By La mayor parte de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en México fueron realizadas por funcionarios públicos, concluyeron en su informe la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y las Brigadas Internacionales de Paz (WOLA y PBI, por sus siglas en inglés).
En el reporte El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Los avances y continuos desafíos, las organizaciones evalúan el desempeño de dicho organismo.
El informe subraya que desde su creación, el mecanismo ha aceptado 316 solicitudes de protección, que corresponden a 300 defensores de derechos humanos y 219 periodistas.
De los 519 periodistas y defensores aceptados, el 38% de ellos fueron agredidos por funcionarios públicos, el 31% por particulares, mientras que el resto de los agresores no fueron identificados.
Más de la mitad de los ataques (52%) sucedieron en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México; en el último caso, el reporte aclara que la mayoría de las solicitudes de protección de la ciudad provinieron de personas que tuvieron que huir de sus estados.
Entre los fallos del mecanismo de protección, WOLA y PBI señalan el escaso personal que labora en el organismo, lo que provoca que no exista una atención como es debido para los 316 casos que se llevan hasta ahora.
También señalan que las medidas de protección no son implementadas adecuadamente, lo que pone a sus “protegidos” en situación de vulnerabilidad. Además, retoma los cuestionamientos acerca de la fiabilidad de los botones de pánico, las cámaras y los teléfonos satelitales.
El reporte acusa de problemas graves en el funcionamiento del mecanismo, como por ejemplo, que los mismos policías acusados de la agresión sean asignados para la protección de la persona agredida.
Así, las organizaciones ponen en contraste el bajo funcionamiento del mecanismo y la impunidad que predomina en favor de los agresores, con el financiamiento de 25 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado para la defensa de los derechos humanos en México, de 2014 a 2018.
FUENTE: VERACRUZANOS .INFO
