By Parece que los engañosos resultados electorales obtenidos por el PRI en los comicios de junio han hecho creer al gobierno de Javier Duarte de Ochoa que los veracruzanos le otorgaron el absoluto derecho para hacer y deshacer en su nombre.
Vale decir: se creyeron su propia mitología.
No solo porque los triunfos fueron producto de un enorme laboratorio de fraude y compra de votos sino porque, pese a ello, el PRI y el PVEM apenas obtuvieron el sufragio de aproximadamente el 16 por ciento de los ciudadanos registrados, lo que tira cualquier sueño guajiro de respaldo popular.
La escalada legislativa desatada tras la validación de los resultados de los comicios intermedios, que permitieron a Duarte obtener 16 diputaciones federales aunque también perder en distritos en que se concentra el mayor volumen del electorado urbano (Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos), ha puesto de relieve una actitud autoritaria e intransigente.
Lo acaban de hacer de manera descarada sus diputados locales con la aprobación de un Código Electoral (que careció incluso del voto en contra de la mayor oposición en el Congreso, la del PAN, en un tema de la mayor importancia para todos los partidos políticos) y se ha mantenido en vilo a miles de automovilistas y transportistas por la inminente aplicación de un código de Tránsito que acusa un carácter eminentemente recaudatorio.
Todo parece indicar que las manifestaciones contra este último tema escalarán con el paso de los días y seguramente se recrudecerán una vez que empiecen a aplicarse sanciones por parte de una corporación amorfa constituida por agentes de tránsito corrompidos y una policía vial carente de la más mínima sensibilidad para abordar situaciones de orden civil.
Defensa omisa y mentirosa del Reglamento de Tránsito
Aunque las declaraciones oficiales van y vienen, tiran para las ramas y se reserva al rumor la puesta en aplicación de las nuevas sanciones en materia de vialidad, lo cierto es que se vive un periodo en que las autoridades buscan convencer a la población de las bondades del nuevo reglamento de Tránsito.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa, incluso, ha salido en un video en que busca el apoyo de los padres de familia relacionando las sanciones viales con su programa de protección de menores de edad frente al flagelo de la alcoholemia y el riesgo, cierto y latente, de que alcohol y volante constituyen una fórmula incluso mortal.
En efecto, como dice el gobernador Duarte en el video, se extirpó del reglamento la normatividad de las manifestaciones; también, que los montos de las multas que se aplicarán a hechos como manejar bajo los efectos del alcohol, distraídos con el celular o con temeridad no solo son menores a la media nacional sino que incluso podrían ser elogiados.
El problema es que mencionar esas multas y ocultar las que criminalizan a quienes por su situación económica se ven obligados a conducir vehículos viejos es una defensa pobre y engañosa. Lo mismo ha hecho el director de Tránsito y Vialidad, Edmundo Martínez Zaleta, quien ha salido con una actitud más autoritaria a señalar que el reglamento va a como dé lugar y maneja los mismos conceptos con los que cualquiera estaría de acuerdo.
El gobernador nos da la opción de denunciar actos de extorsión de los agentes viales mediante llamadas al 066, cuando la corrupción llega a los más altos niveles de decisión, lo que significará solo una pérdida de tiempo.
A cualquiera que tenga un dedo de frente le queda claro que el propósito fundamental de estas multas es meramente recaudatorio. No hay un solo compromiso del gobierno estatal como contraprestación para hacer más ágil y más seguro transitar por las calles de las ciudades, carreteras estatales y caminos vecinales, la mayoría de cuyas responsabilidades el propio Javier Duarte las endilga a los ayuntamientos.
Las graves carencias financieras que enfrenta Veracruz en el sector público, que ocasionan incluso el retraso en las ministraciones para el pago de nómina, pensiones y otras prestaciones (como las que padece el personal académico de la Universidad Veracruzana), están obligando a buscar cómo subsanarlas. El grave problema es que se le cargará la mano a los veracruzanos que menos tienen.
Código electoral: ataques en lugar de explicaciones
Lo mismo sucede cuando los priistas defienden el nuevo Código Electoral atacando a la oposición, particularmente al PAN.
En días recientes, tras la atrabiliaria aprobación de las nuevas reglas electorales locales, que orilló a diputados del PAN a abandonar el salón de sesiones del Congreso, ha salido una de las barbies priistas a decir tonterías para tender una cortina de humo.
Para Corintia Cruz Oregón, diputada suplente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, la reacción de los panistas tuvo una motivación misógina, pues no quisieron aprobar que las mujeres veracruzanas ocupen el 50 por ciento de las candidaturas a cargos de elección popular.
La chica que ha estado bajo el cuidado de políticos como Elizabeth Morales y Javier Duarte de Ochoa no ha tenido el menor empacho a acusar a los panistas de dar la espalda a esta prerrogativa que reconoce el trabajo y la capacidad del sector femenil de la población.
Seguramente sin acudir siquiera a la sesión en que se dio caballazo legislativo para imponer el nuevo código electoral, la escultural Corintia dio cátedra de historia patria y recordó que en 1953 se reconoció a las mujeres su derecho a votar y ser votadas y que, desde ese año a la fecha, “no se había dado una reforma electoral tan importante” como la aprobada recientemente en Veracruz. ¡Válgame la rebuznancia!
¿Alguna vez señaló que la discordia se había centrado en la normatividad de las candidaturas independientes y en la integración de los órganos electorales, no en la igualdad de género? Para qué, si lo que le importaba era tender una cortina de humo.
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