By Con un gobernador que anda tratando de emboscar a Andrés Manuel López Obrador y confrontarlo para congraciarse con Enrique Peña Nieto, que sustituye a su hijo en la precampaña electoral porque ya se dio cuenta que nada más no levanta, que busca desesperadamente salirse del corral de gobernadores cuestionados por sus enormes fortunas y se desgañita contra la prensa porque no publica las buenas noticias que solo existen en su cómodo universo, Veracruz zozobra en la violencia y en el crecimiento económico negativo, sin que el optimista Miguel Ángel Yunes haga maldita la cosa para resolverlo.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veracruz es uno de los nueve estados cuya economía cayó durante el segundo trimestre de 2017 y forma parte de los cuatro estados petroleros del sur que perdieron valor. Aunque no está al nivel de Tabasco, que acumuló un -7.2% anual, y Campeche, que decreció 5.9 por ciento (y ha acumulado 15 trimestres consecutivos con crecimiento económico negativo), Veracruz (-1.5%) completa la lista negra de los estados de cero crecimiento junto con Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Nayarit y Michoacán. Y esto ocurre, mientras el vecino estado de Puebla tuvo un crecimiento anual de 8.6%, el segundo mejor desempeño nacional luego de Baja California Sur, que logró un crecimiento de 12.6 por ciento.
Paralelamente, con el actual gobierno panista, Veracruz se ha convertido en uno de los territorios más violentos del país. Junto con Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán, Veracruz forma parte del conjunto de estados que tendrán comicios de gobernador este año y que dejan una serie de pendientes en materia de seguridad a los que los candidatos deberán proponer soluciones.
Mayor violencia criminal
Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señala que la alternancia posibilita el incremento en la incidencia delictiva, “porque los acuerdos se tienen que reacomodar, rehacer y esto abre un espacio a la posibilidad de la disputa, de que un grupo delictivo en esos periodos aumente su posición con respecto a otros grupos”. Y añade que es hora de que se presenten en campaña diagnósticos sobre la incidencia delictiva y no solo promesas.
En el caso de Veracruz, pese a que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió seguridad en los primeros seis meses, las cifras de asesinato intencional llegaron a 1 mil 520 en los primeros 11 meses de 2017, cuando cumplió su primer año de gobierno, por arriba de 1 mil 258 registrados en el último año de Javier Duarte. En tanto, el delito de extorsión se ha ido por los cielos: de 156 casos registrados en 2016, en los primeros 11 meses del año pasado se abrieron 418 carpetas de investigación por este delito.
Por desgracia, en tiempos de elección los gobernadores se convierten en políticos, ya no gobiernan sino que lo que más les preocupa es asegurar que el grupo al que pertenecen, y en el caso de Veracruz, la familia, se mantenga en el poder, por lo que la inseguridad pasa a un segundo plano. Veracruz, por cierto, es uno de los casos más patéticos, con un gobernador que esta semana ha estado moviéndose por la entidad detrás de la estela que deja el recorrido del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lo que se verá más claro este viernes 12, fecha en que Yunes trata de confrontar al tabasqueño en el norte del estado y lograr su añorado debate para echarle en cara su supuesta corrupción.
La herencia yunista: Deuda, opacidad y violencia
Según datos de la Secretaría de Hacienda, la Auditoria Superior de la Federación y el Semáforo Anticorrupción, de los nueve estados que tendrán elección de Gobernador este primero de julio, “dos registraron un alza en su deuda pública y otros dos [entre ellos, Veracruz] la dejan en semáforo rojo, todos presentan irregularidades en el uso de recursos públicos para infraestructura, y tres [Veracruz entre ellos] tienen deficiencias en la implementación de su Sistema Local Anticorrupción”, revela esta semana el portal Sin Embargo.
El reportaje señala que los gobiernos estatales que van de salida y que han gestionado con más opacidad y gasto no son del PRI, sino de otros partidos, y menciona a tres: el de Manuel Velasco en Chiapas (PVEM), el de Graco Ramírez en Morelos (PRD) y, ¡caramba!, el de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz (PAN-PRD).
De hecho, Chiapas y Veracruz son los que más alta deuda pública tienen respecto al PIB estatal: Chiapas, con una deuda pública que representa el 5.7% del PIB, y Veracruz, con el 4.5 por ciento, y aunque no incrementaron su monto (Veracruz la disminuyó del 5.2% legado por Duarte), ambas la dejarán en semáforo rojo a quien sea electo en julio.
El portal informativo señala, respecto de Veracruz, que “el ex Gobernador preso, Javier Duarte de Ochoa, dejó a Veracruz endeudado en 2016 en 5.2 por ciento del PIB. Para septiembre de 2017, diez meses después de asumir el cargo, el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares la tiene en 4.5 por ciento del PIB (46 mil millones de pesos), aún en rojo. En agosto, Yunes Linares anunció la reestructuración de la deuda para reducir la tasa de interés ubicada en casi 11 por ciento.”
Respecto a observaciones por irregularidades en obra pública, la publicación menciona la gestión del gobernador veracruzano, a la que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) “señaló que en la carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo faltó documentación por un importe global de 8 millones 344 mil 800 pesos de los cuales se acreditaron recuperaciones por un millón 436 mil 600 pesos”.
Por último, la publicación señala que para la implementación del Sistema Local Anticorrupción los estados tenían hasta el 18 de julio de 2017. Las organizaciones IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex lanzaron el Semáforo Anticorrupción para mostrar los avances en esta estructura que busca la rendición de cuentas. Y añade: “Veracruz, manchado por la deuda heredada de Javier Duarte, aunque tiene la reforma constitucional “satisfactoria”, no tiene la Ley de Sistema Anticorrupción”.
