By A los pretendientes panistas a la minigubernatura, que se diputará en 2016 para suceder a Javier Duarte de Ochoa, les urge salir a la palestra pública con mensajes sensacionalistas, con discursos incendiarios que ocupen los principales titulares de los periódicos, portales informativos y medios masivos de comunicación.
Uno, Juan Bueno Torio, está saliendo del Congreso de la Unión; al otro, Miguel Ángel Yunes Linares, le urge que pasen rápido los 12 días que restan para tomar posesión en San Lázaro.
Solo con propuestas altisonantes o críticas feroces pueden hallar espacios gratuitos en la prensa veracruzana, porque sus peroratas han tenido poco eco en la nacional, donde cuesta más trabajo y dinero convencer a los editores.
Por eso, los panistas aprovecharon San Lunes para hacerse de notoriedad. Ambos aprovecharon la información ofrecida por el gobernador Javier Duarte de Ochoa a las 7 de la mañana en una conferencia de prensa inusual por su contenido: el monto de la deuda pública. El segundo dio más resonancia al tema de la seguridad, pero también golpeó por el lado de la deuda.
Para Bueno Torio, que buscará vencer a Yunes en las primarias panistas para obtener la candidatura en 2016, la deuda de Veracruz es mayor de lo que señaló Duarte, quien dijo que es de 44 mil 470 millones de pesos (reunida la estatal y la de los municipios). Dijo que, según sus cuentas, es del doble, porque el gobernador no mencionó los pasivos con prestadores de servicios y contratistas.
Lo cierto es que Duarte sí mencionó ese tema aunque no lo precisó porque, según él, es muy fluctuante: cada día se adquieren nuevos pasivos y, al mismo tiempo, se disminuyen otros, derivado de los calendarios de pagos.
Por su parte, y luego de acudir a un desayuno con la rectora Sara Ladrón de Guevara, Miguel Ángel Yunes convocó a conferencia de prensa en que hizo énfasis en la situación de violencia que aqueja a Veracruz, aunque no dejó de tocar (destinando un tiempo similar: 13 minutos) el asunto de la deuda pública.
Las propuestas desmedidas
Diputado federal electo por la vía plurinominal, Miguel Ángel Yunes Linares parece haber obtenido la venia del nuevo dirigente panista, Ricardo Anaya Cortés, quien había ganado la víspera sobre el senador Javier Corral, de iniciar su camino rumbo a los comicios locales de 2016.
En su conferencia de prensa anunció de hecho que haría mucho ruido en la Cámara de Diputados, a partir de este primero de septiembre, sobre los casos de corrupción, endeudamiento y violencia que afectan a Veracruz.
Es cierto que se requieren voces críticas en el Congreso de la Unión que hagan voltear los ojos de la opinión pública nacional sobre lo que sucede en Veracruz, no solo en el tema de la violencia contra los periodistas. El problema es que Yunes Linares ha mantenido su perfil pendenciero, el ímpetu golpeador que nubla la razón, el que lanza la andanada del pugilista en lugar de aplicar la estrategia meditada y con más posibilidades de efectividad.
El lunes, por ejemplo, prometió impulsar una comisión especial para analizar el caso de Veracruz y su gobierno en cuanto a las finanzas públicas, y proponer la designación presidencial de un comisionado especial, como ocurrió en Michoacán, para atender la creciente violencia, tema este último en el que ha insistido y que difícilmente conseguirá.
Y es que Veracruz está lejos de la situación de absoluta ingobernabilidad que guardaba el estado del Pacífico. Eso no quiere decir que la violencia no sea grave en el solar jarocho, el problema es que Yunes Linares extrapola tan grotescamente los términos que él mismo sabe que no pasará de la pantomima publicitaria.
Para justificarlo recurrió a datos de 2011 cuando, efectivamente, Veracruz fue el escenario y el abastecedor de cadáveres de las bandas criminales que enfrentaron una guerra cruenta por posesionarse de tan importante enclave para sus negocios.
Pero hizo una extraña comparación por lo que implícitamente concede: del último año de Fidel Herrera (su archienemigo) al primero de Duarte, los homicidios crecieron en más del 100 por ciento, según datos del INEGI.
Y sí, en las cifras oficiales así aparece, aunque Yunes debe recordar que por ejemplo el secuestro fue la peor plaga durante el fidelato y, sin embargo, en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo reportado por la entonces Procuraduría General de Justicia fue de menos de 10 al año e, incluso, en 2009 aparece con cero secuestros. No se explican esas cifras cuando el propio Fidel Herrera creó un fondo para el pago de los rescates.
Su pariente, el senador Héctor Yunes Linares, por ejemplo, ha insistido en que el gobierno federal envíe, y lo más pronto posible, a la gendarmería para fortalecer las acciones de prevención y combate a las bandas criminales en puntos calientes del estado como Poza Rica e, incluso, la zona de Córdoba-Orizaba.
Y efectivamente, si no son suficientes los efectivos estatales y los que han mandado las fuerzas federales, habrá que solicitar la intervención del cuerpo de élite, y no un Alfredo Castillo que, como ya sabemos, ennegreció el panorama michoacano, de donde lo sacaron para ir a dirigir la Conade.
Que su propósito es más bien político, no cabe duda. Su propuesta para crear una comisión del Congreso de la Unión para revisar el endeudamiento de Veracruz también peca de insolvente. Bueno fuera que la Cámara de Diputados tuviera esas atribuciones: habría contenido el sobreendeudamiento de las entidades con más riesgo.
Según la SHCP, las entidades con mayor deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) estatal son: Chihuahua (8.6%), Quintana Roo (8.3), Coahuila (6.5) y Chiapas (6.1). A ellas les siguen: Nayarit (5.5), Nuevo León (5.0) y Veracruz (4.4 por ciento).
Ya sabemos que la SHCP tiene muy bien establecido el nivel de deuda pública de cada estado y municipio del país, y el propio secretario Luis Videgaray señaló que la deuda de los dos niveles locales de gobierno no representa un problema para las finanzas públicas: “El país tiene un bajo nivel de endeudamiento estatal y municipal como porcentaje del Producto Interno Bruto”.
También afirmó que la deuda que han alcanzado los gobiernos locales no es un asunto que presione las finanzas de México, aunque sí llama la atención la velocidad a la que se han endeudado los estados y municipios en los últimos años.
Parece claro que el gobierno federal tiene bien medido el problema. Según Videgaray, en el periodo 2008-2013 la deuda estatal y municipal del país pasó de ser equivalente al 1.7 por ciento del PIB a 3.1 por ciento, un nivel por debajo del registrado en otros países como Argentina, donde es 7 por ciento del PIB; Brasil, que registra 12 por ciento, y Estados Unidos, 18 por ciento.
Si nos atenemos a las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto, con las que se exigirá mayor transparencia en el registro de la deuda y en las condiciones de la contratación de los créditos de los gobiernos locales, la propuesta de Yunes Linares parece más un fuego de artificio que una idea que pueda ser acordada de manera paralela a los mecanismos que, ya sea en esta o en la Legislatura que entra el primero de septiembre, sean discutidos y aprobados.
En todo caso, lo que sí podría impulsar es que la Auditoria Superior de la Federación, un órgano de la Cámara de Diputados a la que él se integrará el 1 de septiembre, sea más sólida en sus observaciones, y propugnar por que tenga más atribuciones fiscalizadoras e, incluso, punitivas, para atacar la corrupción que es tan evidente en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Pero a Miguel Ángel lo que le urge es ganar los reflectores y, en ese contexto, cómo le pedimos que medite más su discurso crítico.
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