By Militarizados, por ley
El debate sobre la presencia de las fuerzas armadas en las calles de las ciudades del país, combatiendo el narcotráfico, se comenzó a dar desde que el borracho expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa ordenó que salieran de sus cuarteles y asumieran funciones que no les corresponden.
Los soldados del antaño glorioso Ejército Mexicano están para salvaguardar la soberanía del país en casos de un intento de invasión, para acudir en ayuda de mexicanos en desgracia cuando una tragedia se les viene encima y, en general, para que defiendan al país, no para combatir delincuentes, que eso es función exclusiva de las corporaciones policíacas.
Cuando Calderón ordenó, enfundado en un traje de militar que le quedaba enorme y que le hizo ganar el mote de “Tontín”, que saliera el Ejército Mexicano a sumarse al combate al narcotráfico, no faltaron los que opinaron que ese era el principio del fin de un glorioso ejército, hasta entonces orgullo del pueblo de México, porque indudablemente los poderosos narcotraficantes filtrarían con cañonazos las filas de la milicia y al rato los tendríamos, no como aliados, sino como enemigos.
Historias sobre soldados que se dedican a cuidar plantaciones de droga circulan en todo el país. Otras sobre matanzas en las que han participado elementos del Ejército también sobran. La periodista Sanjuana Martínez nos comenta: “El Ejército fue creado para repeler las agresiones o invasiones de ejércitos enemigos, pero en su historia reciente, lejos de defender a los mexicanos, el Ejército nacional ha servido para participar en represiones o masacres contra su propio pueblo”.
Y prosigue: “Históricamente el Ejército mexicano ha estado involucrado en hechos de violencia: Tlatelolco, Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas, Atenco… y recientemente Tlatlaya y Ayotzinapa. El Ejército del General Salvador Cienfuegos, es un Ejército por encima de la ley. El General lo ha convertido en una casta de privilegiados con licencia para torturar, desaparecer y ejecutar extrajudicialmente.
“No lo digo yo, lo dicen las estadísticas: 7 mil denuncias en su contra, por graves violaciones a los derechos humanos, inundan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) institución que, por cierto, ha dejado de actualizar los números de la ignominia”.
Premios para ellos
Sin embargo, en lugar de tomarse medidas para formar cuerpos policíacos eficientes que combatan el crimen organizado, o que la Federación mande a un comisionado, en Veracruz se empecinan en mantener al Ejército y a la Marina Armada de México, para que lo ayuden en su fracasada lucha contra las células delictivas que a diario cobran vida por todo el territorio veracruzano.
Y en contraste con la medalla “Adolfo Ruiz Cortínez” que les acaban de entregar a quienes no son un ejemplo sino un peligro más contra la seguridad de los veracruzanos, nos encontramos con que siete marinos de la Armada de México están siendo procesados por su presunta participación en un secuestro; fueron detenidos el 27 de julio pasado por policías federales en la Ciudad de México.
Federico “N”, Daniel “N”, Fernando “N”, Francisco Javier “N”, Raúl Alejandro “N”, Reynaldo “N” y Marco Antonio “N” presuntamente están vinculados con actividades ilícitas, relacionadas con el secuestro de personas, informó la Secretaría de Marina (Semar) en un comunicado.
Las detenciones se lograron, de acuerdo con la Semar, luego del intercambio de información con “autoridades gubernamentales del área metropolitana”, aunque no se precisa cuáles.
La Semar también realizó una investigación a cargo del Órgano Interno de Control, que arrojó indicios de la participación de los siete marinos del 29 Batallón de Infantería, ubicado en la delegación Coyoacán, en actividades ilícitas.
De acuerdo con un reportaje del periodista Marco Antonio Coronel, en Televisa, los siete marinos secuestraron el 6 de julio pasado a un empresario y político veracruzano, en calles de la delegación Venustiano Carranza; la víctima fue liberada a cambio de un sobrino suyo que fue rescatado posteriormente.
Gozarán de protección legal
Y, bueno, para que los grupos que buscan en este país el respeto a los derechos humanos no se quejen de las violaciones que cometen miembros de las fuerzas armadas en contra de la ciudadanía, en las cámaras legislativas se promueve una llamada “ley de Seguridad Interior”, aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados y sin mayor debate en los artículos reservados por legisladores de la oposición, en la que uno de los artículos más polémicos, el 16 autoriza al Poder Ejecutivo ordenar “acciones inmediatas” en casos en que “las amenazas” representen un grave peligro. Cabe destacar que la ley no define cuáles podrían ser esas amenazas.
La oposición argumentó no estar en contra de las Fuerzas Armadas, soldados del Ejército y la Marina que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico asumieron tareas de seguridad que han resultado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De acuerdo con legisladores que votaron en contra, la guerra contra el narcotráfico salpicó de sangre a las fuerzas armadas, subrayaron que esta ley no los fortalece sino que los expone y destacaron que no es militarizando el país como se va a resolver el problema de seguridad.
El dictamen se turnó a la Cámara de Senadores, donde continuará el trámite legislativo y hasta ahí vamos en la legalización de la militarización del país.
Reflexión
No tiene medida el elevado nivel de cinismo que muestra la señora Karime Macías de Duarte, al exigir la devolución de su menaje de casa (chácharas y prendas íntimas), además de decirse “perseguida política”, cuando todos los veracruzanos sabemos que ella y su nefasta familia fueron los principales saqueadores de las arcas públicas veracruzanas. No perdemos la esperanza de que alguna autoridad encarcele a esa runfla de rufianes que encabeza Karime y su papi Tony Macías, uno de los cárteles a los que López Obrador pretende dar amnistía mientras aquí gozan de impunidad, que es lo mismo que perdonar.
