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¿Qué pasó en el OPLE? ¿Por qué el conteo de votos de la elección del Poder Judicial del Estado se volvió un cochinero? ¿Por qué se cayó el sistema? ¿Debería anularse la elección judicial estatal? Son algunos de los severos cuestionamientos que deben contestar y justificar; no hacerlo dejará un paño de ilegalidad democrática que ya de por sí es cuestionable por tan baja participación ciudadana en este ejercicio inédito.
A casi 20 días de la elección del 1 de junio hay más interrogantes que respuestas, incluso, hay voces que demandan la destitución del Consejo General del OPLE y la anulación de los triunfos de los nuevos funcionarios judiciales donde se demuestre familiaridad o cercanía con los consejeros.
Hay elementos que sustentan la ilegalidad de los resultados, tanto por familiaridad entre aspirantes a cargos judiciales y consejeros como el hecho de que algunos alcanzaron votaciones mayores a los registrados por los presidentes electos en varios municipios y eso que muchos ni campaña hicieron ni mucho menos son conocidos por la ciudadanía.
¿En verdad se puede obtener una votación mayor que los ganadores de las elecciones municipales?, claro que no. ¿Qué falló aquí? Antes de que se cayera el sistema de cómputo ya se visualizaba una triquiñuela que alteraba el registro de votos a favor de ciertos aspirantes, algunos señalan que era de 15 a 20 los votos “fantasmas” que se les sumaban.
Uno de los favorecidos fue el esposo de una consejera, otros son familiares o amistades muy cercanas de otros integrantes del OPLE que sin recorrer un solo municipio en busca del voto, resultaron más populares que los candidatos a presidentes municipales.
Dirigentes de partidos políticos empiezan a coincidir en la necesidad de limpiar este cochinero e ir más al fondo, como es la destitución de los consejeros del OPLE, empezando por su presidenta, al demostrarse el favoritismo hacia ciertos personajes, así como su incapacidad para sacar adelante este proceso inédito.
¿Deben validarse los resultados de la elección judicial? Muchos actores políticos y del propio sector judicial opinan que no; incluso, se pronuncian porque el INE intervenga para limpiar este proceso tan desaseado.
Más allá de los resultados y de las cochinadas para favorecer a algunos funcionarios judiciales electos, está el hecho de que la Reforma Judicial impide que una sola persona controle todo el aparato judicial, hay una nueva estructura que le quita el poder absoluto a quien resulte ganador o ganadora de la Presidencia del Poder Judicial, es decir habrá un equilibrio entre la Presidencial, la administración y el Tribunal de Disciplina Judicial.
