By A Javier Duarte de Ochoa no solo debería perseguírsele (aunque no estamos seguros de que la PGR ande tras sus huellas) por el demencial robo que él, su esposa, su madre, suegros, primas, cuñados, hermanos y miembros de su banda delictiva, hicieron del dinero enviado por el gobierno federal y del que el propio gobierno estatal recaudó. También deberían iniciarse pesquisas serias para acusarlo y condenarlo por cientos de muertes que ocurrieron bajo su criminal manto protector.
Aunque el tema fue secundario en la conferencia de prensa de este lunes del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues lo principal era el anuncio de que se echaría abajo la norma que permitió la instalación y operación de la empresa encargada de las fotomultas, lo cierto es que los alcances que tuvo el saqueo criminal de los recursos destinados al sector Salud nos ha dado la pauta para dimensionar el enorme peligro a que nos enfrentamos los veracruzanos durante sus seis años de gobierno.
Ya hace tiempo que se habla del fraude con medicamentos cometido por el ahora diputado federal Jorge Carvallo Delfín en asociación delictiva con el empresario xalapeño Andrés Beceiro López, propietario de las empresas Especialidades Médicas del Sureste, Suministros Maxbec (encargada de ofrecer a centros hospitalarios productos de farmacéuticas), Labssa (proveedora de insumos y servicios para laboratorio clínico) y Grupo Empresarial Heberen, encargada de vender equipo médico y hospitalario, proveedoras de la Secretaría de Salud.
A través de ellas, estos dos personajes dotaron al Gobierno del Estado con supuestos medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer, que eran atendidos por la Secretaría de Salud en el Centro de Cancerología (Cecan), muchos de los cuales fallecieron rápidamente puesto que lo que se entregó, según una investigación en curso, no eran sino meros paliativos.
Un acto criminal
En efecto, Yunes Linares abordó en su conferencia de prensa de este lunes este asunto que merecería un capítulo de algún programa de asesinos seriales: cómo para ganar dinero a cambio de nada, estas empresas, con la complicidad del ahora diputado federal, hicieron que niños con cáncer recibieran en sus cuerpos agua destilada en lugar de lo que se supone tendrían que haber recibido para quimioterapia.
Según reveló el gobernador actual, el resultado de un estudio realizado por un laboratorio sobre el uso de medicamentos clonados para la atención de niños con cáncer por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz, indica que lo que le suministraban a los menores e lugar de la quimioterapia era un compuesto inerte, agua destilada. “Esto nos parece pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños”.
Ya en 2011, el entonces secretario de Salud del gobierno duartista, Pedro Anaya Rivera, era cuestionado por la prensa sobre la práctica desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán de comprar medicamentos “apócrifos” para el combate al cáncer, luego de que el Laboratorio Roche revisó medicamentos supuestamente elaborados por ellos para el combate al cáncer que resultaron falsos.
Todo parece indicar que esta práctica de saquear dinero a costa de la salud de los veracruzanos, en este caso, de niños con cáncer, se repitió en 2014, con la participación del político y el empresario ya señalados líneas arriba.
Por las mismas fechas, el gobierno estatal erogó cerca de 10 millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas, que resultaron falsas y, por ende, sus resultados no fueron confiables. Los estudios, que estaban considerados dentro del Programa de Salud Maternal y Perinatal para la determinación de anticuerpos en suero y plasma, o suero, plasma y sangre total anti VIH1 y VIH2, no sirvieron para su propósito pues eran falsos.
Patricia Ponce Jiménez, del Grupo Multisectorial en VIH-Sida, dijo el jueves pasado que es necesario que la Secretaría de Salud deje en claro si las 70 mil pruebas “patito” de detección de este virus, que compró la pasada administración estatal, fueron usadas y si ya buscaron a las personas con quienes utilizaron estas, a fin de saber si son positivas o no.
El actual gobierno estatal deberá tener la voluntad política para investigar a fondo estos y otros fraudes cometidos a costa de la salud de los veracruzanos. No se ha tratado solo del robo de millonarios recursos públicos, sino de haber puesto en grave riesgo la vida de miles de pacientes.
En el caso de los niños con cáncer que fueron medicados con simple agua destilada, hay información que señala un rápido deterioro de los pacientes, lo que llevó a la muerte a muchos que no libraron su batalla gracias a que se les abandonó para que pillos obtuvieran ganancias exorbitantes.
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