By
“Margarita Zavala reinstalará a Genaro García
Luna como vicepresidente policíaco”
Felipe Calderón
Quienes lo vivimos, y lo padecimos, sabemos muy bien que durante el gobierno de Patricio Chirinos Calero, mientras él dedicaba su tiempo a permanecer en Los Pinos cerca de la familia Salinas, que lo hizo gobernador, y a rendirle culto al dios Baco, el estado era gobernado por su Secretario General, Miguel Ángel Yunes Linares, rodeado de un equipo de trabajo eficiente, entre quienes estaban Enrique Ampudia Mello, Juan Herrera Marín y José Luis Lagunes López, experimentados políticos en quienes Yunes podía confiar plenamente porque eran de resultados positivos para la administración chirinista.
Pero ese equipo de trabajo ya no lo tiene quien hoy es gobernador del Estado. Los contados que quedan de aquel tiempo, como Manuel Muñoz Gánem, han sido sus empleados, sus vasallos, personas incapaces de dar un buen consejo al titular del Ejecutivo porque no lo tienen y, además, temen a la ira de “el jefe”, por eso es que Yunes Linares está rodeado de jóvenes sin experiencia en nada, neopanistas que interpretan el ejercicio del poder con el de la venganza que promueve permanentemente el gobernante, personas que creen que quienes trabajaron en anteriores administraciones son, a huevo, enemigos a los que hay que combatir porque estuvieron en el fidelato o en el duartismo, sin reparar en que gracias a ellos fue posible la llegada de la alternancia y, obviamente, algunos perredistas que entraron al gobierno merced a los acuerdos de la alianza PAN-PRD.
Y de aquel joven secretario chirinista al hoy gobernador del estado no hay mucha diferencia, en cuanto a actitud y a forma de ejercer el poder. No cuenta con un equipo de colaboradores eficientes pero su principal herramienta, en el ejercicio del poder, sigue siendo la represión de la que ha dejado huellas imborrables en la memoria de muchos veracruzanos.
Por ejemplo: El 8 de febrero de 1995, a poco más de un año del inicio de las hostilidades entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno de México en el estado sureño de Chiapas, fueron detenidos en el estado de Veracruz ocho ciudadanos civiles, acusados por la Procuraduría General de la República y los gobiernos federal y del estado de una supuesta complicidad con el grupo rebelde. Uno de ellos es el médico veterinario Francisco Alejandro García Santiago, detenido en la ciudad de Córdoba y recluido en el penal de Coatzacoalcos sin que se haya esclarecido, hasta la fecha, su responsabilidad en los delitos que se le imputaron.
Los testimonios que en aquel tiempo presentaron los detenidos evidencian las violaciones a las garantías individuales que se cometieron en contra de estas personas.
Rosa Hernández Hernández, Hermelinda García Zepahua, Álvaro Castillo Granados, Martín Trujillo Barajas, Luis Sánchez Navarrete, Hilario Martínez Hernández y Ricardo Hernández López fueron detenidos, por órdenes expresas del secretario Yunes Linares, en Yanga, Veracruz, el 8 de febrero de 1995 y se les dictó auto de formal prisión por los delitos de rebelión, terrorismo, asociación delictuosa, posesión de armas de fuego sin licencia, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, fabricación de materiales explosivos y almacenamiento y transporte de municiones y explosivos.
Tanto el juez de distrito de Veracruz, quien primero conoció el caso, como el juez del Distrito Federal, al que fueron remitidos, se declararon incompetentes para continuar el proceso. El conflicto de competencia se turnó a la Suprema Corte de Justicia, que tardó más de cien días en resolver, por lo que se inició el proceso hasta el 21 de junio de 1995: casi cuatro meses después de la detención, una vez declarado competente el juez sexto de distrito del Distrito Federal.
Los procesados inicialmente estuvieron sujetos a segregación y las autoridades del penal amenazaron e intimidaron a los internos que entablaban contacto con aquéllos. Por la incomunicación en que al principio estuvieron, existe la recomendación número 5/95 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, misma que no fue cumplida en su totalidad.
Mediante los recursos interpuestos por los defensores, se revocó el auto de formal prisión en cuanto a los delitos de rebelión, terrorismo, posesión de armas de fuego sin licencia, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, fabricación de materiales explosivos, y almacenamiento y transporte de municiones y explosivos. El proceso continuó con excepción de los delitos de rebelión y terrorismo.
Dos años después fueron puestos en libertad sin mediar explicación. Se trató de un acto de represión del secretario Yunes quien con esto se intentó congraciar con el gobierno federal de Ernesto Zedillo, tomando como pretexto el levantamiento en Chiapas del movimiento zapatista.
Otro caso que sirve para ilustrar es el de los indígenas otomíes, los hermanos Rolando y Atanasio Hernández Hernández, quienes participaron en septiembre de 1994 en una manifestación indígena en demanda de la regularización de unos predios. A los hermanos Hernández se los llevaron 114 policías de Seguridad Pública y de la Judicial del Estado, integrantes de un operativo ordenado por el secretario de gobierno Yunes Linares. Cuatro días después aparecieron los cadáveres de los hermanos con visibles huellas de tortura y el tiro de gracia, mutilados (les cortaron la lengua, les sacaron los ojos, les mutilaron los testículos y les destrozaron los intestinos). Represión y brutalidad… el sello de la casa.
Por eso, no extraña que a los indígenas de Tatahuicapa, en el sur del estado, quienes tomaron las instalaciones de la presa Yuribia en demanda del cumplimiento de compromisos del gobierno con ellos, los hayan desalojado a toletazo limpio, como lo hicieron con los que protestaron a la entrada del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y como lo acaba de hacer el gobierno con los habitantes de Coxquihui, una zona indígena, que demandan atención médica para la población infantil diezmada por una extraña enfermedad; ahí lo que imperó fue la represión y la intolerancia de un gobierno que no admite la protesta pública como legítima herramienta social.
Sin equipo que lo ayude a resolver los problemas de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares sigue siendo el mismo, con la diferencia que en el 94 era gobernador de facto y hoy lo es, pero electo, responsable absoluto de lo que suceda en Veracruz, estado marcado por la huella de la represión yunista.
Subalternos engañan al gobernador
La incompetencia de la delegada de Política Regional, Ignacia Vicente Santés, familiar cercano de Diógenes Santés García, funcionario de la secretaría de Gobierno, fue lo que puso en riesgo la integridad física de los vecinos de la comunidad Ojite de Matamoros, del municipio de Coxquihui. Resulta que a Nacha Vicente se le ocurrió informar que quienes estaban detrás de los bloqueos eran gentes del alcalde en funciones, el priista Reveriano Pérez Vega, lo que desató la furia del gobernante y, sin mediar diálogo e ignorando la verdadera situación, ordenó el brutal desalojo, cuando los que estuvieron realmente detrás de este asunto fueron Nahúm García Ramírez y Erubey García Hernández, primos hermanos del alcalde panista electo Lauro Becerra García. O sea, los polis madrearon a los panistas.
El gobernador Yunes Linares había declarado a los medios, respecto del desalojo en Coxquihui, que de forma ‘demagógica y vil’, un grupo de personas militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y alentados también por el alcalde en proceso de desafuero de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, tomaron la carretera impidiendo el paso de más médicos y enfermeras.
Con estos colaboradores, para qué quiere más enemigos el góber.
“Manolo”, el corrupto de Coatepec
Y sobre el asunto de la autorización del gasoducto, ayer el exregidor octavo de la administración 2011-2013 del Ayuntamiento de Coatepec, Javier Verónica, acusó al exalcalde José Manuel Sánchez Martínez de negociar en “lo oscurito” y aprobar el proyecto de la introducción del gasoducto en Coatepec.
“En el tiempo que estuve como regidor, se tocó el tema del gasoducto, este implica un riesgo para la población, yo le pedí en muchas ocasiones que nos explicara este tema, incluso mandamos a traer a los representantes de esta empresa, porque ya veíamos que el ex alcalde en lo oscurito, lo estaba arreglando”. Afirma también, como ya lo constatamos, que en el acta de Cabildo fechada el pasado 13 de noviembre, el exalcalde –a pregunta concreta expresa– contestó que ya había permisos y avances y que solo faltaba la anuencia de Protección Civil.
Entrevistado por Radio Teocelo, el exfuncionario calificó al ahora diputado local por Coatepec, de cínico y desvergonzado al ahora querer negar los hechos, simulando ante la población que no lo hizo.
REFLEXIÓN
Esta es una reflexión ciudadana: Si nadie reclama los bienes de JDO encontrados en la bodega de Córdoba, la Fiscalía se queda con ellos. Si las despensas de los ingenieros mecánicos electricistas son reclamadas, también se las queda. UN FIASCO del F…
REFLEXIÓN II
¿Si se ratifica a Sergio Hernández como presidente de la Jucopo, quiere decir que le ponen su traje gris, con uñas largas, bigotes enormes y dientes de ratón?… Pues sí. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas
