By El próximo 7 de julio, poco más de un mes después de realizados los comicios más importantes para el presidente Enrique Peña Nieto, los de Gobernador en el Estado de México, expirará el plazo otorgado por el gobierno de Guatemala para que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara formalmente la extradición de Javier Duarte de Ochoa o, de lo contrario, se le otorgaría la libertad al cumplirse el plazo.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha dado luces en este sentido y hay quienes apuestan doble contra sencillo que no enviará nada, con lo que de nueva cuenta la justicia mexicana quedará en el mayor ridículo, en este caso ante un gobierno, el guatemalteco, del que ya debiéramos aprender las lecciones que ha dado en su lucha contra la corrupción, que ni el mismísimo presidente de la nación ha podido esquivar.
Tan importantes son para Peña Nieto los resultados en la elección del próximo domingo 4 de junio en su entidad natal, a la que gobernó, que ha pospuesto esta semana su viaje al país vecino del sur, programado para el lunes 5 de junio, en que se presumía que dialogaría con su homólogo guatemalteco Jimmy Morales para abordar el tema de la extradición de delincuente que nos gobernó de 2010 a 2016.
Hay que recordar que, tras la detención de Duarte el 15 de abril pasado, el gobierno guatemalteco notificó nueve días después a las autoridades mexicanas que contaban con 60 días para solicitar formalmente la extradición de quien estuvo fugitivo por más tiempo que Joaquín El Chapo Guzmán; caso contrario, lo dejará en libertad al cumplirse el plazo.
La PGR informó que solicitaría al exgobernador de Veracruz para procesarlo ante autoridades mexicanas para responder por las acusaciones de corrupción durante su sexenio, sin embargo, es la fecha que aún no ha efectuado el trámite.
Autoridades de México deberán entregar la petición de extradición en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Embajada en Guatemala, misma que la remitirá a la Corte Suprema de Justicia de ese país, y posteriormente se canalizará al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, órgano que lleva el caso de Duarte.
¿Colusión, complicidad o temor a ser descubiertos?
Desde que le fue permitida su huida, una vez que pidió licencia para separarse del cargo el 16 de octubre pasado y dejar en su sitio al también gobernador bajo juicio Flavino Ríos Alvarado, la opinión pública nacional aventuró la hipótesis de que era protegido del presidente Enrique Peña Nieto, bajo la sospecha de que contaba con información sensible sobre el destino de buena parte de los montos desviados del erario veracruzano para la campaña presidencial y para apoyo del PRI en subsecuentes procesos electorales.
Incluso cuando se supo de su detención, en que habrían participado supuestamente las autoridades de justicia de México, y una vez que se bañó en la salsa de justiciero el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, echando sobre su quijotesca figura todo el mérito de la detención (pese a que los delitos que la permitieron habían sido interpuestos por el gobierno federal), el país se vio colmado por el sospechosismo.
Lo primero que se dijo fue que había sido una necesidad política para lavarle el rostro al PRI mexiquense de las graves (y, hasta donde sabemos, fundadas) acusaciones de corrupción a escalas inimaginables, tanto del gobierno federal como del estatal e, incluso, del candidato priista Alfredo del Mazo Maza, a su paso por Banobras. Era necesaria, se escribió en su momento, una acción de este calibre para aparentar una vocación anticorrupción.
Sin embargo, también se dijo que, una vez cumplida la jornada electoral del próximo 4 de junio, el gobierno federal dejaría que el fuego de la hoguera justiciera, preparada para quemar en leña verde a quien dejó sin calzones a Veracruz, se extinguiera lenta pero inexorablemente, pasando a otra cosa, mariposa.
Si la PGR no actúa de inmediato, si la visita de Peña Nieto se posterga indefinidamente, si la solicitud de extradición no llega a tiempo o llega sin la contundencia de un buen expediente, habremos corroborado que la justicia no existe y que la impunidad es el sello de todos los gobiernos del país, desde el federal hasta los municipales, pasando por los gobiernos de la entidades federativas, entre ellas, Veracruz, por supuesto.
Urge que Peña Nieto cumpla con asegurar el Estado de Derecho, que Javier Duarte de Ochoa sea sometido al imperio de la justicia y que la impunidad deje de ser el destino manifiesto de los mexicanos.
Elección en el Estado de México, ¿la debacle del PRI?
Si en Veracruz se juega el predominio de la coalición que ganó la gubernatura, conformada por el PAN y el PRD, y se da por hecho el hundimiento de un escalón más del PRI en cuanto a territorios y gobiernos municipales, además de la emergencia de Morena, la elección de este próximo domingo en el Estado de México trae tambores de desgracia para el partido que regresó a Los Pinos solo para arrastrar la capa.
Como nunca, el PRI tiene los minutos contados en la mayor reserva de votos del país, y amenaza con convertirse en un territorio ganado por la izquierda, en particular por el partido de Andrés Manuel López Obrador, como ocurre hace décadas en la ahora Ciudad de México. Si las cosas pintan como uno puede imaginar a la luz de las diversas encuestas, el descalabro tendrá efectos de sismo y los daños perdurarán por varios años.
Si hablamos de la elección en el Edomex con frases hechas por los cronistas deportivos, podríamos decir que el equipo priista siempre ha estado en ventaja, que nunca ha comenzado la serie final con dos o tres goles en contra y que, como dice el columnista Luis Cárdenas, de El Universal, “no sabe operar a contracorriente”
Y explica: “los números hablan por sí mismos: en 1993 Chuayffet le ganó a Bravo Mena por 45 puntos, en 1999 Montiel a Durán por 7 puntos (la elección más “cerrada” de su historia reciente, donde contendió por el PRD-PT el hoy célebre Higinio Martínez, padrino político de Delfina Gómez), en 2005 Peña Nieto le ganó a los empatados Yeidckol Polevnsky y Mendoza Ayala por 23 puntos a cada uno y en el 2011 Eruviel Ávila derrotó a Encinas con más de 41 puntos de ventaja”.
Hoy, Del Mazo Maza cruza por un río turbulento, prácticamente sin salvavidas ni cuerdas que le permitan guardar la vertical. Las encuestas hablan de una fluctuación en que a veces va arriba y en otras le toca ver en lo alto a la candidata del acérrimo enemigo del régimen, Andrés Manuel López Obrador, pero siempre por un margen muy pequeño que hace pensar en un empate técnico, si bien la duda sobre el comportamiento del electorado favorece más a Delfina Gómez, de Morena.
En Veracruz, poco podrá rescatar el PRI pensando en la posibilidad de que en 2018 aporte una considerable cantidad de votos a favor de quien sea postulado candidato presidencial o le permita dar la batalla para recuperar la gubernatura de manos de una decepcionante fórmula panperredista que está hundiendo más a los veracruzanos. De manera que la única posibilidad del PRI radica en mantener en su poder el Estado de México.
Para su desgracia, las mediciones no le dan muchas esperanzas. La última encuesta del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), aplicada el 22 de mayo, le da por primera vez una ligera ventaja a Delfina Gómez, de Morena.
De la aplicada el 15 de mayo a esta, Delfina subió del 24.56 por ciento de la preferencia al 25.18 %, más de medio punto porcentual, mientras que Del Mazo descendió del 25.34 al 24.87, poco menos de medio punto porcentual. De los otros candidatos, la panista Josefina Vázquez Mota descendió del 18.75 al 18.06 por ciento, mientras que el perredista Juan Zepeda subió marginalmente, del 12.14 al 12.61 por ciento.
Vamos a ver si el PRI esconde algunos trucos bajo la chistera, para evitar la debacle definitiva que le lleve a salir de Los Pinos.
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