By Guardando las debidas proporciones, el Código de Conducta que presentó este lunes la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz guarda un extraño paralelismo con la famosa ley anticorrupción del presidente Enrique Peña Nieto: ambos ordenamientos (uno de aplicación ideal en una dependencia local, la otra, de aplicación general en el país) han sido instituidos luego de graves evidencias de corrupción, utilización de recursos públicos en el financiamiento de proyectos privados y una andanada de denuncias políticas y periodísticas.
Creer en uno o en otra es tanto como creer en el arrepentimiento del carnicero tras sacrificar al cordero.
La Sedesol ha servido, ni la más mínima duda cabe, para fortalecer la preeminencia electoral del Partido Revolucionario Institucional y para anclar fuertemente las carreras políticas de sus titulares.
Tras terminar su gestión en el Congreso local, donde fue presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Carvallo Delfín fue nombrado secretario de Desarrollo Social, desde cuyo cargo, y con la utilización de los recursos provenientes de los programas sociales, se dedicó a fortalecer su presencia en el distrito electoral con cabecera en San Andrés Tuxtla, estableciendo fuertes vínculos con los beneficiarios, apoyando proyectos productivos y financiando con recursos públicos una extensa y aceitada red de promotores del voto a su favor.
¿El resultado? Su posterior candidatura priista a la diputación federal por ese distrito, que lo tiene en la antesala de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde pretenderá fortalecer su influencia política por aquello de la posibilidad de ser llamado para contender por el PRI a la gubernatura de dos años en 2016, como parte del equipo de la Fidelidad, siempre que no se la ganen los Yunes priistas o su contrincante en el equipo, el también diputado federal electo Érick Lagos Hernández.
Luego del paso de Carvallo, tuvo su debut quien pidió licencia a su cargo como alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos quien, antes de incorporarse como coordinador general de comunicación social, fortaleció su presencia política en la zona norte de la entidad que, a la postre, le sirvió para impulsar su campaña a la diputación federal por el distrito de Tuxpan.
Durante la campaña por los comicios intermedios de este año para renovar a los privilegiados huéspedes del Palacio de San Lázaro, el actual titular de la Sedesol, el exalcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, operó con manga ancha a favor de los candidatos priistas a las diputaciones federales y, aunque salió a la palestra a defender como gato boca arriba su inocencia en el caso, sus maniobras constituyeron incluso un escándalo nacional al denunciarse que se destinaron al fin político unos 500 millones de pesos del presupuesto de la dependencia.
El senador Alejandro Encinas convocó en abril pasado a una conferencia de prensa que ocupó los titulares de los principales medios de comunicación de la Ciudad de México, en la que puso en el papel una serie de irregularidades denunciadas por el propio personal de la Sedesol, mediante videos y documentos, en que se comprobaba el robo de apoyos a jornaleros agrícolas, robo de tarjetas bancarias y cheques (mediante falsificación de firmas) y obras fantasma en el programa de Empleo Temporal. Encinas hablaba incluso de más de 100 obras públicas, cobradas y reportadas, que no se realizaron.
Nadie podría olvidar que, en los inicios del ya desastroso sexenio de Enrique Peña Nieto, en abril de 2013, una serie de videos pusieron en evidencia la participación de dos altos funcionarios, uno del gobierno estatal y el otro del gobierno federal, en la organización de una serie de acciones que involucraban recursos y programas de la Sedesol, en este caso federal, a favor de los candidatos priistas en las elecciones locales, situación que puso en grave riesgo la continuidad del Pacto por México, ante la amenaza del rompimiento por parte del PAN y el PRD.
En aquella ocasión, el entonces secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, y el delegado de la Sedesol federal, Ranulfo Márquez Hernández, fueron grabados en una reunión con seccionales de Boca del Río preparando el desvío de recursos a favor de los candidatos del PRI y, aunque no se trataba de la dependencia estatal, puso en evidencia el modus operandi del gobierno estatal en la utilización de los programas sociales en procesos electorales. Ante el escándalo rodó la cabeza de Salvador Manzur, que se perfilaba como el sucesor indiscutible de Javier Duarte, y del famoso Cabeza de Lata, Ranulfo Márquez, quien fue separado por órdenes de la secretaria Rosario Robles Berlanga.
Por eso huele raro que se hubiera instituido en la Sedesol estatal este lunes el Comité de Ética, presidido por Ubaldo Poblete Cruz, egresado de Derecho de la UV quien en sus inicios desarrolló su profesión en cargos públicos en el DF, supongo que hasta que empezó el dominio del PRD en el gobierno de la Ciudad de México, cuando tuvo que emigrar a Veracruz.
En presencia de Miralda González Ortiz, encargada de la Dirección de Función Pública de la Contraloría General, el presidente del extraño comité habló de las flores que deben adornar a los empleados y entiendo que también a los funcionarios de la Sedesol: amabilidad, dignidad, cortesía y, aunque usted no lo crea, justicia, equidad y transparencia, para garantizar a la sociedad “un adecuado cumplimiento de los principios que rigen la gestión gubernamental, con el fin de otorgar a los veracruzanos certidumbre con respecto a las funciones públicas”.
Reglamento de Tránsito: la necesaria mesura
Lo anunciado este lunes por la mañana por el gobernador Javier Duarte de Ochoa respecto a importantes enmiendas al Reglamento de Tránsito y Vialidad en artículos que eran socialmente rechazados e, incluso, con algunos tintes de inconstitucionalidad, constituye una respuesta positiva de un gobernante que sabe echar reversa cuando sus propuestas no cuentan con el consenso popular.
De entrada, evita sancionar a quienes no ostenten una póliza de seguro por daños a terceros, aunque lo recomienda. Es cierto que es el ideal, sobre todo cuando quien maneja un auto no tendría recursos para resarcir los daños provocados en otros vehículos, pero puede implementarse un programa de convencimiento y que en lugar de que el gobierno estatal reciba el monto por la multa se recomiende a todos la adquisición de un seguro.
También, se evita sancionar a los automovilistas que no cuenten con extintor, herramienta y llanta de refacción que, en general, es a causa de la falta de recursos del automovilista. Se quita la prohibición del uso de altoparlantes o megáfonos, tan utilizados por personas que se dedican a la compraventa en la vía pública, evitando atentar contra el derecho al trabajo.
Se ha entrado en razón y se ha quitado la prohibición que pendía sobre quienes andan con copas de utilizar el transporte público, lo que se contradecía torpemente con la prohibición y sanción ejemplar contra quienes en ese estado utilizaban un vehículo. Ya sabemos que para evitar esas multas y evitar un accidente que les pueda llevar incluso a la cárcel, muchas personas preferirán usar taxis.
Un amplio apartado que implicaba obligaciones de los peatones se han modificado para convertirse en meras recomendaciones y se ha cancelado la prohibición para que ciclistas y quienes andan en patineta puedan hacerlo en las aceras; lo cierto es que debieran realizarse campañas para que estas personas respeten a los peatones.
Habrá que analizar con mayor detalle todas aquellas causas de infracción que han sido derogadas por órdenes del gobernador Duarte pero si aquí hemos sido muy críticos con el original reglamento, también debemos reconocer estas medidas tomadas para evitar afectaciones a la población y para convertir al reglamento en un instrumento jurídico que favorezca la seguridad y una mejor convivencia, en lugar de constituir un rosario de medidas recaudatorias. Enhorabuena.
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