By El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que el plan de seguridad presentado ayer por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es antifederalista.
A su vez y a través de un video el gobernador señaló que «presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de controversia Constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, por los efectos perniciosos no solo para Chihuahua, sino para todo el país».
A continuación el comunicado:
«Desde que se presentó la minuta de Ley de Seguridad Interior al Senado de la República, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, manifesté mi preocupación por su contenido y expresé mis deseos para que se hicieran las correcciones pertinentes y solicite audiencia para que se escucharan mis puntos de vista.
El primero de diciembre de 2017, exprese a través de las redes, mi esperanza de que el Senado mexicano, en lealtad a sus deberes constitucionales y en salvaguarda del pacto federal, revisara con gran responsabilidad la minuta de la Ley de Seguridad Interior y corrigiera lo necesario, pues aprobarla en sus términos sería un retroceso en derechos humanos y en democracia.
La mayoría no quiso escuchar, pese a que fueron innumerables voces de organizaciones de la sociedad civil, quienes a lo largo y ancho del país, manifestaron su preocupación por dicha iniciativa, incluso la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se toparon con una tremenda insensibilidad.
Lamentablemente a nada se hizo caso en los temas fundamentales, por el contrario se llevó a cabo un proceso de simulación, para hacer ajustes cosméticos a la Ley, dejando intactas las partes más delicadas.
Finalmente fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el 21 de diciembre y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
Es por eso que este día, en mi carácter de titular del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua y conforme a los tiempos legales establecidos, presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de controversia Constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, por los efectos perniciosos no solo para Chihuahua, sino para todo el país.
Estamos convencidos de que invade la soberanía del Estado de Chihuahua por las autoridades federales, vulnera nuestra autonomía presupuestaria y financiera y pone en serio riesgo principios y derechos fundamentales como el derecho a la seguridad pública, a la libertad de acceso a la información, a la privacidad y protección de datos personales, a la libertad de reunión, al principio propersona, al principio de progresividad y al derecho a la libertad personal.
Sostenemos que resulta inconstitucional que una ley pretenda asignar a una ambigua Ley de Seguridad Interior, funciones a las fuerzas armadas consistentes en actividades que corresponden a la seguridad pública y por lo tanto a las autoridades civiles según dispone el Artículo XXI de la Constitución.
Nos parece muy delicado que el presidente de la República pueda solicitar por sí mismo, sin que medie solicitud del Poder Ejecutivo de una entidad o de la Legislatura estatal, disponer de las fuerzas armadas para instaurar una intervención militar en un estado o en determinada zona geográfica del país y aquí es donde encuentra mayor sentido nuestra oposición a esta Ley, toda vez que el diseño legislativo en esta materia, prefirió un modelo de sustitución de autoridades civiles por autoridades militares, en lugar de un modelo de coadyuvancia y coordinación efectiva.
Por supuesto que reconozco y agradezco el compromiso de nuestras fuerzas armadas en defensa de la soberanía nacional y a favor de la paz interna, así como la necesidad de un marco jurídico que defina su colaboración. Sin embargo consideramos que esta nueva Ley, en lugar de dar certeza jurídica, a la encomiable colaboración de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, termina desnaturalizándose su función constitucional y legal, arriesgándolas innecesariamente a enfrentar el fenómeno delictivo, bajo un entrenamiento que está destinado bajo el combate al pie de guerra y no para la seguridad ciudadana.
También consideramos que institucionalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, terminará desestimulando la necesaria profesionalización de nuestros cuerpos policiacos.
Una vez expuestos los motivos anteriores, estoy seguro que las y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrán de revisar y razonar concienzudamente esta controversia que en particular recoge una preocupación del pueblo de Chihuahua, pero que responde también a inquietudes expresadas en el ámbito nacional en materia de seguridad.
Como Gobernador de Chihuahua seguiré haciendo mi mayor esfuerzo por contribuir a la paz y a la seguridad de mi entidad, buscando siempre la colaboración respetuosa con las instituciones federales y municipales, en un marco de respeto a la autonomía financiera y constitucional de nuestra entidad y de salvaguarda integral de los derechos humanos».
Fuente: xeu noticia
