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Los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Norberto (Bertín) Bravo Montero, deberán comparecer este jueves 30 de julio ante la Comisión Instructora de la LXVII Legislatura de Veracruz, como parte de los procedimientos de declaración de procedencia solicitados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los ediles podrán acudir personalmente o ser representados por sus abogados para ampliar los argumentos de su defensa y presentar pruebas dentro de los procesos que buscan retirarles la inmunidad constitucional.
La Comisión Instructora está integrada por los diputados Facundo Fernández de la Cruz, presidente; Ramón Díaz Ávila, secretario, y Felipe Pineda Barradas, vocal.
El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, es investigado por la FGE por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán.
El pasado 28 de julio, el edil acudió personalmente al Congreso del Estado para entregar por escrito los medios de prueba con los que busca sustentar su defensa.
En tanto, el alcalde de Úrsulo Galván, Norberto (Bertín) Bravo Montero, envió a uno de sus abogados a presentar la documentación correspondiente.
La Fiscalía lo investiga por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo, cuando se dirigían a una propiedad del munícipe ubicada en Barra de Chachalacas.
La noche del martes, los integrantes de la Comisión Instructora revisaron los medios de prueba entregados por ambos alcaldes y acordaron notificarles el emplazamiento para comparecer este jueves.
Durante las audiencias, los presidentes municipales o sus representantes legales podrán ampliar los argumentos presentados previamente, responder a los señalamientos contenidos en las solicitudes de declaración de procedencia y aportar los elementos que consideren necesarios para su defensa.
Concluidas las comparecencias, la Comisión continuará con el análisis de las pruebas para elaborar un dictamen por cada caso.
Estos documentos determinarán si existen elementos suficientes para retirar el fuero constitucional de los alcaldes o si las solicitudes promovidas por la Fiscalía General del Estado deben desecharse.
La Comisión aclaró que su función no es determinar la culpabilidad o inocencia de los servidores públicos, sino establecer si existen condiciones legales para retirarles la inmunidad procesal y permitir que enfrenten los procesos penales correspondientes.
Si alguno de los dictámenes resulta favorable, el expediente será turnado a la Presidencia del Congreso para continuar el procedimiento legislativo y ser sometido a votación del Pleno, integrado por 50 diputados.
En caso de aprobarse la declaración de procedencia, la FGE podrá ejercer acción penal contra el alcalde involucrado. Si la mayoría rechaza el desafuero, el servidor público conservará el fuero mientras permanezca en el cargo.
Se prevé que los dictámenes sean presentados durante la sesión de la Diputación Permanente programada para los primeros días de agosto, cuando también podría convocarse a un periodo extraordinario para que el Pleno resuelva ambos procedimientos.
Con información de: Xeu
