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Estas son las declaraciones que los alcaldes y sus defensas han emitido en lo que va del proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Veracruz
El pasado 7 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) inició un procedimiento de declaración de procedencia en contra de los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, ambos de Movimiento Ciudadano (MC), a quienes se les acusa de estar relacionados en diferentes hechos delictivos.
La solicitud de desafuero ha generado diferentes reacciones y posturas tanto de los propios ediles como de su partido, sus defensas y otras autoridades a lo largo de más de 20 días. Aunque aún quedan algunos procedimientos por cumplirse, se espera que a principios del mes de agosto la Comisión Instructora del Congreso Local elabore el dictamen correspondiente que establecerá si existen o no elementos para que el proceso continúe antes de que se determine retirar o no los fueros de los ediles.
En tanto, esto es lo que ha ocurrido con el proceso de desafuero de los alcaldes emecistas y las claves que han surgido en el caso tras la primera audiencia de presentación de pruebas y alegatos.
Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, es investigado por la Fiscalía de Veracruz como presunto autor intelectual del crimen de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista de Nanchital, municipio del sur del territorio.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado al Congreso Local, que se encuentran integradas en la carpeta de investigación, el edil habría mandado a privar de la libertad y, posteriormente, a asesinar a la comunicadora.
Las indagatorias que integran la carpeta de investigación indican que el alcalde de MC habría ordenado al presunto líder del Grupo Sombra, privar de la libertad y, posteriormente, asesinar a la comunicadora por presuntamente tener en su poder una fotografía del edil portando un arma de fuego.
Por el crimen de Roxana hay 8 personas detenidas, entre ellas 4 policías de Raúl González, a quienes detuvieron un día antes de confirmarse el hallazgo sin vida de la comunicadora, entre los detenidos se encuentra su comandante. Además, 4 presuntos integrantes del Grupo Sombra, entre ellos, una mujer, también detenidos por el hecho.
El 29 de julio, González Martínez dijo a medios locales desde el Congreso del Estado que es el principal interesado en que se esclarezca el crimen de la periodista, de quien dijo no conocerla. “Conocemos a qué se dedica cada persona, pero ni la conocí ni tuve un elemento de decir que haya yo tenido una relación”, aseguró.
Este 30 de julio, el alcalde y su defensa, aseguraron ante medios de comunicación que la Fiscalía de Veracruz no ha logrado presentar la supuesta fotografía con la que lo vinculan.
“La Fiscalía no pudo mostrar la fotografía con la que se me vincula, no honra en el expediente y toda vez se iba de la respuesta cuando le solicitamos que dónde estaba la fotografía que nos vincula. El fiscal de Nanchital, Iván Hernández, solicita quitarme el fuero para poderme investigar; yo creo que ya las investigaciones han tenido oportunidad ante fiscalía y en la carpeta no existe señalamiento alguno”, aseguró el alcalde de Ixhuatlán.
Por su parte, un defensa del edil acusó que la carpeta está basada en un supuesto testigo de oídas, es decir, alguien que no presenció el hecho por sí mismo, sino que repite lo que escuchó decir a alguien más.
“La teoría del caso de la Fiscalía se basa única y exclusivamente en un testigo que es una persona que estuvo involucrada en la desaparición, privación de la vida de la reportera, pero en una segunda declaración, ese testigo hace una ampliación y a él no le consta que estaba presente nuestro representado (el alcalde) en esa supuesta comunicación, sino hace referencia a que a él le dijo una persona que no está identificada ni con su nombre, solamente se tiene su apodo “El Chelbi” que esta persona supuestamente tiene comunicación con el alcalde y le indica que por la fotografía tenía que levantarla”, dijo el abogado.
Por su parte, al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, se le acusa de estar relacionado con la desaparición de Héctor Ramos Sánchez, empresario minero de Veracruz, y de Ignacio López Torres, su escolta, ambos hechos ocurridos en mayo del 2026. El último lugar donde se reportaron con vida fue la casa del alcalde.
De acuerdo con la Fiscalía, se cuenta con videograbaciones, datos de telefonía, testigos, así como inconsistencias en algunas declaraciones del edil que lo ligan con las desapariciones.
El alcalde, a diferencia del de Ixhuatlán del Sureste, no ha emitido alguna postura sobre las acusaciones en su contra y este 30 de julio fue su primera aparición pública luego de que se iniciara el procedimiento en su contra. Incluso, la diputada Elena Córdova, de su partido, declaró que el edil no está acudiendo al ayuntamiento a trabajar, pues desde su casa atiende a la población.
Este mismo 30 de julio, el alcalde de Úrsulo Galván también acudió al Congreso del Estado a la audiencia de pruebas y alegatos. Previo al proceso, el edil fue abordado por medios locales, pero no emitió ningún posicionamiento al respecto y solo se limitó a reír cuando fue cuestionado si se había dado a la fuga como se rumoraba.
Al finalizar la audiencia, uno de sus abogados accedió a hablar con la prensa y declaró que, si bien el empresario desaparecido sí acudió al domicilio del alcalde como se establece en las investigaciones, posteriormente se fue del lugar y continuó con su trayecto. Además, rechazó los señalamientos sobre una presunta reunión con un líder criminal.
La defensa del alcalde aseguró que valoraron las premisas de la Fiscalía, pero que no coinciden los informes de los dispositivos móviles involucrados en horario y ubicación, y asegura, el informe de la autoridad omite precisar otros aspectos, por lo que se “incumple deberes de objetividad y certeza”.
El 23 de julio, Movimiento Ciudadano exigió a través de un posicionamiento que la Fiscalía de Veracruz actuara conforme a derecho y no sea usada como herramienta de persecución política en contra de integrantes de su partido, pues acusaron que, cuando se trata de adversarios políticos, las instituciones actúan de manera rápida y selectiva.
“Demandamos categóricamente a la Fiscalía General del Estado que actúe con estricto apego a la ley, con autonomía, neutralidad, y que no sea utilizada como un brazo ejecutor ni como una herramienta de persecución política”, dice el posicionamiento oficial.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó que las solicitudes de desafuero en contra de los ediles tengan un trasfondo político.
Con información de: Lsr Veracruz
