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El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares será el gran ojo de inspección de lo que ocurra en las principales ciudades de Veracruz. La capacidad instalada con que contará para estar, al mismo tiempo, en 6 mil 476 lugares y perspectivas distintas, gracias a igual número de cámaras de videovigilancia, le permitirán no solo cuidar el comportamiento de los grupos criminales y, se supone, anticiparse a sus actos o tener elementos para perseguirlos y castigarlos.
El incremento en mil 700 por ciento en el número de estos dispositivos instalados en lugares públicos, gracias a una inversión de 700 millones de pesos (que sobrepasan lo que se invierte en otra obra pública), no solo permitirá al gobierno panista determinar las zonas más calientes y el modus operandi de los grupos delictivos que sean detectados por las cámaras, sino también dedicarlas a otros objetivos, como el movimiento de grupos sociales y políticos, lo que significará la instauración de políticas autoritarias y de control político.
Pasar de 180 a 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, que se agregarán a aquellas que empresarios irán instalando por presiones del propio gobierno estatal, será un paso muy importante para acercarse a lo predicho por Orson Well en los años cuarenta con su novela 1984, en que introdujo los conceptos de omnipresente y vigilante Gran Hermano o Hermano Mayor (Big Brother, en inglés).
Según la información que ofreció este domingo el propio Yunes, este sistema atenderá seis regiones del estado: Pánuco (404 cámaras), Poza Rica (1,136), Xalapa (2,052), Veracruz-Boca del Río (1,900), Córdoba (700) y Coatzacoalcos (1,084), con el añadido de crear un C5i (Centro de control, comando, cómputo, comunicaciones, contacto ciudadano e inteligencia) en Boca del Río, que recibirá la información de las cámaras, y fortalecer los C4 de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Cosoleacaque y Fortín.
Destaca el hecho de que la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río sea, después de Xalapa, a la que más cámaras de videovigilancia le vaya a destinar el programa anunciado, con lo que tendrá de golpe mucho más de las 1,200 cámaras que están instaladas en la zona metropolitana de Guadalajara (que reúne cerca de 5 millones de habitantes), además de un centro de comando con tecnología más sofisticada y más funciones que el de Xalapa mismo.
Y es que es real la posibilidad de que el programa anunciado este domingo en Palacio de Gobierno atienda no solo las necesidades de vigilancia para contener la creciente delincuencia y violencia criminal en Veracruz, sino también que “en los ratos libres” se dedique a husmear las actividades públicas y privadas de los adversarios políticos.
¿Disminuirá la incidencia delictiva del fuero común con la instalación de más de 6 mil cámaras de video-vigilancia? Si consideramos que las policías estatales, a cargo de una ineficiente Secretaría de Seguridad Pública, no verán una mejora cuantitativa ni cualitativa, y que su dispersión mediante la creación de corporaciones policiacas municipales hará que el peso del financiamiento se reparta a los ayuntamientos y, a través de estos, al gobierno federal, la verdad es que no hay muy buenas perspectivas.
En 2017, menos delitos que en 2011, pero con mayor violencia
Es cierto que en el ámbito nacional, 2017 se ha convertido en el más cruento, más incluso que 2011, lo que significa que en los primeros nueve meses haya superado a aquel en que se libraba la guerra contra el narcotráfico, pero eso no releva la responsabilidad del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en un escenario que ha logrado herir con mayor virulencia la seguridad de los veracruzanos.
En efecto, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en los primeros meses de 2011 en el país se registraron 17 mil 382 homicidios dolosos, en el mismo periodo de este año ya hay registro de 18 mil 505. Y Veracruz está colaborando fuertemente: con el 6.5 por ciento.
En términos generales, la diferencia entre los primeros nueve meses de 2011 (cuando gobernaba Javier Duarte de Ochoa) y los primeros meses de este año, con el “experto en seguridad que acabaría con la violencia en un semestre”, son muy desfavorables para este último.
Con 1 mil 799 homicidios registrados (casi 200 cada mes), Yunes se lleva de calle a Duarte, en cuyos primeros meses de gobierno (sin contar diciembre de 2010) tuvo un registro de 1 mil 315 (146 cada mes). Lo más grave se observa en las estadísticas de homicidios dolosos: mientras en los primeros 9 meses de 2011 se registraron 623 casos, en el mismo periodo de este año ya van 1 mil 208 homicidios dolosos.
Pero si esto es gravísimo, el renglón de privación de la libertad es verdaderamente ominoso, porque en los nueves meses de este año ya se han registrado 133 secuestros (más de 14 casos cada mes), cuando en el mismo periodo de 2011 solo están señalados 46 secuestros (5 por mes).
Algo que debe destacarse es que si bien se registran más delitos en 2011 (55,095) que en 2017 (38,480), lo cierto es que la violencia ha elevado la crispación de los veracruzanos en el presente año, con Miguel Ángel Yunes Linares. Por ejemplo, si bien en el primer caso se registraron 19 mil 938 robos, contra 16 mil 290 este año, aquellos que fueron cometidos con violencia hacen saltar las alarmas en 2017, cuando el número de robos con ese componente fue de 7 mil 069, contra los 5 mil 129 registrados en 2011.
Lo más preocupante en la percepción de la violencia criminal proviene de la paulatina, aunque reiterada y pública postura del mismísimo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de desentenderse de sus obligaciones en el rubro. Ha buscado obligar a las instituciones bancarias a colocar vigilancia en sus sucursales, so pena de clausurarlas; ha dicho que no cuidará a las tiendas de conveniencia porque después de las 10 de la noche solo venden bebidas alcohólicas, por lo que deben hacerse cargo de la seguridad de sus clientes.
Está dejando en manos de los ayuntamientos (con especial énfasis en aquellos gobernados por Morena) la responsabilidad de la seguridad pública, para tener a quién delegar no solo las tareas sino también los fracasos que hoy se lleva solo con su incompetente amigo, el titular de la SSP, Jaime Téllez Marié.
Cuando aborda el tema de la creciente ola de ejecuciones, le echa la bolita al gobierno federal y afirma que su gobierno no tiene por qué intervenir en las broncas entre bandas criminales.
La pregunta es: ¿cuándo asumirá su responsabilidad de brindar seguridad pública a los veracruzanos y dejará de delegar en otros niveles de gobierno e, incluso, en los sectores de la sociedad la tarea de abatir la violencia criminal que azota a la entidad?
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