto de cabeza la contienda.
De inmediato sonaron las alarmas en el cuarto de guerra de quien está acostumbrado a golpear. No solo debió analizar cómo responder al debate riñonudo organizado por Olmeca.TV desde Coatzacoalcos, donde salió raspado al encontrar a un Héctor Yunes Landa respondón, que le dio candela con temas que han perseguido al expriista desde hace varios años, como su supuesta participación en actos de abuso infantil, hasta su enriquecimiento a su paso por las dependencias federales en los gobiernos panistas.
Ya hemos escrito aquí que el mismo domingo en que iniciaron las campañas, luego de presentar una denuncia contra Javier Duarte por enriquecimiento y corrupción ante la Fiscalía General, estalló el escándalo mundial de los Panama Papers, en que el mismo Omar Yunes Márquez fue mencionado por la gestión de una empresa en Nueva Zelanda con propósitos de inversión millonaria, aparentemente para evadir la fiscalización en México.
Hasta el momento no ha habido una explicación contundente sobre este hecho, más allá de la negativa de ambos personajes (padre e hijo) a reconocer dicha participación, lo que ha generado más dudas entre el sector de quienes leen las noticias.
Lo que se ha pretendido revelar con el audio divulgado por Univisión, sin embargo, va más allá de simples documentos. En primera, la conversación ya ha sido reconocida por Miguel Ángel Yunes. Sí se realizó. Pero ha tratado de apagar el escándalo manejando una supuesta operación inmobiliaria de la empresa del benjamín de la familia, en que éste habría estado actuando solamente como intermediario, es decir, sin aportar dinero propio o de la familia.
Como en el escándalo de los Panama Papers, pocos se han tragado sus desmentidos. En la llamada telefónica, Omar habla incluso de ganancias menores derivadas de ‘rentitas’ por los espacios ocupados en el edificio que, a todas luces, buscaban adquirir y que, según los registros de propiedad aducidos por la reportera de Univisión que entrevistó al candidato panista, daban noticia de la adquisición en diciembre pasado.
Yunes Linares ha respondido, más bien, con acusaciones de que la filtración de esta llamada y su manejo en su contra forman parte de una guerra sucia implementada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el PRI ante la evidencia de que el candidato priista Héctor Yunes Landa va abajo en todas las encuestas levantadas hasta el momento. Falta ver qué impacto tiene en la percepción de los ciudadanos las acusaciones contra él por haber acumulado una riqueza incalculable que le permite a su familia la adquisición de inmuebles en el estado, en la Ciudad de México y en el extranjero, habida cuenta de que en su declaración patrimonial aparece un departamento de lujo en Miami, con un costo superior a los 300 mil dólares (más de 5 millones de pesos).
¿Quién dijo que las campañas son operaciones quirúrgicas?
Pero la guerra sucia de la que se ofende Miguel Ángel Yunes Linares es un elemento que ha enraizado en las contiendas electorales en México hasta grados indecibles. Él mismo la ha emprendido, tratando de bajarle puntos a su primo priista, y que estén saliendo noticias y documentos en su contra puede, efectivamente, deberse a una guerra sucia de sus oponentes.
El problema es que para la percepción ciudadana no basta con decir que es eso, una guerra sucia, sino aclarar meticulosamente que dicha guerra está basada en hechos y afirmaciones distorsionadas a modo, que se levantan juicios sin sustento, que se falta a la verdad, mediante la presentación de pruebas que derriben los supuestos en que se basan las supuestas infamias.
Y es que Yunes Linares ha basado parte de su campaña en su lucha contra la corrupción y la impunidad, prevalecientes (¿quién podría reprochárselo?) en los gobiernos sucesivos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, que han dejado a Veracruz vencido y exhausto, con una megadeuda y sin esperanza de redención en el mediano plazo. Difícilmente, Yunes Linares puede combatir algo en lo que varios indicadores señalan que ha incurrido.
Y sí, el PRI ha visto en estas supuestas revelaciones una oportunidad extraordinaria para golpearlo y bajarle puntos en las preferencias electorales. No se puede uno imaginar a los priistas yendo en procesión a la casa de Miguel Ángel para darle condolencias y a prometerle que no usarán versiones hechas públicas a nivel internacional con tan mala intención.
El mismo candidato del PAN-PRD a la diputación por Xalapa, Uriel Flores Aguayo, ha reconocido que este ataque a Yunes Linares ha sido de alto nivel, de los más fuertes en plataforma y cobertura, no en contenido, y ha señalado en su cuenta de Facebook que ello “evidencia participación de varias instancias de poder o, al menos, la autorización del gobierno federal. No es fácil que lo afecte sensiblemente en simpatías pero algo de confusión logrará”.
Y añade: “Por la experiencia con AMLO, sujeto de una brutal y sistempatica guerra sucia en el 2005, me parece que hay que contestar proporcionalmente al ataque, a tiempo y con eficacia; algo así ya se ve en el candidato y su equipo, se les nota idea y eficacia”.
Que se cancele su registro como candidato, pide el PRI
El dirigente estatal del PRI, Amadeo Flores Espinosa, sin embargo, no ha esperado las reacciones del candidato opositor. Este martes convocó a una conferencia de prensa, en que ha dicho que Miguel Ángel Yunes debe esclarecer el origen de su fortuna y la de su familia, y ha pedido a las autoridades competentes intervenir ante la probable presencia de hechos delictivos.
“Los veracruzanos –ha dicho– quieren saber la verdad. Los escándalos financieros de la familia Yunes Linares han rebasado el ámbito electoral y se han convertido en un tema que los agravia. No se trata de votos, sino de hacer justicia y de que se cumpla con la legalidad”.
Dijo que el PRI pide la intervención de la Secretaría de Hacienda para que investigue si el candidato opositor ha cumplido de manera correcta con sus obligaciones fiscales y si corresponden a lo que hoy asciende su fortuna; también, de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que desahoguen todas las observaciones y procesos administrativos en curso y determinen su responsabilidad como funcionario cuando fue director del ISSSTE, fecha a partir de la cual se observa un crecimiento exponencial de su fortuna y la de su familia.
Pide también que la Procuraduría General de la República, a través de su Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de la Moneda, concluya y determine la investigación actualmente en curso; además, exige que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue los gastos de campaña y cancele el registro del candidato de la alianza PAN-PRD, de comprobarse la utilización de recursos ilícitos.
Por supuesto, ninguna instancia se aventará ese paquete, sobre todo si se basa exclusivamente en la grabación de una llamada telefónica obtenida fue de investigación judicial, pero el daño mediático está hecho. Ya veremos qué repercusiones tiene en las próximas encuestas y el mero día de los comicios.
