By La justicia es lenta pero, en algunos casos, inexorable. El lunes 5 de diciembre del año pasado, el portal Animal Político hizo públicos una serie de negocios que favorecieron a una red familiar de empresas vinculada con Shariffe Osman Flores, entonces jefa del departamento administrativo de la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Poco más de siete meses después, el pasado 26 de julio, la también exsecretaria general adjunta del PRI en Veracruz fue inhabilitada por cinco años al haber incurrido en conflicto de intereses durante su paso por la CDI por presuntamente haber otorgado contratos millonarios, saltando toda la normatividad, a sus familiares.
De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, la inhabilitación comenzó su vigencia en julio pasado y concluirá el 24 de julio de 2022; entre esas fechas, Osman Flores no podrá desempeñar ningún cargo, puesto o comisión en la administración pública federal, aunque a la luz de las cifras publicadas en su momento, ni falta le hará para vivir con holgura.
Shariffe Osman se incorporó a la CDI el 4 de enero de 2015 y, al presentar su declaración patrimonial en mayo de ese año, se negó a que se hicieran públicos tanto los datos de sus bienes como su declaración de conflicto de intereses.
Si bien la sanción impuesta puede ser impugnada ante la Secretaría de la Función Pública, o bien, ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, quien fuera candidata perdedora a la alcaldía de Emiliano Zapata se ha sumado a la larga lista de funcionarios de la camada duartista que defraudaron a los veracruzanos, en su caso, a uno de los sectores más vulnerables, los pueblos indígenas.
Es sintomático que la primera gira de Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador haya sido a la Sierra de Zongolica. Ya en la presentación de su gabinete legal y ampliado había anunciado la creación del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, cuya titular sería la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, María Angélica Fuentes.
En San Andrés Tenejapa, Yunes dijo que una parte de los mil 250 millones de pesos recuperados al prófugo Javier Duarte y sus prestanombres se destinarían al Hospital Regional de Río Blanco, a la construcción del que está comprometido en Soledad Atzompa y a la reconstrucción de otros centros hospitalarios, particularmente en zonas marginadas.
Hay una deuda histórica con los grupos sociales más vulnerables, que se acrecentó a niveles inimaginables con los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
No me den, pónganme donde hay
En diciembre pasado, el portal Animal Político puso en la atención nacional una situación que prácticamente pasó desapercibida cuando fue denunciada en medios locales: la desviación de recursos orientados a la delegación veracruzana de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para beneficiar mediante contratos millonarios a familiares de Shariffe Osman.
La denuncia periodística señala que, tras su paso como secretaria particular de la alcaldesa de Xalapa y su candidatura por el PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata en 2013, Shariffe Osman llegó como jefa del departamento administrativo de la CDI-Veracruz el 1 de abril de 2015.
Dos semanas más tarde, el 17 de abril, la CDI dio un contrato por 3.6 millones de pesos a la empresa Supervisión Técnica por Veracruz JVCZ para que realizara un estudio de una obra de “modernización y ampliación” de un camino en Las Choapas. La representante legal y administradora de esta empresa beneficiada es Irma Flores Sangabriel, madre de Shariffe Osman Flores.
Dos días antes, el 15 de abril, la misma empresa recibió de la dependencia otro contrato por adjudicación directa de 393 mil pesos para realizar otro estudio y un proyecto ejecutivo del sistema de agua potable del municipio de Las Choapas.
Supervisión Técnica por Veracruz también participó como empresa supervisora de HR Soluciones en Ingeniería, encargada de modernizar el camino a Atlahuilco, cuyo contrato por casi 11 millones de pesos fue entregado el 21 de abril de 2015 por la CDI.
El 26 de marzo de 2015, cuatro días antes de que Shariffe Osman entrara formalmente a la Comisión, la empresa de su madre ganó otro contrato de la CDI por adjudicación directa, con un monto de 2 millones 112 mil pesos, para realizar labores de “supervisión externa” de obras “en diversas localidades” de Veracruz.
Aunque este último contrato fue por adjudicación directa, la CDI quiso ‘sondear’ el mercado en busca de otras ofertas y, mediante sendos oficios, envió una carta a Supervisión Técnica por Veracruz y otra a la empresa El Hebariye Constructora SA de CV, para que ambas hicieran propuestas económicas.
Según el acta constitutiva de la empresa El Hebariye Constructora SA de CV, obtenida por el portal Animal Político, los accionistas eran: la propia Shariffe Osman Flores, su padre Hassan Osman Domínguez y su hermano Hassan Osman Flores.
Finalmente, tal y como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la CDI-Veracruz, la dependencia desechó la propuesta de la empresa de Shariffe Osman, y optó por darle el contrato a la compañía de su madre, Irma Flores Sangabriel.
Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-Veracruz es Urbanizadora y Constructora CAFX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses después de la entrada de Shariffe Osman como administradora, esta compañía recibió un contrato por 4 millones 555 mil pesos para la “construcción del sistema de drenaje sanitario” en el municipio de Chontla.
Los propietarios de esta empresa, de acuerdo con el acta constitutiva registrada en la Secretaría de Economía, son Félix Alfredo Niño Flores y Claudia Liliana Cruz Villar, quien es la administradora única. Félix Niño Flores es primo hermano de Shariffe Osman y, según el portal de transparencia del gobierno veracruzano, laboraba como enlace administrativo de la Subsecretaría de Gobierno, cargo al que llegó tras ocupar un puesto en el Comité Directivo del PRI estatal (2011-2013). La otra accionista, Liliana Cruz, es esposa de Niño Flores, e hija del actual secretario de gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Óscar Cruz Alexander.
Le salió barata la sanción a la hermosa política veracruzana y mucho más barata a los beneficiados por el tránsito corrupto de la hoy inhabilitada para ocupar cargos federales, quien pronto podría aparecer en puestos estatales o municipales.
