By Acusado de realizar actos represivos mientras se desempeñaba como secretario general de Gobierno en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, periodo en que prácticamente tuvo todo el control político de Veracruz al punto de indigestarse y convertirse en el priista que posibilitó el triunfo de la oposición en más de la mitad de los gobiernos municipales, el diputado federal electo Miguel Ángel Yunes Linares entrará al Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre con la sombra de haber sostenido nexos con el crimen organizado.
Un duro recuento de la periodista Martha Martínez, del periódico Reforma, ha desvelado el negro historial de 129 diputados que conformarán la LXIII Legislatura, de todos los partidos, en que el jefe del clan Yunes en el Partido Acción Nacional destaca como uno de los ocho diputados con señalamientos de haber sostenido relaciones directas y cercanas con jefes de las mafias mexicanas.
En su edición de este domingo 23 de agosto, bajo el título “Ensombrece pasado a diputados”, la periodista señala que una revisión a los perfiles de los próximos diputados federales “indica que 15 nuevos diputados han estado involucrados en procesos penales, 12 han tenido señalamientos públicos de corrupción, ocho tienen denuncias de nexos con el crimen, ocho recibieron acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y a 21 se les ha señalado de uso indebido del cargo”.
Incluye además a 11 que han sido acusado de nepotismo, 14 que han tenido gestiones polémicas en cargos anteriores, “seis que han sido catalogados como improductivos en cargos anteriores, 16 son hijos de políticos prominentes -una decena de ellos sin méritos legislativos o políticos previos-, 14 han cambiado de un partido a otro en busca de un cargo público y cuatro más que tienen relación, han laborado, en alguna de las dos televisoras: Televisión Azteca y Televisa”.
La mayoría de estos diputados, 70 de los 129 señalados, llegarán al Palacio Legislativo de San Lázaro por la vía plurinominal, como es el caso de quien busca fervientemente la candidatura panista al Gobierno de Veracruz en 2016.
De los diputados señalados, prácticamente no hay partido que se salve: 33 son del PAN, 28 de la coalición PRI-PVEM, 27 del PRI, 11 del PRD, 8 del PVEM, 8 del Panal, 6 del Movimiento Ciudadano, 4 de la coalición Izquierda Progresista (PRD-PT), 3 del Partido Encuentro Social y 1 de Morena.
Aunque había el compromiso de los tres principales partidos políticos de garantizar que en las elecciones del 7 de junio competirían candidatos sin mácula, el periódico Reforma cuestiona que al menos el 25 por ciento de los legisladores que conformarán la Cámara de Diputados “tiene antecedentes cuestionables”.
Lo señalan por nexos con el crimen
A Miguel Ángel Yunes Linares, el periódico capitalino lo incluye en su lista de próximos diputados con señalamientos públicos de nexos con el crimen.
En la breve ficha informativa se establece que el oriundo de Soledad de Doblado, quien ya ha manifestado su deseo de ser candidato panista a sustituir a Javier Duarte de Ochoa en los comicios de 2016, fue señalado en 2011 “por presuntos nexos con la familia Colorado Cessa, vinculada al cártel de los Zetas”.
Junto con él, aparecen Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI), a quien se le menciona como uno de los exediles que fue apoyado por el Cártel del Golfo, en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos en contra de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
Carlos Federico Quinto Guillén (PRI): En 2013, fue difundido un video en el que el presunto narcotraficante Carlos Campos Hernández, alias El Comando, lo acusa de recibir dinero de los Caballeros Templarios a cambio de permitir desembarcos de droga.
Ulises Ramírez Núñez (PAN), acusado de ser socio de Francisco Héctor García Cárdenas, a quien la PGR detuvo en 2011, acusado de ser el líder financiero de la banda delictiva Los Carcachos.
Armando Luna Canales (PRI-PVEM). En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, el periodista Milton Andreé Martínez Galindo lo acusó de tener nexos con sicarios, a quienes ordenó privarlo de la vida.
Salomón Fernando Rosales Reyes (PRI-PVEM). Se le acusó de ser uno de los 14 alcaldes electos que, en 2007, acudieron a una reunión con La Familia Michoacana durante la cual el grupo criminal les cobró el apoyo económico brindado durante las campañas.
Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (PRI-PVEM). En 2010, según la PGR, el exedil apareció en las narconóminas pagadas por la Familia Michoacana.
Y Salomón Majul (PRI-PVEM), figura en la lista de 25 alcaldes y ex alcaldes de Guerrero presuntamente vinculados con el crimen organizado, entregada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal a la PGR y la CNDH en 2014.
Otros veracruzanos en la lista
El importante rotativo también incorpora a otros diputados ligados con Veracruz, aunque ninguno con los señalamientos ganados por Miguel Ángel Yunes Linares.
El que recibe el mayor golpe es el expanista Julio Saldaña Morán, quien va envuelto en la bandera del PRD. Señala que “sus críticos lo acusan de haber amasado una fortuna a partir de que se convirtió en regidor de Veracruz; antes de ocupar ese cargo se dedicaba a la venta de leche casa por casa”.
Además, menciona entre quienes llegan al cargo debido al apoyo de parientes poderosos al diputado priista Tomás Montoya Díaz, hijo de Cristina Díaz, expresidenta interina del PRI y actual senadora por ese partido, y del exdiputado y exalcalde Tomás Montoya Pereyra, y a Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, hijo del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, y operador político del gobernador chiapaneco, Manuel Velasco.
Y entre los tránsfugas, a Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, exdiputado federal por el PRI y excandidato del PAN al municipio de Coatzacoalcos.
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