By A la cauda de olvidos y desdenes institucionales, justificados bajo la sombra de una exorbitante deuda pública y la sospecha de uno de los más vergonzosos saqueos, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se significará también por desaparecer prácticamente todo apoyo, por minúsculo que sea, para las personas con discapacidad, y de mantener sin aplicación la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz por la inexistencia de su ley reglamentaria.
La más deleznable expresión ha sido el masivo abandono a que se ha condenado a niños que recibían terapias en los centros de rehabilitación, orillados a sufrir retrocesos en sus procesos paliativos y curativos, sin ningún argumento médico y prácticamente sin ninguna consideración científica, aunque explicada por el ahorcamiento financiero que este sector, a cargo del DIF estatal que preside Karime Macías de Duarte, ha sufrido del Gobierno del Estado.
Apenas el pasado 27 de julio, el DIF estatal se jactaba en un comunicado oficial sobre el reconocimiento recibido por el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CREEVER) de parte de “prestigiosas revistas científicas de circulación mundial”, gracias a investigaciones y avances en los tratamientos de medicina que ofrece y que han permitido “aportaciones importantes para el estudio y seguimiento de tratamientos clínicos”.
Y añadía: “El éxito nacional e internacional que ha obtenido el Centro se debe a los casos de éxito (sic) de rehabilitación de pacientes no sólo de Veracruz, sino también de los provenientes de otros estados de la República, más aún con las publicaciones de revistas especializadas que destacan su servicio”.
La realidad para miles de pacientes que acuden a recibir sus tratamientos, sin embargo, es diametralmente opuesta. A los cerca de 20 requisitos para preconsulta, en muchas ocasiones difíciles de solventar, las quejas de padres de familia que habían cruzado esa barrera y llevaban a sus infantes al CREEVER de Xalapa se multiplican. El personal biomédico y terapéutico los regresan a casa sin recibir sus tratamiento bajo el argumento de que han sido dados de alta, poniendo en riesgo los avances que ya mostraban y condenándolos
El desdén hacia este sector de la población que el INEGI, en su censo de 2010, cifraba en 5.1 por ciento, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculaba en más del 15 %, no solo se observa en el CREEVER. La mayoría de los centros instalados bajo la tutela del estado y aquellos que son financiados por el gobierno federal en menos del 50 por ciento de los municipios (Unidades Básicas de Rehabilitación, UBR) ofrecen realidades heterogéneas, aunque todos marcados por el olvido y la falta de presupuesto.
Para colmo, las unidades de transporte adaptado proporcionadas por el gobierno federal a estas UBR, y que debían ser utilizadas para la movilización de personas con discapacidad, son destinadas por los alcaldes a cuestiones administrativas. Un caso denunciado es el del alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, quien ha utilizado estos vehículos para todo menos para apoyar a sus beneficiarios.
Una ley en el olvido
El 11 de febrero de 2010, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán publicó en la Gaceta Oficial la ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, un cuerpo normativo afianzado en los protocolos de la Convención de las Naciones Unidas para personas con discapacidad y uno de los más avanzados del país.
Más de seis años después, es decir, toda la gestión de Javier Duarte de Ochoa, no se ha presentado iniciativa alguna al Congreso local para contar con su ley reglamentaria, a pesar de la diarrea legislativa mostrada por el mandatario durante todo su gobierno, inocultable en el último mes. La carencia de su ley reglamentaria ha imposibilitado su aplicación.
Los principios que rigen esa ley son irreprochables: el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad; la autonomía individual, incluida la libertad para la toma de decisiones e independencia personal; la no discriminación; la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el respeto a la diversidad y condiciones humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la equidad de género; el fomento a la vida independiente, y el respeto a la evolución de las personas con discapacidad y a su derecho a preservar su identidad.
En su artículo 11, señala que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de los servicios de salud, incluida la rehabilitación, y entre las medidas que deben cumplir la Secretaría de Salud, el DIF estatal y los ayuntamientos, se encuentran:
-Establecer, aplicar y evaluar los programas para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención oportuna, habilitación y rehabilitación para las diferentes discapacidades y trastornos generales del desarrollo;
-Proporcionar los servicios de salud necesarios y específicos (…);
-Proporcionar atención de salud a costos accesibles a las personas con discapacidad, con calidad y variedad (…);
-Impulsar y garantizar la creación y mantenimiento de centros de rehabilitación, que coadyuven a la integración social de las personas con discapacidad.
Nada de esto se ha cumplido. Ni se cumplirá.
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