By *Respalda el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arturo Balandrano Campos, las acciones del alcalde Homero Gamboa Martínez, para preservar a Tlacotalpan como ciudad Patrimonio dela Humanidad.|
Tlacotalpan, Ver.-|
Por Viridiana Reyes|
Mientras que en Tlacotalpan, se ha generado contraste entre la sociedad por el desalojo y reubicación de personas asentadas en zonas de riesgo, por su cercanía con los márgenes del río Papaloapan, se revive la propuesta de legalizar las restricciones para quienes pretenden habitar en estos puntos susceptibles a desastres naturales y siniestros.
En este sentido Arturo Balandrano Campos, Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH, se pronunció a través de un oficio, a favor de que el alcalde Homero Gamboa Martínez, no desista de las acciones de desalojo con reubicación, para despejar el área de interés que ocupan actualmente algunos habitantes en la zona ribereña de la cabecera municipal de Tlacotalpan.
“El tema dela invasión a la zona federal de la ribera del río Papaloapan, es prioritario y ha venido alterando los valores patrimoniales de Tlacotalpan, debe ser atendido como lo ha venido haciendo el H. Ayuntamiento de Tlacotalpan, ya que esta condición de invasión demerita, degrada y daña el paisaje histórico urbano de la ciudad”, apunta en su oficio el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH.
En el mismo documento, Arturo Balandrano Campos, apela a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que data de 1972, así como sus directrices fechadas en 1977, resaltando que Tlacotalpan permanece inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además destaca que en 2005 fue ratificado conforme a la Convención de Viena, en el Memorándum de Viena sobre el Patrimonio Mundial y la Arquitectura Contemporánea, en la Gestión del Paisaje Histórico Urbano.
Cabe destacar que también desde el Senado de la República, recientemente se planteó la iniciativa para modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, con el objetivo de que la autorización de permisos de uso de suelo, por parte de servidores públicos en zonas de riesgo, se considere una conducta grave y constituya un hecho delictivo.
