By San Andrés Tuxtla, Ver. |
Por Luis Manuel Toto Pólito |
Los ataques de los que ha sido víctima en medios de comunicación y redes sociales, el Juez Tercero de Distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, derivado de la sentencia que dictó en el asunto de Diego Cruz, conocido como uno de los porkys de Costa de Oro, resulta una interpretación social que se desglosa por haber pasado por alto el código penal de Veracruz, derechos fundamentales o humanos de la menor, y tratados internacionales que protegen a las víctimas, comentó el abogado postulante en los Tuxtlas Santos Velazco Ixtepan.
Y es que el Juez Tercero de Distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, consideró apenas ayer que no hay elementos suficientes para acusar de abuso sexual contra la menor Daphne, por ello emitió un amparo a Diego Cruz.
“No dudo que el juzgador haya tenido criterios legales, sin embargo debió aplicar principios constitucionales, por ejemplo el de proporcionalidad de la ley, consideró que por esta parte sí dejó mucho que desear, hay un principio de legalidad que tampoco se aplicó al cien por ciento”, dijo.
Y es que además de que Daphne es una menor de edad, es mujer y vulnerable en todos los aspectos, y es cierto que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier observancia subjetiva que haya tenido este juzgador, opinó.
Por ello debió aplicarse la ley general de víctimas, las comisiones internacionales en este caso un protocolo como la Convención de Belém do Pará, que también señala los tipos de violencia que una mujer debe prevenirse y las medidas necesarias, incluso el protocolo de actuaciones en las que está sujeto un menor de edad debió de haberse observado a plenitud, explicó Santos Velasco.
“No creo que el juzgador desconozca la ley, la conoce, es un juez de distrito, pero a veces siguen interés mezquinos que perjudican a la sociedad, casos relevantes como esto no debe de suceder porque deben de ser imparciales, para eso están capacitados, para eso son jueces a la equidad en la que debe de hacerse, observando los principios constitucionales, legales, la aplicación de la ley, y el criterio personal que debe tener a un caso concreto como imparciales”; culminó.
