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La detención de Andrés “N”, acusado de vender a su hija de 12 años, abrió un precedente jurídico nacional sobre los límites de los sistemas normativos indígenas cuando vulneran los derechos de la niñez.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas logró la judicialización del primer caso por el delito de cohabitación forzada en la entidad. La detención de Andrés “N”, acusado de vender a su hija de 12 años, abrió un precedente jurídico nacional sobre los límites de los sistemas normativos indígenas cuando vulneran los derechos de la niñez.
Los hechos, que hoy se encuentran bajo la lupa judicial, ocurrieron en el paraje Tres Puentes del municipio de Larráinzar, una región con alta población indígena en los Altos de Chiapas.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía local, el hoy detenido entregó a su propia hija menor de edad a cambio de un pago de 25 mil pesos, obligándola a cohabitar con un hombre adulto.
La captura del indiciado fue posible gracias a la denuncia interpuesta por la madre de la víctima, cuya identidad permanece reservada. Las autoridades confirmaron que el comprador de la menor también enfrentará un proceso penal.
El Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la institución mantendrá mano dura y solicitará la pena máxima de hasta 30 años de prisión para los implicados.
“Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”, sentenció el Fiscal, al enviar un mensaje directo a las regiones que aún amparan estas prácticas en la tradición
La venta de niñas y adolescentes bajo la justificación de “usos y costumbres” ha sido una de las problemáticas de derechos humanos más invisibilizadas en el sur de México. Aunque el matrimonio infantil está estrictamente prohibido a nivel federal y estatal, en diversas comunidades de los Altos de Chiapas la transacción económica de menores para uniones forzadas sigue operando en la clandestinidad.
Datos del INEGI y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ubican históricamente a Chiapas entre los primeros lugares nacionales en uniones tempranas y embarazos infantiles (madres de entre 10 y 14 años), una realidad estructural impulsada por la pobreza extrema y la impunidad comunitaria.
Con información de: Proceso
