By La detención y juicio contra 17 policías veracruzanos que en 2013 desaparecieron a 15 jóvenes en zonas cercanas a Xalapa, a quienes sin mediar el debido proceso simplemente condenaron a tortura, abuso, homicidio e inhumación clandestina, bajo las órdenes de mandos policiales del anterior gobierno estatal, ha levantado el avispero en un tema que es profundamente sensible para cientos de veracruzanos que han perdido en igualdad de circunstancias a familiares.
Y es que la inmensa mayoría de esos casos no están incluidos en la actual investigación ministerial y, por desgracia, no todas las desapariciones forzadas fueron cometidas durante el abominable gobierno de quien hoy está preso por casos de corrupción, Javier Duarte.
En efecto, la situación ha seguido casi al mismo ritmo en el actual gobierno estatal, pese a que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha negado persistentemente la intervención de elementos policiacos en esos crímenes, y ha sido tan sigilosa su realización o tan omisas las fuerzas de seguridad (en el caso de la estatal ya sabemos que fue partícipe), que también el Ejército mexicano se ha deslindado de este delito que sigue afectando a los veracruzanos y a quienes se arriesgan por su territorio.
Juan Manuel Rico Gámez, Comandante de la Sexta Región Militar, ha dicho que el ejército desconocía de las prácticas de desaparición forzada que presuntamente realizaban los exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, si bien dice desconocer de investigación alguna en contra de elementos de la milicia.
Ya con anterioridad, Yunes Linares había exonerado al Ejército de participar en la comisión de este delito, al señalar que elementos detenidos habían pertenecido a la institución castrense pero que al momento de cometer los delitos ya no pertenecían a ella.
La atención se ha enfocado en los terribles testimonios de quienes han revelado el infierno que vivieron los detenidos, supuestamente halcones del grupo de los Zetas, señalados con tremenda ligereza por sus captores, lo que hizo que los altos mandos policiacos inmiscuidos decretaran su desaparición en las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata, cerca de Xalapa. Desde torturas hasta violaciones tumultuarias sufridas por las jóvenes levantadas, e historias que habría que investigar a fondo sobre su posible destino para la alimentación de leones y cocodrilos.
¿Somos segundo lugar nacional en desaparecidos?
Para desgracia, las desapariciones han seguido, y muchos han señalado como sujetos activos a elementos policiacos aun en activo, pese a que el gobernador Yunes ha negado esa posibilidad. Lo cierto es que, policías o no, los instigadores de este abominable delito, que deja sin esperanzas y sin posibilidad de tener la certidumbre de si viven o han muerto las víctimas debieran ser investigados con una fuerza especial de la policía ministerial para abatir los grados de impunidad que propician su multiplicación.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), citadas por el periódico El Universal, Veracruz ocupó en 2017 el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas. Al cierre de diciembre de 2017, el número de expedientes federales sobre este delito ascendió a 202 casos, apenas superado por el estado de Guerrero donde se registraron 347 casos.
La nota aparecida este lunes en su versión digital cita al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien en enero pasado admitió ante el Congreso local que hay 3 mil 600 casos de desaparecidos, si bien los colectivos de búsqueda de desaparecidos hablan de más de 20 mil casos sin ser resueltos, sea con la aparición con vida de las personas privadas ilegalmente de su libertad (y por las que no se pide un monto para su rescate) o con el descubrimiento de sus restos mortales, ya no digamos con la identificación y castigo de sus victimarios.
Winckler reveló que se han hallado 343 fosas clandestinas desde 2011 y se han exhumado 225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil 693 fragmentos óseos. Esta situación ha rebasado la capacidad (y el interés) de la Fiscalía para investigar y dar con los victimarios, concentrada como ha estado en generar los expedientes para llevar a juicio a los exfuncionarios del gobierno duartista implicados en la desviación de millonarios recursos públicos.
Gobierno de Yunes reacciona: la información es falsa
El gobierno del estado, a través de su coordinador general de Comunicación Social, Elías Assad Danini, envío este mismo lunes una misiva al presidente ejecutivo de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, en que afirma que la información del artículo es falsa y exige el derecho de réplica o, de lo contrario, ejercitará las acciones legales correspondientes. Y hace las siguientes precisiones:
“-En la nota de referencia, se señala que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Veracruz ocupó durante 2017 el segundo lugar nacional en casos de personas desaparecidas; indicando que son casos ocurridos durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Esta información es notoriamente FALSA:
“En la página web del RNPED, fuente del que su reportero aduce haber tomado los datos que tergiversa, se menciona claramente que las 202 desapariciones que EL UNIVERSAL dice que ocurrieron en Veracruz bajo la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, en realidad se refiere al número total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas y carpetas de investigación, iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2017.
“Es decir, la mayoría del periodo abarca el Gobierno de JAVIER DUARTE DE OCHOA, pues la presente administración comenzó el 1 de diciembre de 2016.
“- Aún más, en el desglose del número de personas desaparecidas según el año al que se refieren las cifras que publica EL UNIVERSAL, se señala que NI UNA SOLA DE LAS 202 DESAPARICIONES OCURRIERON EN EL 2017.
“Es decir, es FALSO que alguna de las 202 desapariciones que dolosamente expone EL UNIVERSAL, hayan ocurrido durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares; sino que la totalidad de las desapariciones a las que hacen referencia ocurrieron durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa.
“- Probablemente, EL UNIVERSAL cerró los ojos ante esas cifras que ya eran públicas durante el Gobierno de Javier Duarte, motivado por los convenios multimillonarios de publicidad que le fueron otorgados en su administración.”
Y añade:
“Durante la presente administración, se ha logrado acreditar ante un Juez —algo sin precedentes en nuestro país— que desde el Gobierno del Estado de Veracruz que encabezó Javier Duarte de Ochoa se implementó una política consistente en detectar, detener, torturar y desaparecer personas; lo que redundó, entre otros casos, en las desapariciones de las 202 personas a las que se hace referencia en su nota.”
Hostiga Ayuntamiento de Martínez a Morena
Es posible que la actitud beligerante del gobernador panista de Veracruz con la oposición, en particular con Morena, sea repetida por los alcaldes que llegaron bajo las siglas del PAN, en particular de funcionarios municipales que han militado en el partido blanquiazul.
Eso está sucediendo en Martínez de la Torre, con la aparente anuencia del alcalde José de la Torre Sánchez, quien en esta gestión cumplirá 10 años de administrar el negocio municipal.
Este domingo 18 por la tarde, según denuncian militantes de ese partido, cuando llevaba a cabo labores de afiliación en la Colonia Predio Vista Hermosa, Apolinar Gutiérrez fue objeto de intimidación y amenazas por parte del personal del departamento de Ejecución Fiscal del ayuntamiento, que era encabezado por Roberto Aguilar (hijo de Lucio Aguilar, exdirigente de la colonia). Roberto Aguilar pidió con prepotencia al militante de Morena que quitara el módulo de afiliación, porque “hacía ruido”, y luego llamó a personal de Ejecución Fiscal municipal para quitarlo.
El morenista no se movió. Llamó a sus correligionarios quienes fueron en su apoyo. Pero Roberto Aguilar le dijo que ese era su territorio y no quería verlo de nuevo por ahí, so pena de ser expulsado por su gente. Morena hizo un llamado al Presidente Municipal pues quien amenazó al morenista ha sido su operador político, además de aparentar ser líder de esa colonia. Piden a Pepe de la Torre que se responsabilice y frene los actos de intimidación.
Más de Martínez de la Torre
Entrevistada luego de la conmemoración del Día del Ejército en Emiliano Zapata, la diputada local del PAN por Martínez de la Torre, Mariely Manterola Sáinz, tuvo que recular en su posición contra el empresario de medios, Eduardo Sánchez Macías, ahora que, vía Movimiento Ciudadano, está por convertirse en el candidato del frente con el PAN y el PRD a la diputación federal por aquella demarcación.
En la comarca se sabe de sobra la rivalidad entre ambas familias, la de Manterola, dueña de las principales estaciones de radio en Martínez, Misantla, Tlapacoyan y San Rafael, aunque ella no tenga participación en su administración, y la de Sánchez Macías, propietaria de Diario El Martinense.
Mariely, quien busca reelegirse como diputada local, tendrá que ir de la mano con Eduardo en la campaña proselitista rumbo al 1 de julio. Por ello hoy afirma que respeta las decisiones de su partido y de la alianza “Por Veracruz al Frente”, que otorgará la candidatura a la diputación federal a Sánchez Macías. Con ello deberá esconder en el armario las críticas públicas a su adversario, si bien ello no detendrá los golpes debajo de la mesa.
