By Aunque el exalcalde Roberto Pérez Moreno (quien andaría prófugo de la justicia) no concluyó su proyecto de dotar de agua potable a áreas de desarrollo inmobiliario en que se le señalaba como inversionista, lo cierto es que el municipio de Coatepec ha sido, junto con el de Emiliano Zapata, los polos de atracción de empresas constructoras locales y nacionales que han convertido cafetales y cañaverales en unidades habitacionales y fraccionamientos, muchos de los cuales no cuentan con servicios como drenaje y agua potable.
Gracias a la crisis de la cafeticultura, hace cinco años que las empresas inmobiliarias (aprovechando la desesperación de los campesinos) han adquirido terrenos agrícolas a muy bajo precio, lo que ha permitido que, tan solo en la región de Coatepec, de 14 mil hectáreas que eran dedicadas a la producción del aromático hoy sean menos de 4 mil, reduciendo el área productiva en casi el 70 por ciento.
En medio de áreas de cultivo de caña de azúcar, que fue el primer depredador de los cafetales y ha transformado los registros medioambientales que eran tradición de esta zona, crecen casas de interés social, viviendas de nivel medio e, incluso, fraccionamientos residenciales, que han encarecido el suelo y convertido los antiguos canales de riego y riachuelos en vertederos de aguas negras, porque en muchos desarrollos inmobiliarios no hay drenaje e, incluso, ni servicio de limpia pública.
A la gravedad de las fuertes presiones poblacionales sobre áreas agrícolas, que habían servido como zonas de amortiguamiento medioambiental, hoy se suman dos empresas trasnacionales que funcionan desde hace mucho tiempo, Embotelladora Coca Cola y Nestlé, quienes además de utilizar importantes cantidades de agua con concesiones prácticamente gratuitas y generar malestar en la población por la inminente construcción de un gasoducto al que se han opuesto vecinos de La Orduña, hoy son acusadas de verter sus residuos en el río Consolapa.
Contra este último punto, la primera afectación para miles de familias que se han sumado a la población original de La Orduña, Puente Seco y Campo Viejo, entre otras colonias y pequeñas comunidades, es el persistente mal olor de las aguas negras que invade grandes extensiones, sin que las autoridades medioambientales hayan hecho nada por investigar el origen de la polución.
Desechos de Coca Cola y Nestlé, sin control
Ambas empresas trasnacionales tienen en el agua su mejor negocio. Sin aportar un solo peso al Ayuntamiento de Coatepec, cada año –con autorización de la Comisión Nacional de Agua– la empresa suiza Nestlé, productora de lácteos, explota 6.4 millones de metros cúbicos de agua, en tanto que Coca Cola utiliza poco más de un millón de metros cúbicos, buena parte de los cuales los vende en bebidas edulcoradas y de agua purificada que, por lo demás, inundan los basureros de botellas de PET.
Para colmo, tampoco paga por sus descargas residuales a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatepec, organismo que desconoce si antes de ser derivadas al río Consolapa han pasado por una planta de tratamiento.
El director del organismo, José Altamirano Sánchez, declaró recientemente a la prensa que por más intentos que ha realizado porque Coca Cola y Nestlé paguen el consumo de agua que hacen del suelo de Coatepec, ha sido imposible, debido a que cuentan con permisos y concesiones autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA), que les permite ocupar la cantidad de agua que requieran.
Según el funcionario municipal, ninguna de las dos empresas está conectada a las redes de agua potable y drenaje, debido a que cuentan con pozos dentro de sus instalaciones, de los que obtienen el suficiente líquido para realizar la producción de sus plantas, mientras que las aguas residuales, de las que dijo desconocer la cantidad y si son tratadas, son tiradas al río Consolapa, por lo que tampoco requieren de la red de drenaje del municipio.
¿Cuáles son los beneficios para los coatepecanos derivados de la operación de ambas empresas, dejadas a la mano del patrón por parte de las autoridades federales y estatales? Las mismas que pudiera dejar la empresa cementera instalada en Mahuixtlán: empleos mal pagados, jornadas laborales extenuantes, riesgos sanitarios y la amenaza latente de despido.
Tanto en una como en otra empresa, la existencia de población expulsada del campo con necesidad de contar con un empleo, aunque sea de mala calidad, presiona a los obreros y empleados contratados a rendir más de los estándares normales. Los supervisores están permanentemente vigilándolos y presionándolos con que pueden integrar la próxima lista de despidos si no ponen más de su parte, aunque los salarios permanezcan igual. En el caso de la Coca Cola, los repartidores sufren un fenómeno de mayor rotación, sin embargo, eso mismo se observa en las demás áreas porque la patronal no quiere que adquieran derechos de antigüedad. Los contratos de 3 a seis meses cada vez menudean.
Si las cosas son así, si las empresas que vienen a invertir a Veracruz no se preocupan por la seguridad laboral de los trabajadores ni en evitar catástrofes ambientales como las que pueden generar en poco tiempo, más valdría que se fueran a otras entidades.
El gobierno estatal solo aspira a reflejar cifras y estadísticas positivas en materia de inversión nacional y extranjera; para ello, concede todas las garantías para que se instalen, les dota de infraestructura, les baja los impuestos y les deja hacer lo que quieran aunque en ello vaya en entredicho la seguridad ambiental y laboral de los veracruzanos.
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | Twitter: @HoraLibre | http://formato7.com/author/abelin/
