By Un buen dicho debería enunciar que “más vale fuero en mano que quincena cobrando”. Al menos dos de los más importantes funcionarios del minigobierno yunista, que hoy forman parte de las observaciones sobre posible quebranto financiero por parte del Orfis, disfrutan de fuero constitucional, y no cualquiera: ambos forman parte de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, lo que les permitirá estar tranquilos por los seis años que duren los gobiernos federal y estatal, encabezados por Morena.
Hay quienes piensan que hay un interés particular de parte del Presidente de la República y Gobernador electos, Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez, en llevar a revisión judicial cualquier indicio de corrupción en que hubieran incurrido los funcionarios estatales.
Sin embargo, su propósito deberá estar acompañado no solo de la información precisa que determine el daño a la hacienda estatal de parte de funcionarios yunistas, sino también de un buen equipo jurídico que permita sustraer del fuero, mediante juicio de procedencia, a quienes continuaron con una tradición de corrupción que juraron y perjuraron la iban a cortar con el “gobierno del cambio”.
Este lunes, el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso local por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), puede darle los argumentos. El documento arroja datos interesantes sobre un presunto daño patrimonial por 338 millones de pesos tan solo el año pasado.
En él, en efecto, los hoy senadores panistas Julen Rementería del Puerto e Indira Rosales San Román han salido manchados, salpicados, por una buena cantidad de recursos públicos que deberán ser justificados.
Julen, quien llegó al Senado por lograr primera minoría en los comicios del 1 de julio, fue el primer Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del gobierno al que el 30 de noviembre le cantaremos las Golondrinas, mientras que Indira Rosales, senadora gracias al principio de representación proporcional, fue la gran operadora electoral desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Ambas dependencias cuentan con observaciones graves que permiten al Orfis anticipar la comisión de un daño a la hacienda pública estatal.
El documento entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso revela que durante el primer año del gobierno de Yunes, tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos cometieron daño a la hacienda pública estatal por un monto de 338 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe, además del presunto daño patrimonial, existen inconsistencias en las adjudicaciones directas de cuatro dependencias del estado por 262 millones de pesos. Se trata de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz (Sedesol) por 40.5 millones de pesos, Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por 71.7 millones, el Instituto de Espacios Educativos (IEEV) por 78.8 millones y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) por 71.7 millones de pesos.
Estas dependencias no presentaron dictámenes de procedencia debidamente formalizados de acuerdo a la normatividad y a la legislación en la materia, según las auditorías practicas por el Orfis.
El mismo Informe General Ejecutivo detalla además que existen 6 mil 747 millones de pesos deudores por anticipos de la Tesorería de Veracruz a corto plazo que habrían sido retenidos del Fideicomiso para el mantenimiento de la deuda del estado, por lo que el Orfis propuso que los registros contables de ese fideicomiso estén sujetos a seguimiento durante todo el 2018 para obtener suficiencia documental que permita fincar responsabilidades al actual gobierno estatal.
Y corre la cuenta: a partir de esta fecha, los diputados de la LXIV Legislatura deberán realizar un análisis de la fiscalización superior de la cuenta pública 2017 y dictaminar su aprobación a más tardar el 31 de octubre para continuar con el desahogo de responsabilidades.
Ya veremos cómo justifican los que se van los dineros que se fueron… por conductos no muy legales.
Las benditas redes sociales
“En la próxima legislatura solicitaré al Congreso local que se revise el artículo 196 bis sobre “acoso cibernético”, en caso de concluirse su promulgación; pues me parece desmedida la pena y ambigua la redacción”. Cuitláhuac García @CuitlahuacGJ 01/10/18 14:03
Muere #LeyAntiMemes
Tras un fin de semana intenso, que puso a Veracruz nuevamente en la vorágine de la vergüenza nacional con la penalización del “acoso cibernético”, que no era otra cosa sino un intento por acallar las voces críticas tanto en medios digitales como en redes sociales, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares salió este lunes a anunciar que vetaría la adición de un artículo (el 196 Bis) al Código Penal.
No ha sido una concesión gratuita. La retorcida redacción, la penalización y las intenciones perversas de este artículo avalado por los diputados de todos los partidos, era abiertamente anticonstitucional.
En efecto, el Artículo 6°, señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.
Esta sigilosa artimaña promovida por el diputado perredista puso de inmediato a Veracruz en el ojo del huracán, pues violenta un derecho fundamental para la democracia en México.
Yunes Linares dijo que vetará la Ley de Acoso Cibernético, conocida como Ley Antimemes, “toda vez que se considera inconstitucional por violentar la libertad de expresión de los veracruzanos”. Por ello, una vez que el Decreto sea recibido por el Poder Ejecutivo, según reza el comunicado oficial, “el Gobernador Yunes lo regresará con observaciones al Congreso del Estado para su debido estudio, análisis y discusión”.
Requiescat in pace.
Las benditas redes sociales/II
“Vetaré la “Ley Antimemes”, propuesta por el Diputado José Kirsch Sánchez; toda vez que se considera inconstitucional por violentar la libertad de expresión de los veracruzanos “. Miguel Ángel Yunes @YoconYunes 01/10/18 14:05
Empresarios ya acuerdan con el próximo gobierno
La verdad es que muy poco, realmente nada, es lo que los empresarios pueden hacer ya con Miguel Ángel Yunes, quien poco hizo por reactivar la economía de Veracruz, ni siquiera reponiendo los capitales invertidos por muchos empresarios a los que les quedó a deber el reo Javier Duarte de Ochoa.
Por eso, ya todo lo están viendo con el próximo gobierno que encabezará el morenista Cuitláhuac García Jiménez. Este lunes, por ejemplo, el presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial, José Manuel Urreta Ortega, se reunió con Ernesto Pérez Astorga, próximo secretario de Desarrollo Económico y Portuario, para abordar varios puntos de interés para Veracruz, y acordaron que las nuevas autoridades analizarán los Compromisos por un Mejor Veracruz.
Uno de los acuerdos es reactivar la Contraloría Social Empresarial; el gobierno firmará un acuerdo con la Concamin para que dicha Contraloría sea observadora ante actos de corrupción.
Por otro lado, la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales, que sesionará el 8 de noviembre en Veracruz, se reunirá con el gobernador electo para acordar puntos que beneficien a Veracruz. José Manuel Urreta dijo que los empresarios veracruzanos han sido escuchados por Cuitláhuac García y sus futuros funcionarios y tienen la expectativa que en el futuro la relación entre gobierno del estado e industriales cambie.
Sobre que la reunión de Pérez Astorga con el sector empresarial tuvo la finalidad de coadyuvar para trabajar en los próximos seis años con finanzas sanas, nuevas inversiones y la creación de más fuentes de empleo, por ello confió que en Veracruz también se establezcan las directrices necesarias para detonar la economía.
Sobre la deuda institucional del gobierno con empresarios, señaló que ya les comunicaron mecanismos para hacerle frente y mitigar la afectación que se ha presentado con los empresarios.
