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La jueza ha aplazado la resolución en tres ocasiones; este viernes se celebrará la audiencia para decidir la situación legal del exgobernador de Veracruz
Por tercera ocasión que fue pospuesta la resolución sobre la solicitud de Javier Duarte de Ochoa para obtener su libertad antes de cumplir su sentencia, la audiencia será celebrada este viernes 21 de noviembre. El exgobernador de Veracruz tiene una condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, de la que ha cumplido un 96 por ciento.
El exmandatario estatal recibió en 2018 una condena de nueve años por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su defensa sostiene que el cómputo comenzó en abril de 2017, cuando fue detenido en Guatemala.
El 11 de noviembre, la jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del juzgado de ejecución de sanciones en el Reclusorio Norte, aplazó la audiencia para definir la situación legal de Javier Duarte al miércoles 19 de noviembre, y los mismo sucedió al ser aplazada para este viernes.
La definición de la situación legal del exmandatario priísta será si recupera su libertad o si la autoridad lo espera con una nueva orden de aprehensión en su contra.
Ángela Zamorano Herrera, es la jueza de distrito en Materia Penal de la Ciudad de México que resolverá este viernes 21 de noviembre la solicitud de Javier Duarte de Ochoa para obtener su libertad anticipada.
Ángela Zamorano Herrera asumió en septiembre el cargo como jueza Penal de Distrito, tras ganar en las urnas en la primera elección judicial del país, celebrada el primero de junio de este mismo año.
Fue la candidata con el número 16 en la boleta amarilla postulada por el Poder Ejecutivo y obtuvo un total de 54 mil 797 votos.
“Me gustaría contribuir e mejorar el sistema judicial, poder ser la voz de quienes no conocen sus derechos fundamentales”, describió ella misma para la página oficial de la elección judicial.
Ángela Zamorano Herrera es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, Ciudad de México. Tiene una maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Está en trámite de titulaciónm de la Especialidad en Amparo Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y tiene también en trámite de titulación la Especialidad en Derecho Penal por el mismo Instituto Nacional de Ciencias Penales.
En los puestos que ha obtenido destaca el de Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrita al Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, en enero del 2014.
También como Secretaria Proyectista del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrita al Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México. Del 15 de mayo de 2012 al 22 de enero de 2014.
Se sumó como Secretaria de Secretario Proyectista del Tribunal Superior de Justicia la Ciudad de México, adscrita a la Primera Sala Penal, de octubre del 2009 a enero de 2012.
Javier Duarte, gobernador de Veracruz del 2010 al 2016, volvió a colocarse en la agenda pública luego de que su defensa anunciara que busca acceder a la liberación anticipada. De acuerdo con su abogado, Pablo Campuzano, Duarte habría cumplido ya el 96 por ciento de la pena fijada en su contra, pese a que oficialmente su condena concluye en abril de 2026.
El exmandatario no terminó su sexenio en Veracruz: pidió licencia y poco después se fugó fuera del país, hasta ser localizado y detenido en Guatemala en 2017. Su extradición a México marcó el inicio de un proceso penal que, con el paso de los años, se ha ido desdibujando.
Actualmente, Duarte ya no enfrenta ningún procedimiento adicional. El expediente más reciente -por desaparición forzada- quedó sin efecto luego de que un juez determinó la nulidad de los testimonios que lo señalaban. La resolución, emitida el 14 de noviembre, concluyó que las declaraciones de dos exfuncionarios -Gilberto Aguirre Garza y Arturo Bermúdez Zurita- fueron obtenidas bajo tortura, confirmado mediante el Protocolo de Estambul. La Fiscalía no logró presentar pruebas que contradijeran esos dictámenes.
Fuentes ministeriales señalaron que dichos testimonios eran prácticamente la columna vertebral del caso, por lo que su invalidez dejó sin sustento jurídico la acusación.
En este contexto, el camino legal para que Duarte solicite beneficios penitenciarios se encuentra despejado, mientras su figura continúa generando debate sobre la impartición de justicia en Veracruz y a nivel nacional.
Con información de: Lsr Veracruz
