By Ocho de cada 10 denuncias penales que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde enero de 2015 son contra gobiernos estatales, señalados por el desvío de recursos públicos y diversas irregularidades.
En total, 24 de los 32 estados tienen una denuncia penal en su contra. Sólo ocho gobernadores se salvan al no tener un proceso reciente iniciado por la autoridad fiscalizadora en el último año y medio.
Al corte del 31 de mayo pasado, la ASF había presentado 200 denuncias penales, de las que 155 son contra gobiernos estatales.
Veracruz encabeza la lista con el mayor número de denuncias: 30 en total; seguido por Chihuahua y Morelos, con 17 cada uno; Baja California Sur, con 12, y Zacatecas, con 10.
Esos cinco estados suman 55% del total de denuncias penales presentadas por la ASF, desde enero de 2015.
El último reporte de la Auditoría destaca que existen 31 denuncias por “simulación de reintegros”, es decir, dinero público que los gobiernos estatales regresaron a la Hacienda Pública Federal para atender una observación sobre presunto desvío de recursos públicos, pero que después retiran.
La ASF alerta que la simulación de reintegros se está convirtiendo en una práctica común de parte de los gobiernos estatales: hacen un depósito, reportan ante la Auditoría que devolvieron el dinero del que se señaló un presunto mal uso, pero, tras unos días o una semana, lo retiran.
De esta forma fingen que cumplieron con las observaciones de la ASF.
Los gobiernos que acumulan denuncias por simulación de reintegros son: Baja California (1), Baja California Sur (11), Guanajuato (2), Morelos (8), Sinaloa (3), Veracruz (3) y Zacatecas (5).
700 denuncias, sólo 25 consignadas
Desde la Cuenta Pública de 1998, la Auditoría Superior de la Federación acumula 700 denuncias penales presentadas por irregularidades en la administración pública federal.
De éstas, 636 se encuentran en integración ante el Ministerio Público, 18 en amparo y sólo hay 25 consignadas o que se ejerció la acción penal.
Antes de interponer una denuncia penal, la ASF entrega el reporte de fiscalización sobre la Cuenta Pública al Congreso y determina las observaciones y acciones precisas que deberá realizar cada instancia de gobierno para solventar la presunta irregularidad.
Los entes de gobierno, en todos los casos, tienen la oportunidad de solventar dichas observaciones. Cuando se inicia una denuncia penal implica que se agotó un proceso y periodo determinado para corregir lo señalado por la ASF.
Los 24 gobiernos estatales que fueron denunciados penalmente entre enero de 2015 y mayo de 2016 incurrieron en irregularidades señaladas por la Auditoría en las Cuentas Públicas de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación del Sistema Nacional Anticorrupción, que se aprobó en el Congreso pero que está pendiente su promulgación, se otorgan mayores facultades a la ASF.
Además de fiscalizar recursos federales transferidos a los estados a través de fideicomisos, fondos y mandatos; podrá revisar también recursos privados y la deuda que tanto entidades como municipios contraten utilizando como garantía las participaciones federales.
La ASF también debería iniciar procedimientos de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Anticorrupción.
Esta ley que le da nuevas facultades está pendiente de ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE: VERSIONES
