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Entre otras recomendaciones al estado destaca la solicitud para que en la entidad no se considere ilegal a la interrupción del embarazo o aborto.
“El agravio comparado es cuando en un lugar el acceso a derechos es más abierto porque está sustentado legalmente que en otros lugares, por ejemplo: En el caso a la Ciudad de México, el derecho a la interrupción del embarazo es legal, ahí no hay causales, ahí todas las mujeres tienen ese derecho, pero resulta que en otros estados de la República no, esta limitado a causales. Ahí la pregunta que se plantea es: ¿cómo es posible que en un mismo espacio, en el mismo país, en la misma geografía política exista una ampliación de derechos para unas personas que viven en ese lugar, mientras que para el resto no. Es un ejemplo, pero puede haber otros en otras temáticas” explicó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa, Yadira Hidalgo Gómez.
En este sentido, la recomendación contempla que la interrupción del embarazo debe considerarse un derecho humano de la mujer y por lo tanto las instituciones deben garantizar su respeto.
“El grupo de trabajo concluye que en el estado de Veracruz se encuentra obstaculizado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la ILE, y por lo tanto se actualizan los dos conceptos de agravio comparado analizados, relativos a la tipificación del delito de aborto en el Código Penal para el estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 en esta materia”.
“Lamentablemente, en el estado de Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud de la mujer en el Código Penal” cita el documento de esta Alerta.
Con base en la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la CONAVIM sugiere revisar el capítulo de aborto en el Código Penal del estado de Veracruz para no considerar como delito a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causal de riesgo para la salud y mantener las de imprevisión, violación sexual o inseminación artificial no consentida (sin restricción temporal), peligro de muerte para la mujer embarazada y alteraciones físicas o mentales del producto.
“Por esa razón, se estima pertinente insistir en la despenalización de la conducta descrita en el primer párrafo del numeral 150 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y, consecuentemente, que se generen las políticas públicas necesarias para atender el aborto como un problema de salud pública y no de política criminal” cita el documento.
Respecto al tercer agravio planteado por la solicitante relativo al artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz que entró en vigor el 24 de agosto de 2016, el grupo
de trabajo observó “que al señalar que se protegerá el derecho a la vida desde el momento de la concepción, un interpretación restrictiva podría atentar contra los derechos de las mujeres, a la dignidad humana en su vertiente de elegir libremente su plan de vida, a la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad, así como a la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, si su aplicación y reglamentación resultaran contrarias a los estándares internacionales en la materia”.
El exhorto al gobierno del estado es reglamentar e interpretar dicha reforma tomando en cuenta los derechos antes mencionados a favor de las mujeres.
De aceptar dichas recomendaciones, el Gobierno de Veracruz a través de la Secretaría de Gobierno tiene un periodo de seis meses para declarar ésta que segunda Alerta de Violencia de Género que ubicaría a Veracruz como el único estado en el país con dos alertas de este tipo. “Eso sería lo ideal” dijo Yadira Hidalgo al confiar que aún de último minuto el gobierno del estado responda favorablemente a estas recomendaciones.
“El agravio comparado es cuando en un lugar el acceso a derechos es más abierto porque está sustentado legalmente que en otros lugares, por ejemplo: En el caso a la Ciudad de México, el derecho a la interrupción del embarazo es legal, ahí no hay causales, ahí todas las mujeres tienen ese derecho, pero resulta que en otros estados de la República no, esta limitado a causales. Ahí la pregunta que se plantea es: ¿cómo es posible que en un mismo espacio, en el mismo país, en la misma geografía política exista una ampliación de derechos para unas personas que viven en ese lugar, mientras que para el resto no. Es un ejemplo, pero puede haber otros en otras temáticas” explicó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa, Yadira Hidalgo Gómez.
En este sentido, la recomendación contempla que la interrupción del embarazo debe considerarse un derecho humano de la mujer y por lo tanto las instituciones deben garantizar su respeto.
“El grupo de trabajo concluye que en el estado de Veracruz se encuentra obstaculizado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la ILE, y por lo tanto se actualizan los dos conceptos de agravio comparado analizados, relativos a la tipificación del delito de aborto en el Código Penal para el estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 en esta materia”.
“Lamentablemente, en el estado de Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud de la mujer en el Código Penal” cita el documento de esta Alerta.
Con base en la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la CONAVIM sugiere revisar el capítulo de aborto en el Código Penal del estado de Veracruz para no considerar como delito a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causal de riesgo para la salud y mantener las de imprevisión, violación sexual o inseminación artificial no consentida (sin restricción temporal), peligro de muerte para la mujer embarazada y alteraciones físicas o mentales del producto.
“Por esa razón, se estima pertinente insistir en la despenalización de la conducta descrita en el primer párrafo del numeral 150 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y, consecuentemente, que se generen las políticas públicas necesarias para atender el aborto como un problema de salud pública y no de política criminal” cita el documento.
Respecto al tercer agravio planteado por la solicitante relativo al artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz que entró en vigor el 24 de agosto de 2016, el grupo
de trabajo observó “que al señalar que se protegerá el derecho a la vida desde el momento de la concepción, un interpretación restrictiva podría atentar contra los derechos de las mujeres, a la dignidad humana en su vertiente de elegir libremente su plan de vida, a la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad, así como a la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, si su aplicación y reglamentación resultaran contrarias a los estándares internacionales en la materia”.
El exhorto al gobierno del estado es reglamentar e interpretar dicha reforma tomando en cuenta los derechos antes mencionados a favor de las mujeres.
De aceptar dichas recomendaciones, el Gobierno de Veracruz a través de la Secretaría de Gobierno tiene un periodo de seis meses para declarar ésta que segunda Alerta de Violencia de Género que ubicaría a Veracruz como el único estado en el país con dos alertas de este tipo. “Eso sería lo ideal” dijo Yadira Hidalgo al confiar que aún de último minuto el gobierno del estado responda favorablemente a estas recomendaciones.
