By Aunque no es un tema que le preocupe mucho, a la luz de los despidos que sus colaboradores han multiplicado en condiciones agresivas contra simples empleados públicos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debiera atender la obligada salida de Namiko Matzumoto Benítez, actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La permanencia en la CEDH de la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) parece estar colgada de endebles pinzas; antes de ella, peces más gordos que parecían tener su permanencia legal asegurada, como el Fiscal General del Estado, han caído estrepitosamente y sin apenas levantar el polvo.
Ligada cercanamente al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien por recomendación del diputado Érick Lagos Hernández, primero la convirtió en secretaria técnica y luego en secretaria ejecutiva de la CEAPP, un engendro creado para desactivar el repudio internacional por el creciente número de periodistas asesinados en su gobierno y que le valió la cancelación del Hay Festival, Namiko Matzumoto no ha hecho sino servir a los intereses del ahora prófugo de la justicia, sin que nadie, ni siquiera los jubilados y pensionados, hayan recibido el respaldo de esa comisión.
Cuando a finales de 2015 debía dejar la Presidencia Luis Fernando Perera Escamilla (un personaje que usó la comisión para enriquecerse y mantener a personal que realizaba tareas que no tenían que ver con encomiendas oficiales), por segunda vez buscó Namiko llegar a ese cargo con todo el apoyo de Javier Duarte, quien buscaba colocar a alguien que le cubriera la espalda.
A pesar de la calidad de los demás postulantes al cargo, Javier Duarte instruyó a los diputados locales para que la eligieran, lo que ocurrió a principios de 2016.
Pero la filiación política y personal con quien cometió el mayor robo de la historia contra un gobierno estatal no es el único argumento de que pudiera valerse Yunes Linares para prescindir de los servicios de una funcionaria con la figura tan desgastada como Matzumoto. Y ella lo sabe.
Caso Molinari, un traidor tras la CEDH
En efecto, tan cercana siente su dimisión que Namiko Matzumoto Benítez está promoviendo a Geiser Manuel Caso Molinari para que la suceda y, con ello, le cuide de posibles indagatorias.
El caso de Caso Molinari es patético. Desde la gestión de Nohemí Quirasco Hernández como presidenta de la comisión, durante la gestión de Miguel Alemán Velasco, Geiser Manuel Caso Molinari ingresó como Director de Orientación y Quejas; desde ese puesto, traicionando a quien se lo brindó, Caso Molinari apoyó a Luis Fernando Perera Escamilla para que lograra el puesto, lo que consiguió en 2011; desde ese año y hasta 2016, quien ahora pretende ser Presidente de la CEDH se convirtió en Primer Visitador General.
En 2015, cuando Perera Escamilla buscaba la reelección como Presidente de la CEDH, Caso Molinari se abrió y brindó su apoyo a Namiko Matzumoto, quien finalmente logró el puesto. En pago a sus oficios, Matzumoto le brindó la titularidad de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). Todavía sigue en investigación por qué Geiser Caso Molinari, antes de salir de la CEAPP con los cambios ocurridos en el nuevo gobierno, se autorizó una liquidación por más de 180 mil pesos.
Ahora mismo, ya en la CEDH, está coaccionando al personal para que firme una carta escrita por él, mediante la cual se promueve como la mejor opción para presidir ese organismo autónomo; los trabajadores están amenazados de perder su empleo de no colaborar con su firma.
Namiko Matzumoto destruye la CEDH
Célebre desde que en la CEAPP poco hizo por la seguridad de los periodistas veracruzanos (siguieron los homicidios y las agresiones), sin que hubiera una acción contundente que permitiera detener los riesgos, Namiko Matzumoto ha cumplido un año al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin que ningún sector ciudadano agredido haya sentido el apoyo de este personaje ligado al duartismo.
Matzumoto, de quien todos dicen que le gusta imponer a su gente y disfrutar de la vida a costa del erario, estableció un periodo negro desde el principio de su gestión en febrero de 2016. Un mes después de pisar sus nuevas oficinas, comenzó a despedir de manera injustificada a buena parte del personal, sin importar que varios tuvieran hasta 15 años de antigüedad. Y ya lleva 10.
Para hostigar a quienes fueron despedidos se valió de los servicios de colaboradores suyos como Fernanda Casas Berthier, el recién llegado de la CEAPP Geiser Manuel Caso Molinari y, ¡oh, sorpresa!, Eduardo Coronel Gamboa, un joven inexperto que –contra lo que establece la ley– fungió como Secretario Ejecutivo de la CEDH sin haber cubierto el mínimo de edad requerido por el Reglamento Interno para ese puesto (25 años) al momento de tomar protesta y a quien el Fiscal Jorge Winckler Ortiz nombró el 16 de enero Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.
Los trabajadores de la CEDH no solo han denunciado los despidos injustificados, los malos tratos y vejaciones en su contra, sino también la incapacidad de Namiko Matzumoto y sus funcionarios para tratar con las organizaciones civiles de derechos humanos.
La Secretaria Técnica, María Fernanda Casas Berthier, quien presume de ser la experta y conocedora de las organizaciones de la sociedad civil, ha sido señalada por los medios de comunicación por su prepotencia y mal carácter, por lo que ha tenido diferencias con representantes de las organizaciones civiles y con el personal de la institución.
Además, Namiko creó cargos que no están contemplados en la normatividad, como la dirección de Planeación Institucional (donde puso a Minerva Regina Pérez López), la Coordinación de Delegaciones (donde labora Elisa Álvarez Nieves), y la Dirección Administrativa Adjunta, que ocupa Gabriel Francisco Beltrán Ramos, primo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán.
Como se puede observar, algo urgente debe hacerse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que solo ha sido usada por Namiko Matzumoto Benítez, tal cual hizo antes en la CEAPP, como un refugio para satisfacer sus deseos patrimonialistas y de poder.
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