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La liberación ocurrió luego de que un juez federal declarara nulas diversas pruebas y encontrara inconsistencias de la FGR.
A menos de una semana de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara el aseguramiento de más de 256 mil litros de presunto hidrocarburo y la detención de 12 personas en Tihuatlán, un juez federal ordenó la liberación de todos los implicados al considerar que existieron irregularidades en la investigación.
Durante una audiencia celebrada dentro de la causa penal 148/2026, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal resolvió no vincular a proceso a los detenidos y declaró la nulidad de diversas pruebas presentadas por la FGR, por lo que los acusados recuperaron su libertad.
De acuerdo con información derivada de la audiencia, el juzgador concluyó que existían inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación, situación que dejó sin sustento los elementos con los que la Fiscalía pretendía acreditar la posible comisión de delitos relacionados con hidrocarburos.
La resolución benefició a Marco Antonio “N”, Geovany “N”, Marina “N”, Arturo “N”, Apolinar “N”, Andrés “N”, Fernando “N”, Adán “N”, Patricio “N”, Pablo “N” y Pablo Pedro “N”, quienes habían sido detenidos durante un operativo realizado en la localidad Plan de Ayala, municipio de Tihuatlán.
El caso fue dado a conocer el pasado 26 de mayo, cuando la FGR informó sobre un cateo en un predio donde presuntamente se almacenaba combustible de manera ilegal.
En aquel momento, la dependencia reportó el aseguramiento de 256 mil 828 litros de hidrocarburo, además de 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques y diverso equipo utilizado para el manejo y transporte de combustibles.
También fueron asegurados vehículos pesados, remolques, motobombas conectadas a mangueras, equipo de cómputo, dispositivos electrónicos, documentación diversa y material de laboratorio, todo bajo resguardo de las autoridades federales.
El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de corporaciones estatales y federales, luego de que un juez autorizara una orden de cateo derivada de una denuncia anónima.
Aunque el aseguramiento del inmueble y de los objetos localizados permanece sujeto a las investigaciones correspondientes, la situación jurídica de los detenidos cambió tras la decisión judicial.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni el Poder Judicial Federal han informado oficialmente cuáles fueron las irregularidades detectadas por el juez ni si la dependencia federal promoverá algún recurso para intentar revertir la resolución.
Se espera que en las próximas horas las autoridades federales emitan una postura sobre el alcance del fallo judicial y el futuro de la investigación relacionada con uno de los mayores aseguramientos de combustible reportados este año en Veracruz.
Con información de: E-consulta Veracruz
