By La corrupción no se detiene ante nada, mucho menos ante la desgracia de los demás. Así lo demuestra el reciente hackeo de plásticos que fueron entregados a los damnificados del sismo en Chiapas.
¿Cómo es posible que hayan usado las tarjetas en Veracruz, Guadalajara y Cancún extrayendo alrededor de 2 millones de pesos sin que nadie lo note? Es más ¿Cómo es posible que hayan sido utilizadas antes de ser entregadas a los damnificados? ¿Cómo es posible que hayan extraído 357 mil pesos con 76 centavos con puro retiro de a peso?
¿Qué no existen mecanismos de control en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, mejor conocido como Bansefi que es el órgano que aparte de promover el ahorro sirve para coordinar apoyos del Gobierno Federal? ¿Por qué si era el encargado de distribuir 68.8 millones de pesos entre la población damnificada por los sismos del 7 y 19 de septiembre no cuenta con controles que detecten y bloqueen operaciones fraudulentas? Porque no me diga que no se dieron cuenta cuando emitieron más de treinta tarjetas a una sola persona. Incluso, aparte de depositar el dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), tenía que repartirlas.
Disculpe usted tantas preguntas, pero con tanta corrupción por doquier, me cuesta creer las declaraciones de su director general Virgilio Andrade Martínez, el mismo que exoneró de conflicto de intereses al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, así como Luis Videgaray por las compras de las casas con Higa. Virgilio respondió que hubo “incidencias” pero que no nos preocupemos porque las tarjetas duplicadas son destruidas y desechadas.
Es increíble que dependiendo de la Secretaría de Hacienda, ésta no tenga el control de recursos públicos dispersados y que sea otra vez la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la que otra vez difunda el uso ilegal de esos recursos. Aunque previamente 258 damnificados habían denunciado que las tarjetas que les habían sido entregadas tenían cargos no reconocidos iniciando una investigación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Según investigación dada a conocer en Veracruz, se usó durante once días un Chedraui de Boca del Río situado a siete cuadras de la playa para hacer cargos no reconocidos en 82 tarjetas clonadas, así como un Dóminos Pizza de la colonia Los Pinitos ubicada en el Puerto de Veracruz.
Ahora, dicen que el 96.5 de las tarjetas las hackearon, y volvemos a las preguntas ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes conocían la información de los damnificados y las tarjetas? ¿Qué pasará con los recursos robados, se los reintegrarán a los damnificados? ¿Habrá algún responsable? ¡o seguiremos navegando en el mar de la corrupción!
Vienen cambios de Delegados Estatales de PGR
Ayer se adelantó el rumor de que en unos días se daría la salida del Subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, encargado de coordinar las delegaciones de la PGR en todo el país. Gilberto estaba desde el 2015 con Arely Gómez, sin embargo durante el sexenio de Vicente Fox ya había tenido ese cargo durante tres años.
Ahora el cargo será ocupado por Roberto Andrés Ochoa, el que seguramente hará bastantes cambios en los estados.
En Veracruz se recuerda a Higuera porque es consuegro de Daniel García Leal, actual delegado en Tlaxcala, pero que estuvo en Veracruz hasta mediados de agosto del año pasado.
No me crea usted, pero dicen que García estaba muy al pendiente del tema Javier Duarte para reportarle a su suegro, al que por cierto no le hacía mucha gracia la detención de los ex gobernadores ligados a la corrupción.
¿Quién para Fiscal Anticorrupción en Veracruz?
La Universidad de Xalapa, una de las Instituciones Educativas de gran prestigio en el estado de Veracruz, avalada por sus 25 años de experiencia en el ramo educativo, dirigió una carta de postulación a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, para proponer al cargo de Fiscal Anticorrupción a José Guadalupe Altamirano Castro, al que distingue como alumno y académico de la Institución.
Asimismo expresa que es un ciudadano ejemplar, además de ser un servidor público que se ha desempeñado por más de 20 años en diferentes cargos en la administración pública estatal y que se ha caracterizado por su honestidad, respeto y su institucionalidad.
José Altamirano como es comúnmente conocido, tiene la licenciatura en Educación y Derecho, maestría en Administración Pública y recientemente el doctorado en Derecho, con la tesis que sustentará en febrero de este año. Actualmente preside la Comisión de Desarrollo Social y Humano del Colegio de Gobierno Mexicano AC, en la que encabezó el proyecto “Denuncia a un Buen Ciudadano”.
