By Excolaboradores, operadores y prestanombres de Javier Duarte temen que la justicia los atrape por su presunta implicación en el quebranto del erario veracruzano. Cada día se conocen más irregularidades, crece el número de ilícitos y los nombres de los señalados se multiplican: los abogados Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez, los hermanos Moisés y José Zury Mansur Cysneiros y Gabriel Deantes Ramos, entre otros. Algunos de ellos ya solicitaron amparo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el entramado del saqueo a Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no sólo participaron funcionarios por él designados. También formaron parte, de manera destacada, viejos amigos del gobernador con licencia y abogados fiscalistas que operaban desde la Ciudad de México para movilizar los recursos del erario.
El más conocido hasta ahora es el abogado Alfonso Ortega López, quien como colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR) ha explicado cómo operó la red de sociedades para adquirir inmuebles y otros bienes para el ahora prófugo gobernador con licencia tanto en México como en el extranjero.
De mayor importancia en la operación con los recursos públicos y quien es referido a Proceso por distintos excolaboradores cercanos a Duarte es José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado fiscalista que tenía su despacho en Polanco, en la misma zona donde también se le atribuyen propiedades al mandatario prófugo.
Abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD), Janeiro Rodríguez es quien movía los recursos. “Daba órdenes y se metía a las oficinas de los funcionarios, poniendo siempre por delante el nombre del gobernador”, dice el testigo sobre la presencia del experto fiscalista también en la oficina de Duarte.
“Los fondos públicos se transferían hacia lo que sólo los más allegados de Duarte conocían como ‘la licuadora’”, dicen los exfuncionarios consultados por este semanario. Aseguran que ahora podría estar en el extranjero.
Año y medio después de defender su tesis Aspectos legales de la clonación humana, Janeiro Rodríguez fue socio fundador en 2003 del despacho Contreras y Janeiro Abogados S.C. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, en donde pertenece a la comisión de asuntos fiscales, se presentaba además como asesor fiscal en México de la Xunta de Galicia, España, y de la “Cámara de la Industria de Comercio” en el estado de Tabasco, donde nació y heredó fortuna familiar.
La firma Contreras y Janeiro Abogados surgió de la sociedad de José Contreras Mantecón y el entonces pasante José Juan Janeiro Rodríguez en el despacho del exrector de la ELD, Mario Alberto Becerra Pocoroba, cercano al expresidente Felipe Calderón.
Consultados por Proceso, Contreras Mantecón y Becerra Pocoroba aseguran que la relación entre ambos acabó mal.
El operador
Dedicado desde hace años a la enseñanza de derecho fiscal en la ELD y diputado del PAN entre 2009 y 2012, en la segunda mitad del gobierno de Calderón, Becerra Pocoroba fue profesor de Janeiro Rodríguez y luego lo incorporó a su despacho como pasante.
“Lo despedí por abuso de confianza, pero nunca me imaginé que iba a terminar como lavador de dinero”, dice Becerra Pocoroba. Tampoco exento del escándalo por presuntos actos de corrupción, el exdiputado asegura que Janeiro Rodríguez se dedicó a crear empresas fantasma tras salir de su bufete.
En declaraciones a este medio, el abogado José Conteras Mantecón confirma que Janeiro Rodríguez fue su pasante en el despacho de Becerra Pocoroba, pero fue después de que estalló el escándalo que supo de las acciones de su exsocio.
Explica que Janeiro se separó del despacho a raíz de las primeras publicaciones en su contra, en abril pasado. “Nos dejó totalmente desprestigiados, enfrentando actos de autoridad, como cateos y cuentas congeladas”.
Asegura que, como resultado de sus propias investigaciones, “hemos sabido que era más socio de Moisés Mansur –señalado como uno de los principales prestanombres de Duarte– que de nosotros”. Desde 2010 tenían dos despachos de abogados. “Todo lo que hizo era exactamente lo que le recomendamos a nuestros clientes no hacer”, dice.
Con el escándalo en la prensa, Contreras se deslindó públicamente de su exsocio. Incluso colapsó la página del despacho al tiempo que publicó durante varios días una inserción pagada en varios medios nacionales para poner distancia de Janeiro Rodríguez. El comunicado lo firmó ya no como Contreras y Janeiro Abogados, sino como Contreras Mantecón Abogados, S.C.
Asegura que Janeiro renunció en julio pasado al despacho “anteriormente denominado Contreras y Janeiro, S.C.”,
“Los hechos que se imputan públicamente a la citada persona son totalmente ajenos a las actividades y servicios profesionales que este despacho presta a sus clientes… Esta firma de abogados, sus socios, asociados y empleados no representan en modo alguno los intereses de José Juan Janeiro Rodríguez, como tampoco los de cualquier persona física o moral vinculada con el gobierno del estado de Veracruz”, señala el deslinde.
Los prestanombres
Ante las investigaciones contra Duarte y su entorno, Janeiro Rodríguez tramitó el miércoles 5 un amparo contra los requerimientos de “información y documentación” que le ha hecho el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Janeiro es una de las 34 personas y empresas investigadas por el SAT por la supuesta creación de compañías fantasma para hacerse de recursos públicos a través de contratos del gobierno de Veracruz.
Su solicitud de amparo fue admitida a trámite el lunes 10 y se espera que se resuelva en la segunda semana de noviembre, a dos semanas de que concluya formalmente el gobierno de Duarte de Ochoa.
La PGR lo investiga por defraudación fiscal, lo mismo que a Duarte y a un viejo amigo del gobernador con licencia, también de apellido brasileño, el empresario Moisés Mansur Cysneiros, señalado como uno de los principales prestanombres del gobernador con licencia prófugo.
En una de sus declaraciones a la PGR, dadas a conocer por el periódico Reforma el martes 25, el abogado fiscalista Alfonso Ortega López aseguró que acudía afuera de las oficinas del despacho Contreras y Janeiro Abogados, en Polanco, para cobrar por su participación en la creación de las empresas que sirvieron para adquirir inmuebles a favor de Duarte no sólo en Estados Unidos, sino también en México. Dos de éstas en Ixtapa-Zihuatanejo por un valor de 3 millones y medio de dólares.
Aseguró que se crearon 19 sociedades en Miami para adquirir 30 propiedades hipotecadas por al menos 3 millones 200 mil dólares, además del pago de joyas para Karime Macías Tubilla, la esposa de Duarte.
También refirió tiempos compartidos en el Hotel St. Regis, de Nueva York, un bien inmueble en Woodlands, Texas; uno más en Arizona, un departamento en Madrid, un edificio en la calle Masaryk, en Polanco; tres departamentos en el Club de Golf Bosques de Santa Fe; un terreno en avenida Chapultepec y Salamanca, y un inmueble en la delegación Coyoacán, éstos últimos en la Ciudad de México.
Mencionó asimismo propiedades en Veracruz: una casa en Tlacotalpan, un rancho en Córdoba, y la Torre Pelícano, en Boca del Río. Además, bienes en el Estado de México: el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo; una plaza comercial en Metepec, y unas bodegas en Ocoyoacac, así como inmuebles en Cancún, Quintana Roo.
El diario cita declaraciones del fiscalista, quien asegura que cobró 300 mil pesos en efectivo por participar en esas operaciones como prestanombres. Precisó que el pago se le hizo “en un sobre cerrado, afuera de las oficinas de Contreras y Janeiro”, en la calle Lord Byron 28. Mencionó que una persona de nombre Gustavo Pérez le daba un sobre cada vez que le pagaban.
La noche del viernes 21 fuerzas federales, incluidos efectivos del Ejército y de la Marina, cumplieron cinco órdenes de cateo en la Ciudad de México en inmuebles relacionados con Duarte en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El jueves 27 hicieron lo mismo en el rancho Las Mesas, presuntamente adquirido con recursos de las secretarías de Educación y de Salud de Veracruz.
Otra acusación contra Duarte y ocho de sus allegados o colaboradores es por lavado de 253 millones de pesos en una compra venta de terrenos ejidales en Campeche, en donde se construyó un club de golf.
En esa operación, de la que esta revista dio cuenta hace cuatro años (Proceso 1878) participaron otros operadores de Duarte que ahora están bajo investigación. Entre ellos aparece el abogado fiscalista, ahora colaborador de la PGR, Alfonso Ortega López. También están Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Miguel Velázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.
El más destacado en esa acusación es Moisés Mansur Cysneiros, un rico empresario de Córdoba que en el reparto de culpas implicó como socio de Duarte al empresario millonario Jaime Porres Fernández–Cavada, quien es también originario de Córdoba, al igual que Duarte.
Mansur Cysneiros es señalado como uno de los prestanombres de Duarte en el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo. La propiedad tiene casi mil metros cuadrados, caballos de rejoneo y hasta alberca para los equinos. Según Ortega López, Mansur participó en la creación de las sociedades para adquirir los 19 inmuebles en Miami. En una de esas firmas, Comexa, participó su hermano José Zury.
Lluvia de amparos
Javier Duarte, Moisés Mansur y Alfonso Ortega López son viejos conocidos. El puente fue Mansur, quien era compañero de Duarte en la Universidad Iberoamericana y amigo de Ortega, entonces estudiante de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Según los exfuncionarios de Duarte consultados por Proceso, como universitarios, Duarte y Mansur compartieron un pequeño departamento en la colonia Contadero, en la delegación Cuajimalpa, cerca de la Universidad Iberoamericana.
Tres años menor que Duarte, quien tiene 43 años, Mansur hizo en 2006 un testamento en el que dejó como heredero a su amigo, titular de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera.
La revelación hecha por el periódico Reforma en agosto pasado forma parte de las operaciones que se aceleraron cuando Duarte sucedió a Herrera como gobernador.
El ahora colaborador de la PGR Ortega López vio por última vez a Duarte en mayo pasado, en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México. Le dijo que tenía miedo por las publicaciones periodísticas sobre las numerosas propiedades y porque su nombre aparecía en las sociedades.
Duarte, molesto, “me jaló del brazo y me dijo que yo estaba metido en esto, que yo estaba involucrado; y dijo ‘tú sabes de dónde viene el dinero’”, publicó el mismo diario el martes 25, al reseñar parte de las declaraciones del abogado fiscalista a la PGR.
El periódico asegura que el fiscalista, quien tenía un despacho en Cancún, sacó entonces a su familia del país y él estuvo en distintos lugares hasta que decidió presentarse ante la PGR y declarar sobre la trama de Duarte y sus allegados.
Desde que en abril pasado el ahora gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares presentó una denuncia penal contra Duarte por desvío de más de 3 mil millones de pesos, colaboradores cercanos del gobernador con licencia comenzaron a tramitar amparos para evitar su detención por parte de la PGR o de la propia Fiscalía General del Estado (FGE).
El jueves 27, la FGE dio a conocer que giró dos órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito. Una de las órdenes es contra el exsecretario de Seguridad Pública de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, quien renunció en agosto pasado luego de que el portal Aristegui Noticias informó que es propietario de cinco residencias en Woodlands, Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares.
La otra orden de aprehensión fue contra Gabriel Deantes Ramos, hasta hace poco secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, dueño de propiedades residenciales y comerciales en Xalapa. Deantes se encuentra amparado. Fue subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas.
Entre los solicitantes de la protección judicial, que por ahora gozan de suspensión de cualquier orden de aprehensión, figuran los exsecretarios de Finanzas y Planeación Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González. Manzur Díaz es ahora delegado federal del Banco Nacional de Obras (Banobras), mientras que Ruiz González es secretario de Infraestructura y Obras Públicas.
Junto con Yunes Linares, Ruiz formó parte de los cercanos de la exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ahora encarcelada tras haber sido acusada por la PGR, en febrero de 2013, de lavado de dinero.
El jueves 20, Ruiz compareció ante la PGR. Luego de su declaración ministerial aseguró que sólo había ido para “aclarar algunos temas de cuentas viejas” de cuando era secretario de Finanzas.
Uno más que solicitó amparo fue José Francisco Díaz Valenzuela, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública estatal. En enero de 2012, en plena campaña presidencial, dos empleados del gobierno de Veracruz fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo.
El dinero salió de una partida de la Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de Ruiz, cuyo subdirector de Operaciones Financieras, encargado de autorizar las operaciones líquidas, era Díaz Valenzuela, según filtraciones de la PGR. El gobierno de Duarte aseguró que ese dinero era para gastos del carnaval de Veracruz, la Candelaria de Tlacotalpan y la Cumbre Tajín de ese año.
Fuente: Proceso
