
Yunes la llamó “Secretaría de la Cortesía”; Eusebia dijo que sus parientes desquitaban el sueldo, pero la oposición pidió investigar.

La secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, Eusebia Cortés Pérez, reconoció que familiares suyos ocuparon puestos dentro de la dependencia a su cargo y ofreció una disculpa pública luego de los señalamientos de nepotismo que expuso el diputado local Héctor Yunes Landa.
La funcionaria aceptó que sus parientes formaron parte de la nómina de la Secretaría de Desarrollo Social y aseguró que ya se tomaron medidas administrativas para corregir la situación, aunque el caso abrió cuestionamientos sobre la contratación de familiares y el manejo de recursos públicos.
La polémica comenzó luego de que el legislador priista difundiera una relación de personas presuntamente vinculadas familiarmente con Cortés Pérez y que ocupaban cargos dentro de la estructura gubernamental.
Entre los nombres señalados aparece Uma Freya Cortés Román, sobrina de la secretaria, quien se desempeñaba como titular del área de Recursos Materiales de la Secretaría de Desarrollo Social, pese a que concluyó sus estudios de Ingeniería Química en 2025.
También fueron señalados Nelson Rockefeller López Cortés y Sergio Iván Coleaza Cortés, ambos sobrinos de la funcionaria, quienes figuraban como analistas administrativos y percibían salarios mensuales de aproximadamente 19 mil 258 y 20 mil 258 pesos, respectivamente.
De acuerdo con los señalamientos del diputado, ambos habían trabajado anteriormente como asistentes legislativos en el Congreso local, entre 2022 y 2024, durante la gestión de Cortés Pérez, quien fue diputada de 2021 a 2024.
Otro de los casos expuestos fue el de Keyla Cortés, señalada de trabajar en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos y, al mismo tiempo, aparecer como beneficiaria de apoyos económicos de la Secretaría de Desarrollo Social por un monto de 110 mil pesos.
Ante la controversia, Cortés Pérez reconoció la presencia de sus familiares en la dependencia y ofreció disculpas a la ciudadanía, además de asegurar que se realizaron ajustes administrativos.
Sin embargo, el reconocimiento no frenó las exigencias de la oposición, que ahora pide la intervención de la Contraloría General del Estado para investigar las contrataciones, determinar posibles responsabilidades y comprobar que los familiares señalados hayan sido separados definitivamente de sus cargos.
También demandaron revisar la entrega de los 110 mil pesos atribuidos a Keyla Cortés y aclarar bajo qué criterios recibió los apoyos.
Los legisladores de oposición dijeron que una disculpa pública no sustituye la investigación ni exime de posibles responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Con información de: E-consulta Veracruz


