By Quienes buscan el pendón rumbo a la gubernatura de dos años una vez que concluya la gestión duartista parecen estar bien definidos, al menos del lado del PRI, aunque es cierto que no será sino hasta finales de este año o en los primeros dos meses del próximo cuando se sepa quién gana la rifa del tigre.
Mientras los gallos fidelistas (Lagos-Carvallo-Silva) esperan con ansias que se les abra el escaparate del Palacio Legislativo de San Lázaro para mostrarse y balconearse, y Gerardo Buganza recrea el mito de su poderío, labrando su candidatura ‘independiente’, los senadores Héctor y José Francisco Yunes consolidan posiciones en todo el estado.
Es cierto que mantienen inalterable su alianza y saben que deben combatir las maniobras que el grupo fidelista intentará para evitar que un Yunes (cualquiera: priista o blanquiazul, choleño o peroteño) gobierne la entidad. Pero hay que reconocer que son diferentes, que no fueron hechos con las mismas herramientas y materiales.
Héctor parece desesperado. Detrás de su sonrisa y su confianza de que las encuestas lo tienen en la parte más alta, se esconde la inquietud de no ser el elegido, no por Javier Duarte, que poco hará para que lo sea (aunque le ha apoyado con la infraestructura y logística del gobierno) sino por el presidente Enrique Peña Nieto.
Hay en su composición política un elemento que puede ser afortunado o fatal: su cercanía con Manlio Fabio Beltrones, quien difícilmente conseguirá la dirigencia nacional del PRI porque no es la figura que Peña quiere para la sucesión presidencial de 2018.
Para sustituir a César Camacho, la apuesta peñista es el treintañero Aurelio Nuño Mayer, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, y este miércoles podría salir la convocatoria para elegir al nuevo dirigente nacional y ponerse en juego la apuesta mexiquense.
Héctor Yunes se jacta de su cercanía con el político sonorense, quien no solo busca la presidencia del PRI sino catapultarse para ser sucesor de Peña en 2018.
José Francisco Yunes Zorrilla, por su parte, es cercano al más cercano a Peña, Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien podría ser la apuesta del Presidente de la República para sucederle.
También tiene datos al parecer irrefutables de que puntea las preferencias entre los posibles del PRI, pero no está desesperado. Sabe que la decisión se encuentra en Los Pinos y puede que las cosas sean fortalecer lo más pronto posible un estado como Veracruz, tan importante en términos electorales, y por ello puede ser impulsado para la minigubernatura.
O dejar pasar a Héctor para apuntalarlo a él rumbo a la gubernatura de 6 años en concordancia con los comicios federales de 2018, cuando es posible que vaya como abanderado priista su amigo Luis Videgaray.
De la charla que sostuvo el senador José Yunes con varios columnistas, además de su disposición al diálogo pude observar contundencia en sus convicciones.
Sabe que Héctor puede ser el elegido, que en su favor puede ir toda la maquinaria gubernamental duartista y, por ello, tenga una posición de privilegio para la postulación; si eso sucede, no se opondrá y lo apoyará a todo lo que da.
Pero dijo algo que lo dibuja a plenitud (un trazo que en los meses recientes se había mantenido oculto por lo tenue): si la nominación no recae en él porque se hayan metido las manos negras del fidelismo, porque se haya hecho una campaña negra para anularlo o vetarlo, entonces todos conoceremos a un Pepe Yunes diferente. Y sacará chispas.
Tanto Aurelio Nuño en el PRI nacional y la hipotética asunción de Luis Videgaray a la candidatura presidencial como la incorporación (en 2016 o 2018) del senador Pepe Yunes como candidato gubernamental, son señales de que el PRI buscará convencer al mayor contingente de votantes en dos años.
En 2018 votarán por primera vez 14 millones de jóvenes que habrán cumplido su mayoría de edad; si a ellos agregamos, como escribe Ciro Gómez Leyva en El Universal, los 28 millones que entonces tendrán menos de 27 años o los 39 millones que serán menores de 32, ya imaginaremos quiénes pueden llegar con un lenguaje y un discursos convincente para esa jornada importante en el escenario político del país.
Ya seguiremos con esta línea de reflexión.
¿Cómo saldrá Duarte del bache?
Algo debe hacer, y pronto, Javier Duarte de Ochoa para recuperarse de uno de los más profundos baches en que ha caído su figura política, su investidura como gobernador y, si lo tiene, su proyecto político.
El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista política Nadia Vera Pérez en el Distrito Federal ha tomado un giro extraordinario: nunca como en esta ocasión, la atención y el repudio de medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones sociales del país y el extranjero e, incluso, gobiernos y organismos multilaterales como la ONU, habían llamado tanto la atención sobre la aparente responsabilidad del gobierno veracruzano en los hechos, sea por comisión o por omisión.
Que no haya sido en Veracruz sino en el DF, lejos de restarle responsabilidad, le ha dado una enorme notoriedad, exposición mediática y el repudio generalizado, incluso de periodistas tradicionalmente alineados como Guadalupe Loaeza (asalariada varios años de su gobierno a través de la televisión pública) que han terminado por expresar su estupefacción ante un escenario de tanta violencia (multihomicidio, feminicidios, atentado a la libertad de expresión) como en el que perdió la vida Rubén Espinosa.
Y es que no solo ha sido ese dantesco episodio el que ha puesto a Javier Duarte y, más recientemente a su secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, en el ojo del huracán. Lo que pasa es que es el periodista número 15 durante su gestión… y contando.
Si su gobierno, pese a ello, hubiera mostrado:
1) Voluntad política para investigar a fondo los casos y hubiera dado con los responsables, evitando con ello la impunidad que es estímulo para repetir los reporticidios (si se me permite la expresión), y
2) Acompañamiento y protección para los periodistas más vulnerables y en riesgo…
…la opinión pública no sería tan pródiga en acusaciones y sospechas.
Hay gobernadores que salen pronto de este tipo de crisis políticas, que afrontan las circunstancias negativas que los encierran y los ponen a la defensiva mediante actos de avanzada voluntad en que ponen en juego a toda la estructura gubernamental para afrontar el problema que más lacera a la población.
Ciertamente, esos personajes tienen como respaldo argumentos sólidos en materia de conducción política, un importante repertorio de obras públicas que han servido de resorte para impulsar el crecimiento económico de su entidad, programas sociales que han permitido contener la pobreza e, incluso, disminuir el porcentaje de la población que se cuantifica debajo de la línea de flotación, recursos para atender los rezagos y para implantar programas de vanguardia en materia de desarrollo.
Nada de eso puede invocar Javier Duarte.
La deuda pública no solo no ha disminuido sino que se ha convertido en un cáncer durante su gobierno.
Ello ha llevado a la quiebra de buena parte de las empresas veracruzanas, lo que ha provocado la pérdida de miles de empleos y el hundimiento de pequeños negocios.
La ausencia de programas de apoyo al campo ha hecho que el antiguo granero veracruzano se convierta en un erial y que los campesinos destinen su actividad a una agricultura de subsistencia, que abandonen los cultivos para salir a la búsqueda de empleos fuera de la entidad y, en muchos casos, ofreciendo sus parcelas a arrendatarios.
La pobreza y la pobreza extrema han experimentado en los últimos dos años un crecimiento inusitado, aunque explicable, incorporando a medio millón de veracruzanos a esa porción que ya representa más de la mitad de la población que sobrevive con menos de los ingresos mínimos para no morir de hambre.
Antes de salir al escenario público, Javier Duarte debe sentarse con sus expertos (si los tiene) para definir un nuevo rumbo que norme los últimos meses de su gobierno. Dejar que la crisis pase sola puede ser fatal.
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